¡Ongamira Despierta! Es el grito de alerta de vecinos autoconvocados de Córdoba, Argentina, frente a la explotación minera metalífera a cielo abierto, contaminante y saqueante. El movimiento surgió ante la amenaza de explotación en el Valle de Ongamira, un lugar mágico y rico tanto a nivel turístico como arqueológico.
Cómo hace cuatro años, nos seguimos reuniendo en Asamblea para informarnos y debatir un panorama que, no sólo atañe al noroeste cordobés, sino que se repite con desolada continuidad en las nefastas experiencias vividas por nuestros hermanos de Catamarca, San Juan, Chubut, La Rioja, Tucumán y Santa Cruz entre otras provincias de la Argentina y en varios países de América Latina.
El contexto jurídico que regula la actividad minera, heredado de la decada del ’90, tiende únicamente a favorecer el desarrollo de ese sector de la industria en detrimento del patrimonio nacional.
En septiembre de 2008 el pueblo unido logró que se sancione por unanimidad la Ley Provincial 9526 que PROHIBE la MINERÍA METALÍFERA A CIELO ABIERTO en Córdoba. Esta Ley actualmente está amenazada ante un pedido de inconstitucionalidad. Por esto seguiremos Despiertos y Despertando.

¡Ongamira Despierta! dice sí a la vida y a la salud; sí a la preservación del agua y los recursos naturales; sí a la protección del patrimonio cultural y ¡NO A LA MINA!

En este blog encontrará el material necesario para informarse sobre la situación que esta sufriendo Córdoba y el resto de nuestro querido país frente a la amenaza minera.


DECLARATORIA DE ADHESION A LA DEFENSA DE LA LEY 9526

VIDEOS: Situación minera en Córdoba "MINAS A CORAZÓN ABIERTO"

¿Por qué siguen ofreciendo Ongamira si hay una Ley que la protege?

¿Por qué siguen ofreciendo Ongamira si hay una Ley que la protege?
Página oficial

Historia de una mina de uranio en Córdoba

miércoles, 29 de diciembre de 2010

Minería a conflicto abierto

La ley de protección de glaciares y las presiones ambientalistas multiplican el trabajo de los abogados especializados. Qué puede pasar en el sector según un artículo centrado en las opiniones de asesores de grandes mineras trasnacionales que operan en Argentina.
Fuente: Apertura

21/12/2010. Alrededor de la actividad de la minería dan vuelta muchas palabras en los últimos tiempos. Cianuro, impacto ambiental, uso del agua, lobby empresarial son algunos de los términos a los que apelan, en forma frecuente, referentes políticos y formadores de opinión. La presión mediática sobre el sector también es legislativa: con la reciente sanción de la ley de protección de glaciares, que prohíbe la exploración y explotación minera en zonas glaciares y peri glaciares, se agregó otro factor de interrogante para el accionar de las empresas. Las posibles implicancias de la norma –que al cierre de esta edición no había sido promulgada– encabezan hoy las consultas más urgentes a los abogados especializados en minería. Pero no son las únicas que reciben.
"Tal como fue sancionada la ley, el principal problema que desata es el de la incertidumbre sobre su alcance", sentencia Luis Lucero, socio de Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano & Lucero y uno de los expertos de renombre en el mercado, con clientes como Xstrata (Minera Alumbrera), AnglogoldAshanti, Cerro Vanguardia y Río Tinto, entre otras compañías. "La existencia de leyes provinciales, que son dueñas de los recursos naturales según la Constitución, y de una ley nacional sobre la misma cuestión, no hará más que potenciar escenarios judiciales innecesarios y contraproducentes", anticipa Lucero, para quien la norma que salió del Congreso el 30 de septiembre último fue sancionada "con una inmadura finalidad contraria a la explotación de recursos naturales".
Para Hernán Zaballa, socio de Brons & Salas –estudio que también figura en el primer nivel de la práctica según las guías internacionales, con clientes como Barrick Gold, según se sabe en el mercado–, hay que esperar la reglamentación para dar una opinión definitiva. De todos modos, sostiene que las críticas se sustentan en tres ejes. El primero, el "exceso de facultades" en que incurre el Congreso, al establecer prohibiciones directas como presupuestos mínimos, en contraposición con las atribuciones provinciales; el segundo, el establecimiento de "una nueva auditoría ambiental sobre actividades en ejecución que ya cuentan con aprobación"; y el tercero, "imprecisiones técnico jurídicas en la definición del bien tutelado", es decir, de los glaciares y zonas peri glaciares que se busca proteger.
El desenlace, según Zaballa, es previsible: una sucesión de reclamos que deberá dirimir la Corte Suprema. "Es altamente probable que algunas provincias cordilleranas que ya contaban con una ley provincial de protección de glaciares deduzcan demandas de inconstitucionalidad contra la ley nacional de glaciares, por considerar que altera los preceptos del artículo 41 de la Constitución", afirma. Las empresas también podrían recurrir a la justicia, al ver afectados sus derechos, agrega.
"Hay un avasallamiento de las jurisdicciones provinciales. El presupuesto mínimo dice que no se puede hacer la actividad en áreas glaciares y peri glaciares. El problema es con estas últimas, que no se sabe bien hasta dónde abarcan", dispara Adolfo Durañona, socio de Baker & McKenzie, estudio que asesora, entre otras, al gigante brasileño Vale (que opera el proyecto de Potasio Río Colorado, en Mendoza). Durañona remarca que son los informes de impacto ambiental, que elabora cada provincia, los que determinan si una actividad se puede hacer o no. "Y la minería tuvo una ley ambiental antes que otra industria", refuerza. Ignacio Celorrio, socio de Quevedo Abogados, se ubica en la misma línea: la nueva ley, tal como fue sancionada, no se ajusta a la Constitución y los derechos que tienen las provincias sobre sus recursos naturales, según su opinión. "Del texto de la ley se ve que hay una clara intencionalidad distinta de lo que la ley dice proteger. Da para objeciones constitucionales muy claras", afirma. "Si es promulgada tal cual está, tiene potencialidad de conflictos", comparte.

