¡Ongamira Despierta! Es el grito de alerta de vecinos autoconvocados de Córdoba, Argentina, frente a la explotación minera metalífera a cielo abierto, contaminante y saqueante. El movimiento surgió ante la amenaza de explotación en el Valle de Ongamira, un lugar mágico y rico tanto a nivel turístico como arqueológico.
Cómo hace cuatro años, nos seguimos reuniendo en Asamblea para informarnos y debatir un panorama que, no sólo atañe al noroeste cordobés, sino que se repite con desolada continuidad en las nefastas experiencias vividas por nuestros hermanos de Catamarca, San Juan, Chubut, La Rioja, Tucumán y Santa Cruz entre otras provincias de la Argentina y en varios países de América Latina.
El contexto jurídico que regula la actividad minera, heredado de la decada del ’90, tiende únicamente a favorecer el desarrollo de ese sector de la industria en detrimento del patrimonio nacional.
En septiembre de 2008 el pueblo unido logró que se sancione por unanimidad la Ley Provincial 9526 que PROHIBE la MINERÍA METALÍFERA A CIELO ABIERTO en Córdoba. Esta Ley actualmente está amenazada ante un pedido de inconstitucionalidad. Por esto seguiremos Despiertos y Despertando.

¡Ongamira Despierta! dice sí a la vida y a la salud; sí a la preservación del agua y los recursos naturales; sí a la protección del patrimonio cultural y ¡NO A LA MINA!

En este blog encontrará el material necesario para informarse sobre la situación que esta sufriendo Córdoba y el resto de nuestro querido país frente a la amenaza minera.

DECLARATORIA DE ADHESION A LA DEFENSA DE LA LEY 9526

VIDEOS: Situación minera en Córdoba "MINAS A CORAZÓN ABIERTO"

¿Por qué siguen ofreciendo Ongamira si hay una Ley que la protege?

¿Por qué siguen ofreciendo Ongamira si hay una Ley que la protege?
Página oficial

Historia de una mina de uranio en Córdoba

lunes, 30 de agosto de 2010

LOS PLANES DEL SAQUEO MINERO

Según empresarios habrá 30 proyectos mineros activos en 2015

Buenos Aires, 28 de agosto.- Aunque no lo digan abiertamente, cuando piensan en la realidad minera de mediados de década las máximas autoridades del sector a nivel nacional tienen un número entre ceja y ceja: el 30. Ésa es la cantidad de proyectos activos que imaginan para 2015, según un raconto en base a los planes de desarrollo de las empresas que operan en el país.
La meta obligará a triplicar las minas que funcionan en la actualidad. Y en números implicará, según estimaciones del mercado, la puesta en marcha de inversiones por más de 15.000 millones de dólares.
“El potencial de la Argentina en materia minera es gigantesco y aún no se puede cuantificar con precisión, porque la actividad recién está en sus inicios”, señaló Manuel Benítez, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).
La producción metalífera se explica a partir de tres grandes proyectos: Bajo La Alumbrera (en Catamarca), Cerro Vanguardia (en Santa Cruz) y Veladero (en San Juan). Pero en los últimos años se sumaron nuevos actores de menor envergadura que reforzaron la extracción, como Gualcamayo (en San Juan), Pirquitas (en Jujuy) y Manantial Espejo (en Santa Cruz).
Sin embargo, el camino recorrido aún es muy incipiente. “Todavía hay que profundizar la búsqueda de reservorios en la zona cordillerana. Por eso es importante que este año se haya recuperado el nivel de inversiones en exploración para avanzar con el estudio de nuevos proyectos”, señaló Julio Ríos Gómez, presidente de Gemera, la cámara que agrupa a las mineras exploradoras que operan en medio local.

Fuerza cuyana
San Juan apunta a encabezar el ranking minero argentino de la mano de dos grandes iniciativas, ambas de la canadiense Barrick. Una de ellas, Veladero, está en producción desde 2005 y este año incrementó su capacidad de molienda hasta las 85.000 toneladas (Tn) diarias de mineral. La segunda, Pascua Lama, se encuentra a punto de arrancar su construcción e involucra varios puntos sobresalientes.
Por un lado, se trata del primer proyecto minero de carácter binacional, ya que se encuentra repartido entre tierras chilenas y argentinas, a más de 4.500 metros de altura en las cumbres cordilleranas. Por otro, porque marcará un nuevo récord de inversiones en una sola iniciativa, superior a los u$s 3.000 millones.
“Basta decir que el capital asignado para este año -u$s 600 millones- es equivalente al que demandó construir todo Veladero”, comparó Ricardo Martínez, presidente de la Cámara Minera de San Juan.
También a punto de dar sus primeros pasos está Casposo, un prospecto de oro de la minera Troy Resources cuya construcción arrancará en septiembre con un presupuesto de u$s 72 millones. El yacimiento posee reservas por 602.500 onzas de oro equivalentes.
Sin embargo, la apuesta sanjuanina se sustenta, sobre todo, a mediano plazo. La provincia tiene en carpeta varios proyectos que, de concretarse, podrían generar un boom productivo. Entre ellos figura El Pachón, un megayacimiento de cobre de Xstrata Copper, cuya construcción se dilató por el alza de las retenciones a la exportación establecida a fines de 2007. La gobernación de José Luis Gioja confía en destrabar la paralizada iniciativa, que demandará desembolsos superiores a los u$s 2.000 millones.
Más atrás se ubican Los Azules, de Minera Andes (de capitales canadienses), y El Altar, de Peregrine Resources, que se presentan como proyectos ambiciosos, aunque todavía en etapa de exploración.
A otro ritmo, Mendoza también cuenta con cartas mineras. Aunque postergó su inicio por medidas legales que complicaron al sector (la Ley 772 limita la actividad minera en la provincia), posee otra de las grandes apuestas del país. Se trata de Potasio Río Colorado, de la brasileña Vale, cuya construcción -que comenzará a fines de este año- requerirá más de u$s 3.000 millones.

