¡Ongamira Despierta! Es el grito de alerta de vecinos autoconvocados de Córdoba, Argentina, frente a la explotación minera metalífera a cielo abierto, contaminante y saqueante. El movimiento surgió ante la amenaza de explotación en el Valle de Ongamira, un lugar mágico y rico tanto a nivel turístico como arqueológico.
Cómo hace cuatro años, nos seguimos reuniendo en Asamblea para informarnos y debatir un panorama que, no sólo atañe al noroeste cordobés, sino que se repite con desolada continuidad en las nefastas experiencias vividas por nuestros hermanos de Catamarca, San Juan, Chubut, La Rioja, Tucumán y Santa Cruz entre otras provincias de la Argentina y en varios países de América Latina.
El contexto jurídico que regula la actividad minera, heredado de la decada del ’90, tiende únicamente a favorecer el desarrollo de ese sector de la industria en detrimento del patrimonio nacional.
En septiembre de 2008 el pueblo unido logró que se sancione por unanimidad la Ley Provincial 9526 que PROHIBE la MINERÍA METALÍFERA A CIELO ABIERTO en Córdoba. Esta Ley actualmente está amenazada ante un pedido de inconstitucionalidad. Por esto seguiremos Despiertos y Despertando.

¡Ongamira Despierta! dice sí a la vida y a la salud; sí a la preservación del agua y los recursos naturales; sí a la protección del patrimonio cultural y ¡NO A LA MINA!

En este blog encontrará el material necesario para informarse sobre la situación que esta sufriendo Córdoba y el resto de nuestro querido país frente a la amenaza minera.

DECLARATORIA DE ADHESION A LA DEFENSA DE LA LEY 9526

VIDEOS: Situación minera en Córdoba "MINAS A CORAZÓN ABIERTO"

¿Por qué siguen ofreciendo Ongamira si hay una Ley que la protege?

¿Por qué siguen ofreciendo Ongamira si hay una Ley que la protege?
Página oficial

Historia de una mina de uranio en Córdoba

domingo, 28 de marzo de 2010

LOS GIGANTES NO CESAN DE SANGRAR: Minería de uranio en Córdoba

La mina de Los Gigantes es un gran ejemplo de lo que hace la minería a cielo abierto, aún teniendo actualmente una Ley Provincial que la prohibe. Es casi imposible que esta mina se pueda remediar. Pasaron 20 años desde su cierre y sigue ahí, a cielo abierto, contaminando el cause del lago San Roque.
Se ve claramente lo que nos deja este tipo de minería y el interés del Gobierno por evitar que esto suceda.
Es una historia triste, pero estamos a tiempo para que esta mina no se convierta en algo peor: un cementerio nuclear.


Hay que seguir DESPIERTOS.
En Córdoba NO pasarán MÁS


¡ONGAMIRA DESPIERTA!

 Extraído del capítulo “AGUA” del libro “AGUA, TIERRA y AIRE” (2003) del periodista Pedro Jorge Solans*

(…) En la Argentina la política nuclear fue siempre un secreto de estado. Y uno puede preguntarse, ¿qué tiene de secreto la investigación tecnológica y la generación de energía atómica? Es decir, la búsqueda de nuevos conocimientos por un lado, y la obtención de energía por medios diferentes a la combustión y la hidráulica por el otro. Salvo que haya otras cosas que encubrir como los residuos radiactivos.(…) ¿Por qué nunca se informó - salvo cuando era indisimulable - sobre los accidentes en las centrales de Atucha I y Embalse?, ¿por qué existen centenares de denuncias - nunca respondidas con transparencias - sobre fallas en las centrales nucleares, enterramiento ilegal de residuos radiactivos y proyectos de basureros nucleares?, ¿cómo es posible que desde la Comisión Nacional de Energía Atómica se diga que nunca pasa nada y desde afuera - con la autoridad que tienen científicos, ecologistas e, incluso, ciudadanos, para dudar - se diga que pasa de todo?(…)