Viento de cola
La incertidumbre sobre la nueva legislación aceleró las consultas de las multinacionales a los estudios con expertise en minería. No obstante, el flujo de trabajo relacionado con el sector viene creciendo en los bufetes desde que se despejó la crisis financiera internacional, a mediados de 2009. La vuelta del financiamiento –las empresas obtienen fondos para sus proyectos en Londres y Toronto, principalmente– y la suba de las commodities tornan atractiva la exploración en todas las plazas, indican los abogados.
"La tendencia general es de continuidad. No hay que perder de vista –contra lo que el discurso supuestamente ambientalista pregona– que no puede haber ninguna clase de desarrollo a ningún nivel sin minería", subraya Lucero. "China, la India y Brasil están haciendo un trabajo impresionante para dar acceso a necesidades básicas a cientos de millones de personas, y eso no se logra sin cobre, ni zinc, ni hierro", sentencia.
La prohibición relacionada con los glaciares, entonces, no alteró el interés, pero puso en stand by varios proyectos, hasta que se despeje un poco el panorama. "Con este contexto mundial, las inversiones continuarán, pero centradas en las que ofrezcan una mayor tasa de retorno, por el costo de la incertidumbre. Si en Chile buscan ganar 10, acá piden 15. Es lo que termina sucediendo y no entienden los legisladores", se queja un abogado.
Lo mismo ocurrió con la imposición de las retenciones del 10 por ciento fijadas en 2007. La ley de promoción de inversiones mineras sancionada en los '90 prevé la estabilidad fiscal por 30 años para los proyectos, a partir de la presentación del estudio de factibilidad. Mientras las explotaciones ya establecidas recurrieron a la justicia por la alteración de las reglas de juego, los proyectos posteriores a 2007 debieron sumar las retenciones en sus cálculos. "Con los metales en alza, las cuentas les dan. El problema surgirá si algún día bajan", observa un lawyer.
Las consultas que genera la minería presentan un fuerte componente administrativo, vinculado con las regulaciones locales. "La obtención de todos los permisos para explorar es un tema de preocupación, porque se están demorando en algunos casos", apunta Durañona. El otro componente que pesa sobre el sector es el ambiental. Puesto en el ojo de la tormenta por ONGs y algunos referentes políticos, los abogados refutan varios de los planteos que se escuchan a diario, sin dejar de reconocer que existen evidentes fallas en la comunicación sectorial.
"El tema se politizó mucho. Mientras que en el resto del mundo la preocupación ambiental gira en torno al cambio climático, en la Argentina se vincula directamente con la actividad minera", sostiene Zaballa. Y agrega que, en el caso del uso del agua –una de las objeciones medulares de los ambientalistas–, la minería consume el 1 por ciento de lo destinado a la agricultura, según un estudio del Departamento de Hidráulica de San Juan, provincia con alto desarrollo minero.
"Hay un tono más alarmista que real. Muchas de las críticas tienen fundamento en lo sucedido en otros países hace 30 años, cuando no había una conciencia del impacto ambiental como la que existe hoy. Los niveles de control son mucho más sofisticados", opina Celorrio, quien asesora a empresas como The Grosso Group y varias firmas juniors (las que realizan exploración), además de bancos de inversión que financian proyectos.