Pelea por el liderazgo
Son ocho los proyectos de envergadura con los que Santa Cruz espera contar a fin de mantener su liderazgo productivo frente al creciente protagonismo sanjuanino.
Ya están activas las minas auríferas y argentíferas Cerro Vanguardia (cuya proporción mayoritaria le pertenece al consorcio anglosudafricano Anglo Gold Ashanti), Manantial Espejo (propiedad de la canadiense Pan American Silver, a través de su filial Minera Tritón) y San José - Huevos Verdes (de Minera Santa Cruz y Minera Andes), además del complejo carbonífero Río Turbio (de YCRT). A ellas se sumarán en el corto y mediano plazo los proyectos de oro y plata Cerro Moro, La Josefina, Sierra Blanca y Cerro Negro.
En manos de la canadiense Extorre Gold y la estatal Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz), el prospecto Cerro Moro está hoy siendo evaluado a nivel ambiental. En abril se confirmó que sus reservas comprobadas ascienden a unas 612.000 onzas de oro equivalente, mientras que sus existencias inferidas oscilan en torno a las 390.000 onzas. Su primera colada de doré se proyecta para el segundo semestre de 2012.
Para 2011, en tanto, se espera la entrada en producción de La Josefina. “Se trata de una iniciativa que manejamos junto con Cerro Cazador, firma que en breve hará una presentación por el área lindante La Valenciana a los efectos de ampliar el prospecto”, explica Miguel Ángel Ferro, presidente de Fomicruz, en diálogo con este medio.

Bajo el control de la australiana Mariana
Resources, Sierra Blanca registró buenos resultados de exploración en 2008. Y durante la segunda mitad de este año se realizarán allí sondeos adicionales con miras a su próxima puesta en marcha.
Finalmente, la también australiana Andean Resources acaba de presentar el estudio de factibilidad de Cerro Negro. La mina operará a una tasa de producción diaria de 1.850 Tn, con el propósito de obtener 200.000 onzas de oro anuales en un plazo de una década. Su inicio de construcción -que demandará una inversión de u$s 275 millones- está previsto para diciembre de este año.

La Puna y el Comahue
El norte del país es otro polo de desarrollo minero. Salta, por caso, recibirá inversiones en los próximos cuatro años por más de u$s 600 millones. “Queremos desarrollar al menos dos proyectos metalíferos y dos de carbonato de sodio”, destacó Ricardo Salas, secretario de Minería provincial.
Una de las candidatas a tomar la posta metalífera es la canadiense Mansfield, que lidera el emprendimiento Lindero, capaz de producir unos dos millones de onzas de oro a partir de 2012. Se estima que su construcción requerirá cerca de u$s 200 millones.
Otra aspirante a desempeñar ese rol protagónico es Silex Argentina, titular del proyecto El Quevar, cuya explotación comenzará el año que viene. La inversión prevista para su desarrollo, en tanto, supera los u$s 100 millones.
En cuanto al carbonato de litio, la iniciativa más avanzada es la de ADY Resources, que prevé inaugurar una planta para producir 1.200 Tn del mineral a fines de este año en Salar del Rincón.
Jujuy, por su parte, quiere apuntalar su crecimiento minero a partir del aporte de la mina de plata Pirquitas, reinaugurada el año pasado por Silver Standard, y El Aguilar, la explotación metalífera más antigua del país. A cargo de Glencore, esta última cuenta con más de 80 años de historia.
Más al sur, las tres propuestas de mayor relevancia en la región del Comahue son la mina de oro y plata Andacollo (en Neuquén), el yacimiento de uranio Cerro Solo y el prospecto de plata y plomo Navidad (ambos en Chubut).
Operada por la chileno-canadiense Andacollo Gold, la mina neuquina viene soportando múltiples denuncias de contaminación desde hace tiempo. Sin embargo, lleva 11 años extrayendo metales preciosos en base a la modalidad subterránea.
En la mira de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Cerro Solo podría ser clave para garantizar el abastecimiento de uranio de las centrales nucleares que posee -y que planea construir- el país. De hecho, ya existe la factibilidad técnica para comenzar a explotar el área, situada en la meseta central chubutense, a partir de 2012.
Y con respecto a Navidad, la concesionaria canadiense Aquiline Resources descubrió que alberga más reservas argentíferas que las inicialmente previstas. En efecto, por estos días se calcula que podría aportar 111 millones de onzas de plata (68 millones medidos y 43 millones inferidos).
Para Martin Walter, vicepresidente ejecutivo de Aquiline, las trabas legales que hoy impiden su desarrollo quedarán atrás prontamente. “La construcción de la mina podría iniciarse inmediatamente después de que eso ocurra, y el yacimiento estaría en condiciones de producir a fines de 2011”, adelantó.

Catamarca, el día después
El convulsionado escenario minero de Catamarca aparenta haber retomado la calma perdida durante el estallido político de Andalgalá el 15 de Febrero, no obstante la provincia, y a pesar del tiempo transcurrido no ha buscado el camino para desactivar el conflicto en la Perla del Oeste. Tal es así que la Secretaria de Minería de la Nación tuvo que salir al salvataje como mediador con los emprendimientos, y con los desocupados que solicitan un trabajo genuino y no aceptan becas ni planes de empleo.
A cargo de la canadiense Yamana Gold -a través de su subsidiaria local Minera Agua Rica-, la entrada en operaciones del proyecto aurífero y cuprífero Agua Rica deberá superar dos grandes escollos: que se desactive su actual suspensión judicial y la indolencia gubernamental Catamarqueña. El levantamiento de la suspensión judicial permitiría terminar de evaluar el volumen de las reservas de Renio existentes en el yacimiento y el inicio de la construcción de la Mina.
Por otro lado, Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio (YMAD) -que junto con Minera Alumbrera (sucursal de la suiza Xstrata) opera el complejo aurífero, argentífero y cuprífero Bajo La Alumbrera- tiene por objetivo ampliar (hace dos años) la planta de refinación de oro y plata en suelo provincial.

Fuente: http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=418965

viernes, 27 de agosto de 2010

¿El agua tapa otros intereses?

En muchos lugares del mundo la explotación minera avanza a ritmo vertiginoso. Esto implica un consumo desmesurado de agua, además del saldo de un territorio arrasado. Las mineras nunca (o casi nunca) son locales. Se trata de firmas de capitales estadounidenses o canadienses, principalmente, para el caso de América Latina, o de capitales europeos. Cabría preguntarse: ¿por qué, aún siendo originarias de los países militar y económicamente más poderosos, y que son los que más injerencia tienen en ellos, los organismos multilaterales, como el BM, no advierten los riesgos de la actividad minera para el agua, un bien que al mismo tiempo denuncian que marcha rumbo a la escasez?