La desenfadada búsqueda de uranio en el macizo Los Gigantes, entre 1978 y 1991, generó en el Valle de Punilla una contaminación difícil de superar. Hoy la población se resiste a tener en plenas sierras un depositario nuclear.
Argentina intenta privatizar sus centrales nucleares desde que Domingo Cavallo asumiera el Ministerio de Economía, en la Presidencia de Carlos Menem. El plan de seducción del país para captar empresas interesadas en las centrales de Atucha y Embalse de Río Tercero cuenta con la oferta de un depositario de residuos radiactivos en Los Gigantes.
Un dossier que tuvo faja de “Secreto de Estado” durante algunos años menemistas, alega que la planta de Los Gigantes cumple con los requisitos para un depositario. Aduce resultados de un monitoreaje radiológico ambiental realizado el 12 y 16 de mayo de 1997. Además agrega que la planta ya almacena los residuos de la explotación del yacimiento uranífero Schlagintweit.
Córdoba concentra la mayor parte de la actividad nuclear del país. En los Gigantes se explotó el Schlagintweit. En la capital está la fábrica de combustible atómico, y en Embalse de Río Tercero se encuentra una de las dos centrales nucleares que existen.
Por este raro privilegio, los cordobeses padecieron tragedias con la contaminación uranífera de sus aguas y la pérdida radioactiva generada en la central Embalse de Río Tercero.
La explotación del Schlagintweit provocó la mayor contaminación radioactiva en cursos de agua en Sudamérica. Entre 1982 y 1985 se arrojaron a la cuenca del lago San Roque cerca de 300.000 millones de litros de líquidos ácidos que contenían trazas de uranio, radio, radón y tóxicos diversos. Fue un ejemplo de la improvisación, de la desvalorización de los recursos naturales y de la falta de respeto a la calidad de vida de casi dos millones de argentinos. A pesar de ello, el panorama que se avecina no es muy alentador. Ahora es pretender depositar allí la basura de las centrales nucleares argentinas.

CON LOS PIES DE URANIO
El terror implantado por el “Proceso de Reorganización Nacional” (1976/1983), no dejó espacio para someter a juicio otras aberraciones cometidas durante la cruenta dictadura militar. También llegó la muerte para la producción nacional. La soberbia de un plan desarrollado a oscuras no contempló nada. Y todo cayó bajo las garras depredadoras y simplistas de un objetivo sobredimensionado, mezquino y sin horizonte.
El proyecto de expansión en energía atómica que llevó adelante “la dictadura”, incluía la construcción de cinco centrales nucleares y el autoabastecimiento de combustible.
Se establecieron pautas que fueron lapidarias y en ese marco, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) hizo un enorme esfuerzo para cumplir con las políticas de trabajo que impusieron los militares.
El primer dilema que debió sortear la CNEA ante los “apurados objetivos” fue el hallazgo de reservas de uranio para el hipotético abastecimiento de las cinco centrales nucleares en un futuro inmediato.
Dentro de una campaña de exploración, que consumió 40.000 horas de vuelo de reconocimiento, se detectaron tres minas.
En la ciudad de Cosquín se reconoció una, que se llamó “Rodolfo”. Otra fue detectada en el macizo Los Gigantes, (2.34m.) y se la identificó como “Schlagintweit”, en memoria de un geólogo que trabajó en la zona en los años 60. Y más tarde, surgió el yacimiento “María Rosa” a tan sólo 10 km del “Schlagintweit”.
Los estudios de probabilidad de explotación de las reservas uraníferas de Córdoba finalizaron en 1978 y el “Rodolfo” fue considerado la mina más grande y rica en uranio de la Provincia. Posee cerca de 10.000 toneladas de mineral.

LA TENTACIÓN DE ERRADICAR UNA CIUDAD
El “Rodolfo” generó un serio debate dentro de la CNEA. Hubo un sector “duro” de técnicos y marinos que quiso explotar y propuso trasladar la ciudad de Cosquín. La postura de “los duros” se sustentaba en que era radimétricamente explotable con un valor radiactivo alto y floraciones a superficie de ciertos barrios. La explotación hubiera significado la desaparición de Cosquín que posee 17.000 habitantes y está a 720 metros sobre el nivel del mar.
Para suerte de los coscoínos primó en la CNEA la postura del grupo de técnicos que admitió complicaciones técnicas en la explotación y sostuvo que el impacto sobre la zona turística más importante de Córdoba iba a ser tremendo. Entonces, se decidió no explotarlo, pero “tampoco clarificar datos por razones obvias”.
La existencia de un yacimiento uranífero en una ciudad no fue materia de estudio. Sólo se evaluó la posibilidad de una hipotética explotación.
Cosquín tiene los índices radioactivos más altos del Valle de Punilla. La movilización del yacimiento sedimentario que posee puede producir daños inimaginables, y su municipio carece de apoyo técnico para manejar la situación. Ni la Provincia ni la CNEA se involucran en ello, y las administraciones municipales suelen cometer gravísimos errores como la remoción de tierra en los barrios más próximos al yacimiento.
El caso más conocido se registró en 1992 cuando el municipio removió tierra en el barrio La Mandinga durante la gestión comunal del intendente Rubén Ríos (1991/1995), y provocó la intervención de la Secretaría de Minería de la Provincia que obligó a detener los trabajos.
A raíz de ello, la Dirección de Geología quiso trabajar en una sistematización de la información geológica de la zona, como aporte hacia los propios habitantes y para ser utilizada en el sector turístico.
En ese entonces, Domingo Raúl Gonzalez y Aldo Antonio Bonalumi, director de Geología y jefe del Departamento de Investigaciones Geológicas, respectivamente, trabajaron en la elaboración de lo que habían llamado “un libreto para los intendentes de Punilla”. La intención era preparar un informe geológico completo sobre la región.
El informe iba a ser científico y de consulta técnica para profesionales; una fuente de datos para intendentes y funcionarios; y un soporte para la actividad turística. Peor nunca se conoció y los municipios siguen sin saber cómo manejar los recursos geológicos.