Intereses en pugna
"Las grandes mineras operan con estándares internacionales porque tuvieron muchos problemas en otros países. Pero, no deja de ser verdad que el activismo de las ONG hizo que mejoren sus políticas y estén muy controladas hoy", matiza Matías Sicardi, asociado senior de Hope Duggan &  Silva. "Lo que viene es la minería sustentable: que las empresas no sólo cuiden el medio ambiente mientras operan, sino que prevean un plan específico de retiro ordenado, cuando el mineral se agota", complementa.
Florencia Heredia, socia de HOLT Abogados y otra de las referentes de la práctica minera, con clientes como Anglogold, First Quantum Minerals, Eldorado Gold, Potasio Río Colorado y Pan Global Resources, pone las cosas en contexto. "Mucho de lo que sucede en la Argentina pasó en otras partes del mundo. El gran problema que enfrenta la minería, y que en el país se agrava especialmente, es una intersección temporal de intereses, entre el manejo de expectativas de las comunidades, las empresas y los gobiernos", explica. Esto significa que la falta de políticas públicas de largo plazo colisiona con la duración de entre 20 y 40 años de un proyecto minero. "Planificar el desarrollo de una comunidad a tan largo plazo, cuando faltan esas políticas de parte de los gobiernos, puede generar una mezcla explosiva e incontrolable. El principal problema que enfrentan las empresas es ése", sostiene.
El otro tema relacionado con las expectativas que afecta a las mineras, según Heredia, es demostrar su verdadera contribución a la renta del lugar. "Que después ese dinero se distribuya como corresponde en la comunidad es otro problema. Pero, a escala internacional, se está trabajando en que sean las comunidades del lugar las que reciban el beneficio del proyecto", afirma.
Para aplacar el nivel de ebullición que despierta el sector, la abogada cree que la mejor solución pasa por profundizar la interacción entre empresas, gobiernos locales y comunidades. "La Argentina sigue teniendo un esquema jurídico estable. Pero como las relaciones entre las partes son muy dinámicas, y el mundo evoluciona muy rápido, los marcos deben ir adaptándose", concluye.

viernes, 24 de diciembre de 2010

Previsiones de commodities para el 2.011: Paladio, Uranio, Potasio, Carbón y Cobre

Puede ser un buen año para estos activos
Ya tenemos más previsiones sobre la mesa para el año 2.011 y en este caso hablamos de un “asset class” que cada vez cuenta con más seguidores, hablamos de los commodities y del inmenso abanico de productos que ofrece.

El artículo en cuestión comenta 5 commodiies cuyo comportamiento espera que sea superior al resto y se fundamenta en lo siguiente:
• Fuerte crecimiento de China de más del 9,50% y cambio de su modelo de crecimiento de exportador a demanda interna, lo que generará fuerte alza de los commodities ligados al consumo
• El QE de la Fed para reactivar la economía Usa y el empleo lo que está generando es una fuerte entrada de flujos en economías emergentes y a su vez un incremento de los commodities
• A finales del 2.011 o en la última parte del año espera una fuerte corrección del $ que impulsará el precio de los commodities al alza.
Sus apuestas son:
1. Paladio: cuyo uso industrial es para los catalizadores de los coches diesel
2. Uranio: el crecimiento de China necesita energías alternativas y una de estas es la energía nuclear
3. Cobre: nos encontramos con una bajada de la producción e incremento de la demanda
4. Potasio: relacionado con el incremento de la población y su uso como fertilizante
5. Carbón: fuerte incremento de la demanda
También comentan el precio del Oro que alcanzará los 1.500$ con una subida del 9% en el periodo.
Creemos que parte de las recomendaciones son bastante razonables aunque muchos de estos commodities ya han tenido un excelente comportamiento y nos dan un poco de vértigo.

Fuente: http://www.intereconomia.com/blog/blog-los-etf/previsiones-commodities-2011-paladio-uranio-potasio-carbon-y-cobre

viernes, 10 de diciembre de 2010

DECLARACION DE DIPUTADOS Y SENADORES NACIONALES | La Ley de Glaciares defiende nuestro patrimonio común

DECLARACION DE DIPUTADOS Y SENADORES NACIONALES
Por iniciativa de Fernando “Pino” Solanas, Diputado Nacional del Movimiento Proyecto Sur, se realiza la siguiente declaración firmada por Diputados y Senadores Nacionales de diferentes fuerzas políticas que defienden la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial.