Por Federico Gabriel Sequeira
23/08/2010. El diccionario de la lengua castellana, de la Real Academia Española, ofrece la siguiente definición: "Agua: (Del lat. aqua). Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el componente más abundante de la superficie terrestre y, más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos los organismos vivos y aparece en compuestos naturales".
Quedémonos con estos tres términos: inodora, insípida e incolora. Es decir, a través de ella podría verse perfectamente. Sin embargo, parece ser que el actual debate en torno al agua, en realidad, sirve para ocultar otros recursos naturales de interés. Podría decirse así que la repentina "apertura de la canilla" del debate sobre el futuro del agua, sirvió para inundarlo todo, y tapar otros intereses.
Es cierto que "el agua potable es un bien escaso, que sólo constituye el 2,5 por ciento del total del agua del mundo; mientras que el 97,5 por ciento restante lo encontramos en mares y océanos", como lo señala la profesora de Historia, especialista en geopolítica, y defensa nacional, Elsa Bruzzone. La frase pertenece al libro de Bruzzone, quien también es asesora ad honorem del Congreso Nacional argentino, "Las Guerras del Agua".
También es cierto que, como señala la autora en la misma página, "la tecnología para desalinizar agua de mar existe, pero representa problemas: es cara porque requiere mucha energía, y aún no se ha encontrado el método de deshacerse de la salmuera que queda del proceso y de los elementos químicos que se utilizan en el mismo".
Hasta allí, todo contribuye a abonar la teoría de que, ante un futuro con problemas de acceso al agua en buena parte del planeta, este elemento vital será objeto de conflictos. Razones para suponerlo no faltan, porque lo que abundan son antecedentes que dan cuenta de esa estrategia de los países militar y económicamente más poderosos, para doblegar a los más débiles.

Temas para pensar
Como contracara surgen algunos aparentes absurdos en esta mirada. Por un lado, las reservas de agua subterránea del planeta son más que abundantes, y son muy superiores al agua en superficie, lo que permitiría a la humanidad toda una larga y próspera supervivencia. Está claro que el agua no está equitativamente distribuída a lo largo del globo, y que estos acuíferos o reservorios subterráneos están en estado virginal (o casi), en los continentes militar y económicamente menos poderosos, como África y América del Sur y Central, o algunas zonas de Asia.
Con sólo escribirlo, ya es posible imaginar el escenario: una América del Norte o una Europa sedientas, recurriendo al uso de la fuerza para saciar su sed en las fuentes de agua de sus vecinos más débiles. Una imagen admisible, pero... ¿lógica?
En el peor de los escenarios, con un desembarco militar en América del Sur y África para el "robo" sistemático del agua, basta con tratar de imaginar los costos astronómicos que tendría trasladar el líquido vital hasta los sitios de consumo. ¿Cuánto costaría, entonces, regar cultivos, o dar de beber a los animales de la actividad ganadera? Y eso si el enfoque se orienta sólo hacia la cuestión productiva. Podría plantearse el interrogante respecto a ¿cuáles serán los costos de una ducha?, o incluso, los del baño para una mascota. En el otro supuesto, el de una invasión acompañada por un progresivo traslado poblacional, hay aún menos sustento lógico.

El agua no se termina gota a gota...
En los años '90, en Argentina, el modelo neoliberal que llegó para privatizar todos los servicios, y entre ellos el del agua, instaló una campaña "de concientización", decían, pero que tenía un trasfondo comunicacional alarmista. Entre muchas otras consignas, había un slogan bastante simple, pero pegadizo: "gota a gota, el agua se agota".
Desde la reestatización del servicio en el área metropolitana en torno a la capital argentina, el lenguaje amenazador se retrajo en forma considerable. Si bien siempre resultan insuficientes, hay en marcha obras tendientes a extender las redes de agua potable en forma legal, lo cual evitar que mediante conexiones precarias se produzcan pérdidas de ese líquido vital.
Sin embargo, aunque es muchas veces uno de los temas por el que los organismos internacionales ponen el grito en el cielo, la destrucción del agua potable tiene otros caminos, que son verdaderas autopistas, si se traza un paralelo con la velocidad del daño. En Argentina, y en América Latina, pero también en muchos otros lugares del mundo (por caso grave y poco conocido: Mongolia), la explotación minera avanza a ritmo vertiginoso. Ese avance implica un consumo desmesurado de agua, además del saldo de un territorio arrasado. Singularmente, las mineras nunca (o casi nunca) son locales. Se trata de firmas de capitales estadounidenses o canadienses, principalmente, para el caso de América Latina, o de capitales europeos.
Y los mismos organismos que muestran tanta preocupación por la pinchadura de una conexión clandestina de agua en un domicilio, con una manguera de media pulgada, como el Banco Mundial (BM), por ejemplo, nada dicen de la actividad minera.
El dato lo aporta el portal de OPI Santa Cruz, de la provincia argentina de Santa Cruz: "El yacimiento de oro de Santa Cruz, Cerro Vanguardia, tiene una demanda mensual de agua que oscila entre los 90 y 110 mil m3 por mes (para convertir a litros multiplicar por mil), utilizada para el proceso de explotación minera. Río Gallegos, según datos oficiales recabados en SPSE (Servicios Públicos Sociedad del Estado) demanda alrededor de 36.000m3 a lo largo del mes".
Haciendo uso de la lógica, tan caída en desuso por estos días, cabría preguntarse: ¿por qué, aún siendo originarias de los países militar y económicamente más poderosos, y que son los más injerencia tienen en ellos, los organismos multilaterales, como el BM, no advierten los riesgos de la actividad minera para el agua, un bien que al mismo tiempo denuncian que marcha rumbo a la escasez? Aún cuando se esboce la más conspirativa de las teorías conspirativas, no parece tener sentido que con el fin de preservarla para futuras supuestas invasiones de los países poderosos, los organismos multilaterales no lances advertencias contra la minería a cielo abierto.