A EXPLOTAR EL MÁS POBRE
Descartado el “Rodolfo” y aún sin datos concretos sobre el “María Rosa”, a la CNEA no le quedó otra opción que explotar el más pobre en uranio. El mineral del “Schlagintweit” fue estimado en 1.000 toneladas de óxido de uranio (U3O6) y se presentaba en materias primas nucleares de baja ley: 300 partes por millón.
La CNEA apremiada por el tiempo llamó a licitación pública para el desarrollo de reservas, explotación minera y producción de concentrados de uranio en Los Gigantes, sobre un área delimitada de 100 kilómetros cuadrados. Y quedó a la espera de la “empresa señalada”.
Cabe acotar que las firmas proveedoras del Estado en el Proceso Militar tenían como principal rol “invertir y sacar réditos” de las operaciones declaradas de interés nacional.
En ese contexto, y alentados por la política económica del régimen, hubo empresas que cambiaron el rubro o ampliaron su horizonte de trabajo. Por ejemplo, Eduardo Sánchez Granel ingeniería S.A.I.C.F.I de vial, se hizo “sorpresivamente” minera a partir del contrato que firmó para explotar el Schlagintweit.
El convenio por el cual la CNEA, presidida por el contraalmirante Armando Quihillalt, adjudicó la explotación de Los Gigantes a Sánchez Granel e iba a durar hasta 1995. Se selló el 12 de julio de 1979 y se labró en base a la ley de Obras Públicas donde el riesgo empresarial no existe. Eso fue para la industria minera “una novedad”. Nunca había sucedido que la cesión de un yacimiento certificara una cierta cantidad de mineral. Además desvirtuó la ley 24.472, que en su artículo 5 señala: “las minas nucleares no pueden ser concedidas a particulares, su propiedad es de la Nación o de las Provincias, según el lugar donde se encuentran, y sólo pueden ser asignadas o transferidas al Estado Nacional, que no podrá enajenarlas”.
Por otro lado, el contrato celebrado se hizo cuando el uranio tenía una cotización elevada en el mercado. 100 dólares el concentrado. Durante la década del 80 el uranio perdió valor y el contrato se rescindió por mutuo acuerdo. Se adujo que la continuidad de la explotación obligaba a revaluar el precio y las condiciones adversas para Sánchez Granel. El costo del concentrado había descendido a 20 dólares.
Sánchez Granel removió 1.600.000 metros cúbicos de suelo para construir 20 kilómetros de caminos de montaña, una usina y una villa permanente. E hizo mesetas donde se instalaron 12 pilas de lixiviación estática y una presa de 8 hectáreas para la evaporación de efluentes acidificados. La empresa realizó sus rimeros trabajos de campo en inmediaciones de los ríos Cajón Norte, Cajón Sur, Los Vallecitos, arroyo Venancio y el Matadero, y la explotación comenzó con perforaciones en el área marginal del Schlagintweit.
Hasta septiembre de 1982 se realizaron cerca de 50.000 metros de perforaciones que presentaron un 67% más de los requerimientos de la CNEA.
Unas 1.000 perforaciones fueron perfiladas radimétricamente y permitieron radioevaluar el mineral. Eso produjo un incremento de reservas con una ley promedio de 0,29 por mil de óxido de uranio.
En agosto de 1985, el entonces titular de la CNEA, Alberto Costantini, admitió la contaminación química en la cuenca originada en el complejo de Los Gigantes.
El reconocimiento de la CNEA coincidió con la declinación del rendimiento del Schlagintweit. La empresa dejó de entregar uranio pero cobraba igual; y ante el reclamo dio a conocer, indirectamente, la realidad sobre el impacto ambiental que venía provocando.
En 1986 se inició el esclarecimiento de los daños que ocasionaba la planta. Una cascada de denuncias por contaminación acorraló a Sánchez Granel, que sólo tuvo tiempo para preparar la plataforma de lanzamiento de explotación de oro en San Luis.
Ese año aparecieron algunos síntomas como la mortandad de peces. Cardúmenes completos de Pejerrey y otras especies emergieron muertos en las costas.
La rescisión del contrato llegó en 1991. Y pese a que la CNEA recibió el 40% de lo que decía el contrato (5.000 toneladas aproximadamente), Sánchez Granel percibió el 100%.