La Ley de Glaciares defiende nuestro patrimonio común


El agua se hace día a día más escasa para todos los habitantes de este planeta. La Organización de Naciones Unidas declaró en el 2003 el Año internacional del agua, con el fin de concientizar a la población sobre la necesidad de su uso adecuado y racional, y en este año declaró el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
En este sentido, la carrera por el acceso al agua ha convertido a este bien común en una mercancía, cuando debe ser considerado un derecho universal y comunitario.
Los abajo firmantes hemos impulsado y votado la reciente Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial con el objetivo vital de defender nuestros bancos perpetuos de agua, convencidos de que este bien común debe ser protegido por todos, para que puedan seguir conservando su enorme potencialidad como proveedores de agua para las generaciones futuras. Esta ley, dictada en el ejercicio de la soberanía del pueblo de la nación argentina, ha sido suspendida por el tribunal federal N° 1 de la provincia de San Juan, a través de tres fallos solicitados por empresas transnacionales, que buscan quebrar el tejido social de nuestra democracia.
Estos fallos ponen en riesgo la institucionalidad del Congreso de la Nación, y su capacidad de dictar leyes de presupuestos mínimos, de acuerdo a lo normado en el art. 41 de la Constitución Nacional. Consecuentemente repudiamos cualquier acto que suspenda la aplicación de esta ley que ha sido dictada en ejercicio de la soberanía del Congreso de la Nación, solicitamos se cumpla con lo ordenado por la Ley de Presupuestos Mínimos de Glaciares y Área Periglacial, con el único objetivo de proteger el agua para las generaciones futuras y respetar la soberanía Argentina sobre nuestros bienes naturales.

Diputados Nacionales:
Fernando Solanas (Proyecto Sur) – Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) - Alcira Argumedo (Proyecto Sur) - Claudio Lozano (Buenos Aires Para Todos) - Graciela Iturraspe (SI por la Unidad Popular) - Eduardo Macaluse (SI por la Unidad Popular) - Cecilia Merchán (Libres del Sur) – Victoria Donda (Libres del Sur) - Verónica Benas (SI por la Unidad Popular) –Jorge Cardelli (Buenos Aires Para Todos) – Liliana Parada (Buenos Aires para Todos) – María J. Areta (Frente de Todos – Partido Autonomista) – Martín Sabatella (Nuevo Encuentro Popular y Solidario) – Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro Popular y Solidario) – Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro Popular y Solidario) – Carlos Heller (Nuevo Encuentro Popular y Solidario)– Jorge Rivas (Nuevo Encuentro Popular y Solidario) – Margarita Stolbizer (GEN) – Claudia Gil Lozano (Coalición Cívica) – Horacio Piemonte (Coalición Cívica) – Griselda Baldata (Coalición Cívica) – Roy Cortina (Partido Socialista) – Miguel Angel Barrios (Partido Socialista) – Adriana Puiggrós (Frente Para la Victoria)– Susana García (Coalición Cívica) - Liliana Fadul (Partido Federal Fueguino) – Fabián Peralta (GEN) – Horacio Alcuaz (GEN) – Lisandro Viale (Partido Socialista) – Ricardo Mansur (UCR) – Mónica Fein (Partido Socialista) – Horacio Rodolfo Quiroga (UCR) – Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino) -

Senadores Nacionales:
María Rosa Díaz (ARI) – José Carlos Martínez (ARI) – Elena Corregido (Alizanza Frente Justicialista Chaco Merece Más) – Alfredo Martínez (UCR) – Samuel Cabanchik (Alianza Coalición Cívica) – Norma Morandini (Alianza Frente Cívico)

miércoles, 8 de diciembre de 2010

Cba-fotos: Charla-debate "La Megaminería de la inquidad"

Charla realizada el día 6 de diciembre en la Facultad de Psicología de la UNC sobre megaminería, uranio y el porqué de la importancia de defender la Ley 9526 de Córdoba.
Fue organizada por la ADIUC y las asambleas de Córdoba pertenecientes a la UAC.