¿Evo tenía razón?
Mientras se escribía esta segunda entrega del Informe, el 29 de julio último, el diario estatal boliviano Cambio publicó una extensa nota, bajo el título "ONU declara acceso al agua como un derecho humano para la vida". La nota comenzaba diciendo que la aprobación había tenido lugar un día antes, en el marco del sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y planteaba que "a iniciativa de Bolivia", la ONU "reconoce (tras la decisión) al agua potable y al saneamiento básico como derechos humanos universales". Eso, seguía el artículo, "coronó una intensa campaña internacional liderada por el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma". Ciento veintidós países votaron a favor, cuarenta y uno se abstuvieron. Y tras quince años de debates, la mayoría dio el sí a una resolución de compromiso redactada por Bolivia que consagra los derechos al agua y al saneamiento básico".
Quienes sigan aunque más no sea superficialmente la política internacional no podrán menos que admitir que los tomó por sorpresa el aval a una propuesta de Evo Morales, y más a una propuesta en esa línea. Y no porque el proyecto presentado no tuviera buenas intenciones, sino por el tipo de calificativos con que suelen alfombrarle el camino al presidente boliviano en no pocos lugares del mundo.
Como fundamentos de la propuesta, y de su aval, se mencionaron además de varias declaraciones previas, datos de extrema actualidad: las 884 millones de personas que carecen de acceso al agua potable y las más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico, o los 1,5 millones de niños menores de 5 años que mueren cada año, o los 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento.
En el punto 2 de la Declaración, la ONU "exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento". Y es en ese punto donde se instala nuevamente el interrogante. Interrogante respecto a la forma en que se entenderán, en cada país, y de la mano de cada gobierno de los países con menos recursos, la "asistencia" y la "cooperación" internacionales.

Federico Gabriel Sequeira, Argentina - Agosto de 2010 - Los Lanzallamas http://textosincendiarios.blogspot.com/

Fuentes:
• "Las Guerras del Agua", de Elsa Bruzzone. Editorial Capital Intelectual.
• Real Academia Española de la Lengua Castellana (http://www.rae.es/rae.html)
• Diario Cambio, Bolivia (www.cambio.bo)
• Organización Periodística Independiente -OPI Santa Cruz- (http://www.opisantacruz.com.ar/)

martes, 24 de agosto de 2010

Córdoba: Minas a corazón abierto

por José Ferrero desde | 23.08.10
Fuente: http://notio.com.ar/especiales/cordoba-minas-a-corazon-abierto-96

Los vecinos de Traslasierra están en alerta. Un pedido de inconstitucionalidad de la ley que protege a Córdoba de la minería metalífera en la modalidad a cielo abierto y del empleo de sustancias tóxicas, los asusta. Quieren vivir en un lugar sano y libre de contaminación. Los que elevaron el pedido aseguran que la minería no contamina, pero el recuerdo de Los Gigantes está presente y el temor a que algo parecido vuelva a ocurrir, sigue latente.

Julia tiene siete años, los ojos marrones grandes, el pelo lacio sobre la cara y una sonrisa enorme que no ahorra a la hora de conseguir lo que quiere. Está con su familia pasando unos días en una cabaña en la localidad de Las Calles. La están retando, el dueño del lugar le cuenta una historia sobre gnomos que viven bajo los hongos y que se ponen tristes si ella hace lo que no está permitido.
Cuando la historia termina, Julia corre a contarles a sus hermanos que hay duendes debajo de los hongos y no recuerda nada de lo que no se puede hacer. Al rato ella lo volverá a intentar.
El comportamiento de Julia se parece a lo que está pasando en la zona de Traslasierra por estos días. Hay una ley que prohíbe minería metalífera en la modalidad a cielo abierto, sin embargo, sería conveniente no respetarla, o mejor: declararla inconstitucional.
Una situación que alertó a los vecinos cuando el 18 de mayo de 2010 el Tribunal Superior de Justicia aceptó analizar el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 9526/08 presentado el 4 de mayo de 2009 por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), ley que protege a la provincia de la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y del empleo de sustancias tóxicas.
La extracción minera en Córdoba y los vecinos tienen una larga historia de discusiones en torno a la utilización del medioambiente.
Este capítulo se abrió en 1992 cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) realizó estudios en la zona de Pampa de Achala. Unos cateos que aún siguen marcados en las laderas, con el nombre Cateo Christian y todavía se los ve en las piedras de las sierras como L1, L2, L3 y L4.
Julia vacaciona muy cerca de ahí. Desde donde ella juega basta levantar la vista para ubicar la zona donde está el cateo, y donde, si la ley se lo permitiera, se instalaría una mina a cielo abierto.