UN BASURERO RADIOACTIVO
El ex inspector de la CNEA, Eduardo Pérez, quien tuvo a su cargo la verificación del cierre de la planta, admitió volcamientos de ácido a los ríos. En la represa se trataron los residuantes y para descomprimir la cantidad de efluentes se colcó al río; pero no en forma clandestina, ni subrepticiamente. Había que volcar y se volcó porque no había otra solución. Lo que ocurrió fue responsabilidad de la Provincia que careció de reglamento para regular pautas en cuanto al contenido de los líquidos que se volcaron”.
El ex inspector afirmó también que “ se cumplieron las normas de seguridad para la explotación de minas en los aspectos productivos, en el tratamiento general y en la certificación de la calidad de los productos”. Pero reconoció que el trabajo se hizo “desprolijo”.
Tras el cierre de la planta, Pérez asumió la dirección de la fábrica de combustibles radiactivos y la CNEA adoptó como solución para los efluentes residuales un “colesterado”, utilizando la evaporación, porque sólo contenían amoníaco, elemento químico que se usó para neutralizar el exceso de ácido.
Al respecto, Pérez dijo que el volumen de líquido disminuye año tras año. A principios de 1996 sólo había el 40% de volumen y la CNEA espera que en el 2004 no queden efluentes líquidos, sino vienen épocas extremadamente lluviosas.
El complejo de Los Gigantes produjo en su vida útil cerca de 2.400.000 toneladas de residuos y 1.600.000 toneladas de mineral marginal y estéril. El material se encuentra a cielo abierto y cuando llueve o se registran vientos se esparce sobre los ríos de la cuenca del San Roque.
Si bien para la CNEA, el ex complejo “Schlagintweit” está desactivado y sometido a tareas de reparación del Ambiente, la realidad indica que los materiales están autogestionándose sin más mediación que la climatología. Los monitoreas fueron escasos durante los últimos años, y desde el 2000 no se registra ninguna actividad de control.
La realidad de la planta certifica lo anunciado por el titular de la CNEA durante 1999, Eduardo Santos, “la Comisión espera el paso del tiempo. Lo único que aporta es personal de guardia, y no cuenta con los elementos adecuados para realizar las tareas que necesita el ex complejo”.
Ante la evidencia, la CNEA se esforzó en diferenciar un basurero de un depositario; y definió como basurero donde se arroja material; y un depositario, donde se controla y adecua el material depositado.
Para Santos, la planta de Los Gigantes no es un basurero nuclear, ni un depositario, sino una escombrera sin riesgo. Sin embargo, tildó a la situación del yacimiento como un problema a resolver como las colas de tratamiento del Centro Fabril Córdoba (CFC).

APURO POR PRIVATIZAR
Domindo Cavallo, durante la Presidencia Menem, impulsó un proceso de privatización de las centrales nucleares con tanta urgencia que hizo recordar el lanzamiento de explotación de los yacimientos en la época de la dictadura.
El apuro, del entonces ministro menemista, chocó con los requisitos que exigían las empresas invitadas a participar del proceso licitatorio: normas estrictas de seguridad en las centrales nucleares y depositarios bajo pautas de preservación del Medios Ambiente.
La situación llevó a que se modificara la estructura de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y se creó la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Desde allí se hicieron grandes esfuerzos por cumplir con las exigencias internacionales para la privatización.
En 1998 deberían estar ubicados los reservorios respectivos para cada central y allí se debía trasladar los escombros radiactivos diseminados en el país.
En Mendoza se hizo el primer intento de acumulación de residuos y se involucró a municipios, entidades intermedias y universidades. La experiencia se quiso repetir en Los Gigantes; pero las distintas entidades ambientalistas apoyadas por la población, en especial de la localidad de Tanti, impidieron lo que parecía un hecho consumado.
En ese contexto, la CNEA emitió un comunicado ambiguo que decía: últimamente, varios medios periodísticos publicaron informaciones incorrectas sobre el Complejo Fabril Córdoba (CFC). En particular hablaron del “inminente” transporte de “residuos nucleares” desde esas instalaciones hasta la ex mina de Los Gigantes. Ante estas circunstancias, la CNEA aclara que tales residuos son colas de tratamiento de mineral de uranio, producto de una etapa de concentración inicial que se implementó en esas instalaciones - desde el año 1952 hasta 1977 - que pasó luego a hacerse directamente en las minas.
La CNEA agregó que en ese material no se encuentran elementos radiactivos nuevos; sino que son los que se hallaban en la naturaleza, pero en menor proporción. “Son pequeñísimas cantidades de radón, un gas natural radiactivo, inerte, que acompaña la transformación del uranio natural y que se encuentra en cualquier otro lugar de la corteza terrestre. Incluso en el interior de las viviendas construidas con cemento”.
Sin embargo, un informe del laboratorio de la Cooperativa Integral (COOPI), dice que “la reposición de nuevos materiales en Los Gigantes contribuiría a incrementar el efecto de lixiviación ya existente en el río El Cajón, que es un importante tributario del San Antonio que a su vez aporta casi el 50% del caudal de agua del lago San Roque”. La COOPI agregó que “ninguna solución técnica razonable puede indicar el depósito de material potencialmente nocivo para la salud en la naciente de los ríos de la cuenca que representa un 6% de la población del país”.