Gracias a nuestros amigos Dr. Carlos Seara y Javier Rodriguez Pardo por ofrecernos esta información y acompañarnos siempre en esta lucha! y a la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNC y a la Facultad de Psicología por ofrecer este espacio tan importante y ayudar a difundir esta problemática.

martes, 7 de diciembre de 2010

Amenazas a la Ley de Glaciares

07/12/10 Los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la norma recientemente promulgada. Ponen así de manifiesto que ciertas empresas no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorías ambientales independientes.
Por: Maristella Svampa - Enrique Viale

A manera de confesión, y marcando un nuevo capítulo en la larga saga referida a la Ley de Protección de los Glaciares, los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la ley recientemente promulgada, obteniendo con sugestiva celeridad -en sólo 20 horas- que el ex diputado provincial justicialista y actual Juez Federal con asiento en San Juan, Miguel Ángel Gálvez, suspenda la aplicación en dicha provincia de los artículos medulares de la norma. Por si fuera poco, días después, el mismo magistrado dictó dos medidas cautelares más, beneficiando a los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama, ambos propiedad de la transnacional Barrick Gold.
Con ello lograron que la Ley Nacional de Protección de Glaciares sea suspendida en San Juan , privilegiando desembozadamente los intereses económicos y corporativos de las empresas mineras por encima del derecho al agua de todos los argentinos.
De manera sugestiva, las medidas cautelares también suspenden, en dicha provincia, la confección del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial, impidiendo así la metodología uniforme, integral y sistemática que exige este tipo de estudios: los glaciares y sus ecosistemas no reconocen fronteras provinciales.
Otra de las “curiosidades” es que los fundamentos de los fallos se apoyan en el anterior veto presidencial, de 2008, que ni el propio oficialismo pudo sostener con argumentos de interés general.
Asimismo, estas acciones judiciales vuelven a hacer alarde de un discurso fingidamente federalista , que se contrapone con la propia estrategia judicial adoptada por los mismos intereses mineros en aquellas provincias donde ya existen leyes provinciales de prohibición de minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas; situaciones en las cuales arguyen que sólo el Código de Minería (ley dictada por el Congreso Nacional) podría regular la actividad minera y no una norma provincial.
Queda claro entonces que la estrategia prominera se acomoda a las circunstancias : así, puede apelar a las históricas banderas del federalismo y hablar del “avasallamiento de la nación a las provincias”, para frenar una ley de presupuestos mínimos como la Ley de Protección de Glaciares, pero también puede acudir al unitarismo más extremo, para impugnar que sean las provincias, a través de sus legislaturas, las que sancionen leyes de protección ambiental. En realidad, estas argucias jurídicas vuelven a poner de manifiesto el interés concreto de empresas, como la Barrick Gold, que son conscientes de haberse instalado en áreas muy frágiles, alterando un bien esencial y vulnerable como el agua, pero que no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorias ambientales independientes de las empresas.
En este contexto, es el Estado nacional, demandado en las causas judiciales, quien debe apelar dichas medidas cautelares. Pero que el principal detractor de la Ley sea el gobernador José Luis Gioja -uno de los mayores aliados del gobierno nacional- sumado a los sugestivos encuentros de la Presidenta de la Nación con Peter Munk -CEO de la Barrick Gold-, más los recientes contactos entre el asesor legal de la gobernación sanjuanina con Carlos Zannini y Aníbal Fernández, arrojan serias dudas acerca de la eficacia, vigor y premura de la intervención jurídica del Poder Ejecutivo para lograr la plena vigencia en todo el territorio nacional de la norma. Empeora el panorama el hecho de que quien debiera colaborar activamente en la defensa judicial de la norma sea el Secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, quien fue uno de los más enérgicos opositores de la ley durante su trámite parlamentario.
Por otro lado, estos subterfugios jurídicos, que evidencian la venalidad de ciertos representantes del Poder Judicial nacional, fragilizan la confianza que diferentes actores de la sociedad civil depositaron en una salida institucional genuina, encarnada en un Parlamento nacional , que por vez primera, sinceró el núcleo del problema que vienen padeciendo tantas pequeñas y medianas poblaciones del país.
Así, en la larga sesión del Senado en la cual terminó por aprobarse esta ley, incluso los discursos de los jefes de las bancadas mayoritarias pusieron el acento tanto en el cambio cultural que supone el despertar de una conciencia ambiental , como en la imperiosa necesidad de discutir el controvertido modelo minero que hoy avanza sobre la Argentina sin consenso social y sin control del Estado.
Compete entonces responder no sólo al Estado nacional, cuya verdadera voluntad política se verá expresada en los próximos días, sino también a todas aquellas voces que desde diferentes posiciones del arco político defendieron la importancia de esta ley, ya que lo que está en juego es nada menos que la credibilidad misma de las instituciones democráticas.