El origen del cuento
A finales del 2007 los vecinos se enteran de que la CNEA presenta un pedido ante la Secretaría de Minería de Córdoba para continuar los trabajos de exploración en la zona con la clara intención de ubicar e instalar una mina de extracción de uranio.
“El pedido es un expediente que está suspendido pero no dado de baja, son 5.000 hectáreas que van desde el filo de la sierra Pampa de Achala hasta los 1.500 metros de altura de las sierras de la zona, en la naciente del Río Chico de Nono” detalla Francisco Chiacchietta, periodista de 35 años que llegó a Córdoba con su familia en busca de un lugar sano donde criar a sus hijos.
La Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala se encuentra en el centro del cordón de las Altas Cumbres de Córdoba y es cabecera de las cuencas que proveen de agua potable al 70% de la provincia.
“En el 2007 nos enteramos de este pedido de exploración formal. La CNEA solicita el pedido bajo el mismo nombre: Cateo Christian, es decir quieren retomar lo que habían empezado en el 1992. Nos contactamos con gente del Valle de Punilla que ya estaban agrupados en asambleas desde un par de años antes, bajo en nombre ¡Ongamira Despierta! Ahí nos enteramos que ellos estaban redactando un proyecto de ley para frenar las minas metalíferas a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas y la minería de uranio en Córdoba”, recuerda Chiacchietta.
Del trabajo de los vecinos se juntaron 80.000 firmas y el 21 de mayo de 2008, ellos, en caravana llevaron el anteproyecto de Ley a la Casa de Gobierno, a la Secretaría de Minería y a la Legislatura provincial donde lo entregaron a cada uno de los presidentes de bloque.
Semanas después ingresó a la Legislatura provincial presentado por el propio Poder Ejecutivo provincial. Se trabajó durante varios meses hasta su presentación y aprobación por unanimidad, lo que resultó siendo la Ley 9526 que establece: “La prohibición en todo el territorio de la Provincia de Córdoba la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y del empleo de sustancias tóxicas” y “La prohibición en todo el territorio provincial de la minería nuclear.”
Desde entonces Córdoba aumentó a siete el número de provincias que prohíben este tipo específico de minería en el territorio argentino -Chubut (2003), Río Negro (2004), Tucumán (2006), Mendoza y La Pampa (2007), Córdoba y San Luis (2008)-.
Sin embargo, y a pesar de que la ley ya entró en funcionamiento el CEMNICOR y la APCNEA presentaron el pedido, a pesar de que la Constitución de la Provincia de Córdoba especifica los requisitos que debe cumplir toda acción de inconstitucionalidad entablada, requisitos que a criterio de la propia Fiscalía General del Poder Judicial no se cumplieron.
Aún así, el Tribunal Superior de Justicia decidió aceptar formalmente la acción y comenzar a estudiar el fondo de la cuestión. Este proceso terminará con una sentencia que decidirá si la Ley 9526 es o no constitucional.
Los mineros alegan en la demanda, entre otras cosas, que la actividad minera desarrollada por la CNEA no produjo “ningún tipo de contaminación y daños a la salud a persona alguna” y que “la CNEA nunca abandonó pasivos ambientales en ningún lugar en donde se hubieren producido, ya que los que abandonaron los pasivos ambientales fue la autoridad minera”.
La Dra. Marina Martínez Meijide, abogada ambientalista miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados ¡Ongamira Despierta! aclaró que: “Es inaceptable que la propia APCNEAN desconozca la contaminación que se produjo y se produce en los sitios explotados por la CNEA. Esta contaminación fue reconocida por ellos y consta en numerosos informes de auditoría ambiental efectuados por las autoridades. Es ridículo que pretendan desligarse de la responsabilidad ya que los pasivos ambientales continúan ahí, más de 20 años después de que el yacimiento (Los Gigantes) terminara de operar y sin haber presentado un plan de cierre conforme lo determina la legislación vigente”.
Según el sitio oficial de la CNEA, bajo el título: “Sitios a restituir ambientalmente”, se puede leer que el complejo fabril Córdoba, donde hoy funciona la planta de producción de UO2 (operada por Dioxitek y un equipo de CNEA de geología), que: “Como producto de las actividades de concentración se encuentra en el lugar 57.600 toneladas de colas de mineral de uranio.”
Y el Complejo Minero Fabril Los Gigantes que se encuentra en la Sierra Grande a 30km de la ciudad de Villa Carlos Paz: “Este complejo operó hasta 1990 explotando el recurso que había sido descubierto por la CNEA en los años 60 y dejó en la zona: 2.400.000 toneladas de colas, 1.000.000 de toneladas de estériles y 600.000 de marginales. Si bien no hay poblaciones en las cercanías, la existencia de los materiales descriptos, aguas arriba de zonas turísticas da al problema un carácter particular.”
Sin embargo el ingeniero Hugo Apfelbaum, presidente de CEMINCOR asegura que: “La ley está mal hecha” porque ley prohíbe la minería metalífera en la modalidad a cielo abierto y el empleo de sustancias tóxicas. “Acá la minería no quiere destruir glaciares, ni contaminar agua”, recalca. Pero cuando se le menciona el caso de Los Gigantes dice no conocer mucho del tema, que lo poco que sabe lo leyó en algunas editoriales aunque reconoce “que hay un pasivo ambiental que hay que tratar. Sí, hay un problema a solucionar, problema que a corto plazo tendrá una solución, gracias a Dios”. Solución que aún no la CNEA no encontró ni empezó a implementar.
Mientras tanto Julia crece, y es posible que cuando tenga nietos los entretenga con los mismos cuentos que le narraron de chica. Sin embargo, si la ley es declarada inconstitucional, su historia empezará diciendo: Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un lugar llamado Traslasierra…

VER VIDEOS: DOCUMENTAL SOBRE SITUACIÓN MINERA EN CÓRDOBA "Minas a Corazón Abierto"

Informe 1: http://notio.com.ar/video/minas-a-corazon-abierto--informe-1-245
En Córdoba, un pedido de exploración de minerales alertó a la población de Traslasierra. En 2008 la Legislatura sancionó una ley que impide la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas. Ahora el logro de vecinos peligra y crece el miedo a la contaminación.

Informe 2: http://notio.com.ar/video/minas-a-corazon-abierto--informe-2-246
El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba aceptó analizar el pedido de inconstitucionalidad de la ley que protege a la provincia de la minería a cielo abierto. Los vecinos temen que si esto es aprobado su forma de vida se vea amenazada

Informe 3: http://notio.com.ar/video/minas-a-corazon-abierto--informe-3-247
Traslasierra es una zona de la provincia de Córdoba donde el aire es fresco, la vida tranquila y los ciudadanos eligen vivir en armonía con la naturaleza. Si la minería a cielo abierto logra instalarse, la forma de vida que ellos tienen y por la que pelean, desaparecería definitivamente

sábado, 21 de agosto de 2010

Un modelo fatal en Córdoba

Guillermo Posada (PRENSA RED)