A LA ESPERA DE PLUTONIO
La CNEA consideró a la planta de Los Gigantes como el lugar más apropiado para la instalación de un basurero nuclear porque ya lo es: hay residuos a cielo abierto y soportó un tremendo impacto ambiental. Sólo carece de legitimidad ante la opinión pública.
Por eso aparece como la mejor alternativa para ubicar las 40.000 toneladas de residuos de baja radioactividad del Centro Fabril de Alta Córdoba.
La CNEA dijo que “para concretar ese traslado se necesita un proyecto de ingeniería sustentado en estudios geológicos e impacto ambiental”; a sabiendas que el impacto será menor al cometido y que nuevos estudios geológicos son imposibles de realizar por falta de instrumentos. Tal proyecto abarcaría el cierre definitivo de la planta, el albergue de las colas de uranio del CFC y otros residuos.
Las ventajas que según las autoridades presenta Los Gigantes es “la reunión en un sólo lugar de todas las colas de uranio y el bajísimo impacto que generaría por la radioactividad natural elevada que posee”.
El posible traslado de las colas de uranio sería una experiencia piloto con varios objetivos a cumplir: Desactivar la alarma de los vecinos con respecto a qué es lo que se lleva a Los Gigantes. Desnaturalizar cualquier resistencia demostrando que ese material, que se escondió tantos años, está constituido sólo por piedras que vuelven a su lugar natural. Generar confianza y acostumbramiento a todo movimiento concerniente a material atómico.
El logro de estas metas dejaría el acceso libre para presentar a la planta de Los Gigantes como un depositario óptimo para recibir otras clases de residuos como podrían ser los de la central nuclear Embalse, cuyos desechos contienen plutonio (Pu), que tiene una actividad radiactiva 300 veces mayor que el radio y se desintegra en 24.400 años.
Permitir el traslado de las colas de uranio de la CFC a Los Gigantes será saludar el paso de los camiones con plutonio.

* PEDRO JORGE SOLANS, nació en Chaco en 1959. Se graduó en la Universidad Católica de Córdoba y cursó estudios de periodismo, historia y política en las Universidades españolas Complutense (Madrid) y Lejonia (Vizcaya).
Participó en el 1º Congreso de Jóvenes Creadores Hispanoamericanos (Madrid, España, 1985).
En el año 1986 fue Mención en el premio Literario “Juan Bernier” de España. En 1987 fue Mención en el premio provincial de literatura “Luis de Tejeda” de Córdoba.
Dirigió el semanario “Diario del Valle” y las revistas ecologistas/culturales “Entorno” y “Nicandro”.
Fue corresponsal de Andrómeda (San José, Costa Rica) y Magazine (Lima, Perú).
Fundó y dirige actualmente el Diario de Carlos Paz (Villa Carlos Paz, Córdoba).

3 comentarios:

diego corlatti dijo...

increible que a 25 años de democracia
los desechos radiactivos sigan siendo tabu, y me hace acordar a esconder la mugre debajo de la alfombra.
Diego Corlatti dni 18226850

Anónimo dijo...

...amaba Carlos Paz... ..."el sueño terminó"!... Ayala Claudio H.

Editores dijo...

El problema somos nosotros mismos que dejamos que un puñado de imbéciles manipule nuestra vida presente y logre hipotecar las siguientes. Debemos ya ser mas intolerantes con los malditos que están matando la tierra... ya nunca mas