Fuente: http://www.clarin.com/opinion/Amenazas-Ley-Glaciares_0_385761496.html

lunes, 6 de diciembre de 2010

U.N.RIO CUARTO RECHAZO NUEVAMENTE FONDOS LA ALUMBRERA

01 de Diciembre de 2010
Consejo Superior
La Universidad volvió a rechazar fondos de provenientes de la explotación minera en Catamarca: esta vez, son 872.766 pesos

Tras que en octubre del año pasado, la casa de estudios local se convirtiera en la primera del país en decirle no a la plata de La Alumbrera, ayer –martes- el Consejo Superior rechazó la segunda tanda correspondiente a las regalías de 2008. Hubo 12 votos en contra de recibir ese dinero, 6 a favor y una abstención. El primer rechazo había sido por 1.237.786 pesos.
Tras un extenso debate, el Consejo Superior decidió, con 12 votos a favor, 6 en contra y una abstención, rechazar los 872.766,32 pesos que le corresponden a la Universidad Nacional de Río Cuarto como parte de la segunda tanda de la regalía proveniente de La Alumbrera, en igual sintonía que lo hizo en octubre de 2009, cuando declinó a aceptar 1.237.786 pesos de la primera remesa, decisión que la destacó como la primera en el país en oponerse a los controvertidos fondos girados por esa minera -que tiene una causa abierta en la Justicia Federal-, luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobara el ingreso a las arcas académicas primero de 50 millones de pesos y, después, de otros 36 millones 800 mil pesos.
Al igual que el año pasado, el reparto entre las universidades nacionales recursos provenientes de La Alumbrera, cuyo vicepresidente está procesado por presunta contaminación, generó una encendida polémica en el ámbito universitario local, luego de que ingresara al Consejo Superior como tema a tratar.
A pesar de la explícita renuncia, se encuentran en las arcas de la Universidad sendos giros, puesto que YMAD –Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio- aferrada a la ley 14.771 de distribución de utilidades, puso a disposición de esta casa de estudios ambos cheques, que fueron recibidos por el rector Oscar Spada e ingresaron a la Tesorería de la UNRC.
En octubre pasado también las aguas estuvieron divididas en el Consejo Superior. La decisión de rechazo fue por 12 votos a 8. Entonces, el decano de Ciencias Humanas, Enrique Grote, cuatro docentes, los cincos estudiantes, el graduado y el no docente ganaron la elección. En tanto que el rector Oscar Spada, los restantes cuatro decanos y tres docentes se inclinaron por la aceptación de ese dinero.
Esta vez el rector votó a favor del rechazo, junto con los estudiantes Lucas Dobrusin, Verónica Vegia, Pablo Bonessi y Franco Ayesa; el decano de Ciencias Humanas, Enrique Grote; el docente de esa Facultad, Pablo Whebe; el graduado Lucas Aguilera; los auxiliares Alfredo Julián y Verónica Alonso, el docente de Ingeniería, Jorge Obregón y el no docente José Luís Martínez.
Se abstuvo la docente de Ciencias Económicas María Marcela Harriague y estuvieron en contra del rechazo los decanos de Ingeniería, Pedro Ducanto; de Ciencias Exactas, Gladys Mori; de Agronomía y Veterinaria, Roberto Rovere, y de Ciencias Económicas, Roberto Tafani, los docentes de Agronomía y Veterinaria, Guillermo Bernardes; y de Ciencias Exactas, Guillermo Ashworth.
También el cuerpo colegiado resolvió conformar una comisión ad-hoc para seguir tratando este asunto vinculado con la minería, con el aporte de técnicos en la materia, decisión que fue votada de manera unánime.
El rector Oscar Spada explicó que fue notificado por parte de la empresa YMAD en el sentido de que la UNRC tenía a su disposición 872.766,32 pesos. El escrito fue enviado en agosto de este año y lleva la firma de Manuel César Benítez, presidente de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio.
“Tomé la decisión de ir a retirar ese dinero, porque forma parte, según la Ley, de un presupuesto que le toca al sistema universitario. Me corresponde retirarlo y después quien debe decidir los destinos de los fondos es el Consejo Superior, cuando hace todo proceso de incorporación. Es mi deber de funcionario público, en función de que hay una notificación, hay una Ley y hay un acuerdo que firma el CIN –Consejo Interuniversitario Nacional- en la distribución de presupuesto que le toca a cada universidad. Yo tengo la obligación de percibirlo y traerlo”, sostuvo Spada. Y agregó: que en el ejercicio 2009 existió un monto de 1.237.786 pesos y que envió sendas notas al secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern, y al presidente de la empresa YMAD, Manuel César Benítez, dando cuenta de que el Consejo Superior de esta casa de estudios resolvió en su sesión del 20 de octubre de 2009 el rechazo de la incorporación de esos fondos al presupuesto de ese año y pidiendo explicaciones respecto del procedimiento a seguir para restitución del dinero girado por la empresa explotadora de la minera.
Indicó que desde YMAD se le respondió que no es su competencia disponer el destino de los fondos rechazados, puesto de acuerdo con la Ley salieron definitivamente de su patrimonio. Y que desde el la Secretaría de Políticas Universitarias no recibió contestación alguna.
“El dinero dentro de la Universidad, es una partida que no tiene destino, ni distribución”, sostuvo el rector, al tiempo que indicó que vendrán más fondos del mismo origen.
El tema ayer –martes- iba a pasar a la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, pero luego de una larga discusión, que incluyó la lectura de sendos documentos por parte de los consejeros superiores Alfredo Julián y Pablo Whebe, y de militantes del Movimiento Universitario Sur, el cuerpo lo trató sobre tablas y terminó tomando una resolución idéntica a la de vez anterior.