La provincia que ocupa el porcentaje más alto de siembra sojera del país demanda un fuerte debate sobre un modelo de desarrollo sustentable, mientras las cámaras mineras acosan en el Superior Tribunal de Justicia la ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto.
Córdoba integra el grupo de provincias que ha impuesto la prohibición a explotar la minería a cielo abierto. La Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba cuestionó la constitucionalidad de la ley provincial 9526 ante el Tribunal Superior de Justicia y levantó una ola de protestas de los grupos que promueven un desarrollo sustentable. Por eso cayó mal que la presidente Cristina Fernández presentara a nuestro país como ‘abierto’ a las inversiones de las trasnacionales mineras, durante el encuentro que tuvo en Canadá con el dueño de la Barrick Gold, en el marco del Encuentro de Presidentes del G20.
El colectivo Ongamira Despierta viene luchando hace años contra la exploración minera contaminante. Ongamira es una región cercana a Capilla del Monte, en el norte del valle de Punilla, con gran riqueza antropológica y un paisaje de ensueño donde hace tres años llovieron las denuncias respecto a perforaciones para extraer minerales.
La comunidad se movilizó, junto a grupos de diferentes zonas de la provincia, logró conformar un grupo de presión que obligó a la Legislatura provincial a aprobar por unanimidad la norma que impide la explotación contaminante.
Este, junto a otros debates, envuelve a los cordobeses que rechazan los designios de la división internacional del trabajo. “No estamos obligados a ser eternamente proveedores de materias primas. Córdoba tiene toda una historia diferente a lo que impuso el neoliberalismo de las últimas dos décadas”, apunta Oscar “Cacho” Mengarelli, secretario General de CTA Córdoba. Además, el medio ambiente cordobés se encuentra al límite de su tolerancia.
Sólo quedan en pie 600 mil de los 12 millones de hectáreas de Bosque Nativo con que contaba la provincia a principios de siglo. La expansión de la frontera agrícola llevó a la extenuación las napas acuíferas, afectadas por el desmonte y la utilización descontrolada de agroquímicos que afectan seriamente la salud de la población, amen de que los suelos no retienen y las sequías afectan de igual modo que el cambio de régimen de lluvias.
“El Estado no cumple con su rol controlador, quieren entregarnos a las manos de las trasnacionales que venden sus paquetes tecnológicos. Córdoba está regada por los agroquímicos de Monsanto: el endosulfan, el glifosato, los agroquímicos envenenan el agua. No olvidemos que en la provincia el servicio de agua potable está privatizado, a diferencia de otras provincias del país. Acá usan el agua potable sin control para los campos y, al mismo tiempo, instalan medidores en los barrios y aumentan las tarifas, como si la gente tuviera la culpa de la falta de agua; la propaganda oficial promueve que denunciemos al vecino que lava el coche, quieren convertirnos en alcahuetes, pero no hacen nada con el saqueo hídrico que estamos sufriendo. Por eso, las iniciativas de las mineras, si bien están prohibidas, nos ponen en estado de alerta”, avisa Mengarelli.

Ese líquido elemento
Los problemas hídricos en Córdoba aumentan año a año. Durante todo el verano pasado el nivel de los diques serranos alcanzó bajantes mínimas que obligó a los municipios a racionalizar el servicio de las cooperativas en plena temporada de vacaciones. Esto sirvió como excusa al gobierno provincial para justificar los cortes de energía que sufrió la provincia durante más de 20 días, aunque las causas hay que buscarlas en el vaciamiento de la empresa provincial de energía (EPEC) durante los últimos 30 años.
Diversas organizaciones como la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCodav), que integra la Constituyente Social, han denunciado que la provincia exporta millones de litros de agua junto a los granos sojeros que Córdoba canaliza por los puertos de Rosario.
Por su parte, el Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA) presentó el año pasado un recurso de amparo ante la Justicia para que “se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación del glifosato y del endosulfán, elementos químicos que componen los herbicidas y pesticidas que se utilizan para cultivo en todo el territorio de la República Argentina para cualquier tipo de sembradío, particularmente la soja, maíz, trigo, girasol, etc.”.
Esta presentación se sumó a la denuncia de la CCodav ya que, a través del canal a cielo abierto Los Molinos, rodeado de sembradíos de soja transgénica, una lluvia de agrotóxicos arrojadas desde avionetas, mosquitos y mochilas, ingresa a los hogares de 450 mil habitantes de la zona sur de la capital provincial, mediante un canal abierto, cuya extensión es de 64 kilómetros, y abastece a populosos barrios de la ciudad de Córdoba desde el dique Los Molinos.
Los denunciantes responsabilizaron a la empresa concesionaria Aguas Cordobesas, propiedad del Grupo Suez-Roggio, a los gobiernos municipal y provincial, a los dueños de campos y fumigadores. En ese sentido, pidieron que sean procesados en los términos del capítulo V del Código Penal que castiga a quienes cometen “delitos en contra de la salud pública, el envenenamiento y adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas”.
Precisamente, el artículo 200 expresa que: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión”.
“La voracidad empresarial hizo que se utilizara un canal de riego que nunca se entubó porque es una obra costosa para las empresas, que priorizan la rentabilidad”, indicó Gustavo Spedale, referente de la (CcoDAV). Por su parte, el Ministerio de Agricultura provincial se ufanó de reportar la cosecha del 2009 como más importante de la historia, aumentada en tres millones de toneladas respecto al año anterior. Así, la producción llegó a superar los 14 millones de toneladas de granos de soja.

Todo ganancias
Esta cosecha, que tiene su traducción en el aumento del valor de la hectárea en la provincia, no fue un factor determinante para que el gobierno modificara la alícuota del impuesto Inmobiliario Rural, dados los altos niveles de rentabilidad que presenta el negocio agropecuario. De hecho, son muchos los especialistas que acusan a la Provincia de volver cada vez más regresivo el sistema tributario cordobés.
Los sucesivos gobiernos de Ramón Mestre, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, que expresan la alternancia entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, han coincidido en no modificar el tributo, mientras los paquetes tecnológicos hacían cada año más rentables las cosechas, la devaluación mejoró el coeficiente de costos y los precios internacionales se iban por la nubes.
En ese contexto, para el legendario economista cordobés Salvador Treber “el impuesto Inmobiliario Rural ha sido descartado como recurso válido. En 1999 de cada 100 pesos de ingresos brutos se recaudaba 60 por aquel tributo, hoy por cada 100 se recaudan 12. La justificación es exclusivamente política. Desde el año ’93 no se actualizan las valuaciones fiscales y el sector rural se caracteriza por ser un deudor moroso histórico: desde el 2000 al 2005 se recaudó por Inmobiliario Rural alrededor de 350 millones pero la mora es de 527.
Eso quiere decir que el 40% cumplió y el resto no atendió siquiera con esos insignificantes montos. Están acostumbrados a sacarle la lengua a la provincia. El gobierno no hace nada respecto a esa mora porque son votos”.
Progresivamente, este esquema fue acorralando a los pequeños productores agrícolas y favoreciendo a los pooles sojeros que se convirtieron en el modelo de producción agrícola, en conjunción con las expectativas de las trasnacionales como Monsanto que tienen nuestro país como ícono del desarrollo de nuevas tecnologías agrarias. En Córdoba, se estiman en 20 mil los productores desplazados.
La falta de información sobre los productos de Monsanto no es nueva. Vale recordar que la misma empresa ocultó durante 50 años que el DDT era un producto cancerígeno. Ahora está prohibido. Entre otras perlas curriculares, la empresa norteamericana fue una de las proveedoras del famoso Agente Naranja, agroquímico que el ejército norteamericano utilizó para desfoliar millones de hectáreas de selvas en Vietnam con el objetivo de combatir a las guerrillas que resistían la invasión, y que murieron o sufrieron graves consecuencias tras intoxicarse con el químico. Por el hecho la empresa debió pagar 80 millones de dólares en indemnizaciones a cientos de veteranos del ejército americano que sufren las consecuencias de haber estado en contacto con dicho producto, denominado naranja” por el color de los bidones donde se lo fraccionaba.
La periodista e investigadora francesa Marie Monique Robin aseguró durante su reciente visita a Argentina, adonde llegó para difundir el documental El Mundo según Monsanto, que “el Roundup destruye todo, cualquier cultivo menos la soja transgénica, y genera gravísimos problemas de salud para las personas”.

Cosecha amarga
La expansión sojera afectó otras producciones agrícolas que encontraban su lugar en Córdoba. Tal es el caso de la producción apícola que ha caído a niveles históricos y amenaza con desaparecer. Por lo pronto, la provincia descendió del segundo al cuarto lugar en el orden nacional de la producción y exportación de miel, cediendo su puesto a Entre Ríos, que anteriormente se ubicaba cuarta. Así lo computó un estudio presentado en la IV Reunión Institucional de la Región Centro, realizada en octubre de 2008.
“Córdoba es probablemente la provincia donde más se ha impuesto el proceso de extensión de la frontera agrícola y el aumento de aumento de la producción de soja. Sin dudas, en ese marco, la producción apícola se ha visto afectada fuertemente”, señaló a la Revista El Sur, de Río Cuarto, Daniel Carignano, secretario de Ganadería de la Provincia.
El resultado ha sido contundente en términos económicos para el sector. Adrián Jáuregui, apicultor y dueño de Apícola Jáuregui, comercio ubicado en la capital provincial, dijo que la venta de insumos en el sector bajó un 40% en los últimos dos años.
Tanto el Estado nacional como el provincial intentaron reacciones espasmódicas para justificar que algo hacen ante la debacle del sector pero las medidas adoptadas, en términos de subsidios o devoluciones de retenciones, que la exportación de miel paga en el orden del 10%, no pudieron hasta el momento detener la tormenta de pooles de siembra, que concentran el 80% de la producción de soja según los datos extraoficiales que circulan en el país.

*Guillermo Posada integra el Equipo de Comunicación de la CTA-Córdoba.

Fuente: http://www.argenpress.info/2010/08/un-modelo-fatal-en-cordoba.html

martes, 17 de agosto de 2010

La "verdad" en tiempos neoliberales

Por Norma Giarracca * publicado en el diario Página/12

La cuestión de "la verdad" ha estado muy conectada al pensamiento de la filosofía política. En los siglos XIX y XX, la "política" crítica y emancipadora fue considerada como una actividad humana productora de "verdad"; así la entendían Karl Marx, que tiñó a la ideología dominante de falsedad mientras adjudicaba a su teoría política la capacidad de develarla, y también Antonio Gramsci, que acuñó su famosa sentencia "la verdad es revolucionaria". Cuando muchos filósofos políticos sostienen que en nuestros días esa política ha retrocedido para dejar un vacío que intenta ocupar la pura "política como gestión", podemos comprender por qué el problema de la verdad está tan vapuleado y manoseado. La "verdad" ya no es un problema constitutivo de la política; por el contrario, en esta política con la que convivimos el sostenimiento de la falsedad o la mentira se presenta como un dispositivo central utilizado por los factores de poder en sus modos de gestión.
De ningún modo sostenemos que las relaciones sociales son transparentes o podrían serlo; pero la opacidad de las mismas y sobre todo cuando se trata de la gestión pública o de los bienes comunes, tiene que encontrar un límite establecido por la sociedad. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es ese límite hoy? ¿Quiénes lo generan?
Asistimos a situaciones que ponen de manifiesto este retroceso de la "verdad" en los ámbitos del poder. El jefe de Gobierno porteño es procesado por permitir funcionar en su administración a un grupo que llevaba a cabo escuchas ilegales para no se sabe bien qué fines. Todos fuimos testigos de esos nombramientos y "contranombramientos" que lo han comprometido judicialmente; una y otra vez escuchamos y vimos a un Macri defendiendo a tal o cual personaje que ahora parece desconocer. No obstante, cuando unos jueces se toman en serio su trabajo y deciden procesarlo, vemos y escuchamos miles de veces por día "es mentira", "yo no dije eso, lo dice el juez", "no hay pruebas". Se dice que quienes lo asesoran lo conducen a mantener ciertas posiciones y no apartarse de ellas bajo el supuesto de que a los porteños no les importan ni las escuchas ilegales ni las mentiras. ¿Qué hipótesis de ciudadano porteño tienen esos asesores? ¿Qué idea de sujeto están sosteniendo las políticas y los políticos del modelo neoliberal?
Esta situación de un dirigente de alta jerarquía mintiendo se nos muestra porque es una disputa dentro del poder político. Muchas personas importantes con acceso a los medios masivos ayudan a desactivar las estrategias de Macri-PRO y las mentiras aparecen con más nitidez que en otras ocasiones. Pero en muchas otras situaciones no sucede así porque los actores poderosos acuerdan en sostener aquello enunciado como verdad y la mantienen férreamente en el tiempo. Abandonemos el espacio político y vayamos al económico, donde la complejidad es aún mayor, ya que se trata de construcciones donde intervienen actores económicos (corporaciones internacionales) y políticos (gobernadores, ministros, etc.). Allí la cuestión de la "verdad" se juega, por ejemplo, en relación con las consecuencias de la actividad en cuestión: la minería a cielo abierto, las pasteras y papeleras, el agronegocio, y otras actividades extractivas. Recordemos que se trata de la utilización y gestión de bienes comunes.
Las corporaciones (léase UPM-Botnia, Barrick Gold, Monsanto, etc.) sostienen "no hay contaminación", "no hay enfermedades alrededor de las instalaciones o fumigaciones", etc., y el "principio precautorio" es enterrado junto con la primera víctima de la contaminación. En efecto, científicos, poblaciones enteras, médicos de las localidades pueden demostrar relaciones significativas entre los insumos de estas actividades (cianuro, glifosato, etc.) y desastres ambientales y de la salud pública, pero estos actores siguen manteniendo que "no hay contaminación". El domingo 25 de julio, en este diario, dos científicas contaron sus hallazgos con referencia a la contaminación de las pasteras, pero se sigue sosteniendo "UPM-Botnia no contamina" y hasta la Corte de La Haya repite aquello que los poderes económicos internacionales quieren oír: "No hay pruebas". Se seguirá manteniendo que las mineras, las pasteras, el agronegocio "no contaminan" tanto como sea necesario a los negocios. Cuando es necesario, hasta se recurre a la violencia, como sucedió en La Leonesa, Chaco, con el investigador Andrés Carrasco, para sostener que "el glifosato no contamina".
Lo que deseamos mostrar es que estos modelos económico-políticos de tiempos de globalización neoliberal se ven obligados a sostener grandes mentiras debido a que saben que sus propuestas no favorecen a los conjuntos sociales, pero necesitan cierto consenso que emana de ellos. Recurren entonces a este dispositivo con el asesoramiento "marketinero" que trata de imponer "las verdades" (o no verdades) con la pura repetición. No obstante, algún espectro de aquella otra política emancipatoria ahora actualizada puede circular entre nosotros e iluminar la opacidad de estas relaciones con la acción humana y colectiva de variados actores. Allí es donde aparece la posibilidad de construcción de una "verdad" mínima y necesaria para mantener los lazos de confianza que sustenten la búsqueda de una sociedad mejor.