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
La mina es explotada por una unión transitoria de empresas integrada por YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) y Alumbrera Limited.
El yacimiento de oro y cobre Bajo La Alumbrera se ubica en el departamento catamarqueño de Belén y los derechos de su explotación le pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ente compuesto por la provincia de Catamarca, el Estado Nacional y la Universidad de Tucumán –el yacimiento fue descubierto por científicos de la casa, que en 1948 lo registraron a nombre de la institución-. Para explotar la mina, Ymad conformó en 1994 una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Ltd., formada por corporaciones extranjeras: Xstrata Plc, de Suiza, Goldcorp y Yamana Gold, ambas de Canadá.
Ymad percibe el 20 por ciento de las utilidades de la explotación de la mina. El 60 por ciento de ese monto se dirige a Catamarca y la mitad del otro 40 por ciento va para la Universidad de Tucumán; el resto se distribuye entre las demás casas de estudios nacionales, según dispone la ley 14.771.
Minera Alumbrera Limited opera desde 1997. Consume 4 millones de litros de agua por hora, es decir más de 65.000 litros de agua por minuto. Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad , la mina consume el 25% de la energía eléctrica suministrada a la Región del NOA y el 87% del consumo total de la provincia de Catamarca.
En 1999 se detectaron drenajes ácidos mineros desde Alumbrera. No sólo aumentan el contenido de sulfatos sino que solubilizan metales pesados y facilitan su dispersión aguas abajo.
La mina ha exportado su contaminación a Tucumán, donde llega el mineraloducto de 316 kilómetros de largo. Allí el concentrado de mineral es secado, y los líquidos residuales se vuelcan al canal DP2 que descarga sus aguas en el río Salí y por lo tanto en el Dique Frontal de Río Hondo en Santiago del Estero.

Córdoba: Charla de la CNEA

Comunicado de Prensa: Conciencia Solidaria Córdoba en Charla de la CNEA.
04 de Diciembre de 2010.

En el día de ayer ,y luego de realizar una campaña provincial y nacional de junta de firmas, en la céntrica plaza San Martín, Integrantes de Conciencia Solidaria, estuvieron presentes en una charla dictada por la CNEA, en el conocido bar “El arrabal” de la capital cordobesa, dónde también disertó brevemente el Geólogo Carlos Seara.
En horas de la tarde comenzó la alocución del Sr. Hugo Roberto Martín, quien era representante de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y durante su exposición destacó constantemente los beneficios de este tipo de energía, que nos posiciona en un lugar privilegiado a nivel mundial. ¿Privilegiado?
Mientras que el Sr. Martín Exponía sus pareceres sobre la energía atómica, miembros de la ONG pudieron depositar su objetar en relación al criterio con que se desarrollaba la charla, es decir, mostrar la otra cara de la moneda. Conceptos como que este tipo de energía radiactiva no es acumulativa en el organismo, que es sustentable e incluso limpia, lo consideramos completamente errado, y de hecho, se verbalizó explícitamente.
Luego de la primera disertación, el Sr. Carlos Seara, geólogo de gran trayectoria, debió explicar brevemente, en relación al tiempo que se le otorgó, como al utilizar este tipo de energía los daños provocados son inminentes.
Es así que la charla luego de las exposiciones descriptas arriba se dio por terminada. Más, el mismo hombre que representaba a la CNEA y rato antes había comentado sobre la seguridad en el manejo de la energía atómica, off the record reconocía a miembros de la ONG, sobre el gran problema de los residuos nucleares-radiactivos, que este tipo de actividad produce.
Nadie informado, puede decir que la energía nuclear tenga grandes beneficios para la humanidad, y que, por lo tanto, sea viable de explotarla. Nadie informado y consciente, puede pretender un tipo de energía, donde el manejo que tenemos de la misma, objete grandes fisuras frente a imprevistos y accidentes que puedan ocurrir, y respecto a los cuales somos - y ya lo hemos sido,de facto,en anteriores ocasiones- incapaces de ofrecer una solución real.

Luciana Gagliardo.
Coordinadora de Prensa - Regional Córdoba.

viernes, 3 de diciembre de 2010

Megamaratón en diario LA MAÑANA DE CÓRDOBA

Córdoba contra la megaminería: 2da MEGAMARATÓN POR LAS 100 MIL FIRMAS

Por Diana Nicodemus y Florencia Reartes | dnicodemus@cbanoticias.net – freartes@cbanoticias.net
Fotografías: Enzo Scarponetti


Este jueves 2, desde las 10, en la esquina emblemática del centro cordobés de Obispo Trejo y Deán Funes, se congregaron las Asambleas Córdoba Ciudad Despierta y Ongamira Despierta en defensa de la Ley provincial 9526 que protege a Córdoba de la megaminería contaminante.
Ubicados frente a la Legislatura, los integrantes de estas organizaciones invitaban a los transeúntes a firmar para colaborar con esta lucha. “30.000 firmas necesitamos hoy, pero para llegar al Tribunal Superior de Justicia, 100.000. Es sólo una firma que dice sí a la vida y no a la megaminería”, expresó uno de los participantes de Asamblea Córdoba Cuidad Despierta, megáfono en mano.

CEMINCOR (Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba) y APCNEAN (Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Actividad Nuclear), apuntan al establecimiento de megamineras metalíferas contaminantes a cielo abierto y de minerales nucleares en las sierras altas de Córdoba.
Es frente a esta situación que las Asambleas exigen que se garantice la aplicación de artículo 41 de la Constitución Nacional, relacionado al uso de los bienes naturales satisfaciendo las necesidades presentes sin comprometer las futuras.
La explotación de uranio es letal tanto para las personas como para el m edio ambiente, ya que el gas radón emitido durante la explotación es radioactivo. La minería a cielo abierto contamina los recursos hídricos y es cancerígena. Una millonésima parte de un gramo de plutonio (remanente de uranio enriquecido) ocasiona cáncer si entra en contacto con el cuerpo humano.
Los representantes de estas agrupaciones explican que no sólo les preocupa la megaminería, también luchan en contra del desmonte, la explotación del petróleo y la contaminación del agua. No se consideran ni ambientalistas ni ecologistas, no son partidarios políticos, pero entienden que la economía determina las decisiones políticas y que es necesario poner el cuerpo en estas luchas para ser escuchados.
“Hoy en día sigue el mismo colonialismo; antes nos cambiaban espejitos por minerales, hoy existen convenios con los cuales nosotros seguimos perdiendo nuestras riquezas naturales”, destacó Alfredo Moreli de Asamblea Córdoba Ciudad Despierta.
Según explicó Moreli, Argentina tiene un convenio con Brasil, nuestro país provee de uranio al país vecino y éste lo enriquece para generar energía nuclear. Córdoba es uno de los mayores yacimientos de uranio del país y cuenta con los recursos suficientes para tratar los residuos tóxicos de forma responsable.
“Llevar a cabo esto es una lucha muy dura, nosotros empezamos hace cuatro años presentando el proyecto de ley que se sancionó en el 2008, que es la 9526, que está en vigencia”, manifestó Susana Angeloni, oriunda de Capilla del Monte e integrante de Ongamira Despierta. Luego, agregó: “Primero fue el oro, luego los glaciares y ahora el uranio. Yo con 68 años estoy acá por mi, mi marido, mis hijos, mis nietos, por todas las generaciones presentes y futuras”.

Fuente: http://www.cbanoticias.net/noticias/cordoba-contra-la-megamineria/2551303

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