* Socióloga, Instituto Gino Germani (UBA).

lunes, 16 de agosto de 2010

Ley de Glaciares: "Es erróneo decir que es una ley antiminera"

Ricardo Villalba , el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, sostiene que nadie puede oponerse a resguardar las fuentes de agua.


La nueva versión de la ley de glaciares aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación otorga un rol fundamental a una institución nacional que era desconocida hasta hace poco tiempo. Se trata del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y tiene sede en la provincia de Mendoza.
Según el proyecto, al que sólo le falta la sanción definitiva por parte del Senado, el Ianigla será el brazo del Estado que deberá hacer cumplir el control sobre los glaciares de todo el territorio argentino. Su primera y fundamental tarea será encarar algo que Argentina jamás hizo: relevar la totalidad de glaciares del país.
Pero será el primer capítulo de ese relevamiento el que provocará mayores polémica y problemas. La nueva ley, por un cambio de último momento, determina que el Ianigla deberá abocarse primero a relevar los lugares donde están funcionando o estén por funcionar los principales emprendimientos mineros a cielo abierto de la Argentina.
El presidente del instituto es el doctor en geociencia Ricardo Villalba, con formación de posgrado en las universidades estadounidenses de Colorado y Columbia, cuya especialidad dentro de la glaciología son las fluctuaciones de los glaciares.

-¿Cómo vio la discusión en el Congreso por esta ley?
-Hemos estado involucrados, como instituto, desde el punto de vista técnico y científico desde los primeros proyectos que se presentaron en 2006. Trabajamos con Marta Maffei, en forma indirecta con el proyecto que elaboró Miguel Bonasso y también con el de Daniel Filmus, siempre desde lo técnico. Este proyecto que aprobó Diputados es justamente una fusión de todos, que eran muy similares. Esta media sanción que recibió es muy auspiciosa para nosotros y esperemos que se apruebe en el Senado y el país pueda contar con la ley.

-La propuesta pone en primer plano al Ianigla. Van a abandonar el "anonimato".
-Somos parte del Conicet y, en conjunto con la Universidad de Cuyo y las provincias de Mendoza y San Juan, Ianigla es la unidad ejecutora que viene desarrollando una gran cantidad de investigaciones glaciológicas. Hicimos fuerte hincapié en la necesidad de un inventario de glaciares, porque no se puede hablar de un recurso que no sabemos dónde está, ni cómo se encuentra ni cómo está evolucionando. Hasta ahora se hizo en parcelas, jamás uno nacional. Ianigla hizo inventarios en la década del ’80, en las cuencas de los ríos Mendoza, Atuel y San Juan, pero basados en fotos aéreas de 1963, un elemento obsoleto que ya tiene 50 años.

-¿Les molesta que lo primero que tendrán que hacer es ir a inspeccionar las zonas de las minas a cielo abierto?
-Justo ese punto era muy difícil de solucionar, el tener que ir primero ahí. Pero obviamente, ante esta situación, de no tener inventario, no se puede saber si una compañía minera o petrolera está trabajando o no sobre el glaciar. Uno no puede ir y detener el trabajo de la empresa y las obras si no se sabe si están dañando un glaciar. Haremos el inventario y luego los estudios de impacto ambiental.

-Si una minera afecta no sólo los glaciares visibles sino los escombros de glaciares y el permafrost (el suelo congelado), ¿debe paralizar el emprendimiento?
-Todos esos tipos de glaciares estarán dentro del inventario. Nuestra misión es decir "aquí hay un glaciar". Luego, el estudio de impacto ambiental, que no lo tiene que hacer nuestro instituto, dirá que si se afecta el cuerpo de hielo, esa obra se tiene que detener. Yo entiendo que ese es el procedimiento que debe aplicarse para que no se siga dañando un glaciar. Los glaciares son cuerpos de hielo proveedores de agua de primera calidad; no podemos permitir ninguna actividad que los dañe.

-¿Por qué es tan polémico algo que parece claro?
-Muchos ven el proyecto de protección de glaciares como una ley antiminera. La situación tiene que estar clara, lo que se pide es proteger el área de la cordillera que cumple con la función fundamental como fuente proveedora de agua. En Mendoza, los glaciares son menos del uno por ciento de la superficie provincial, pero en épocas de sequía ese uno por ciento puede proveernos por años hasta el 40 por ciento del caudal del río. Protegiendo ese uno por ciento amortiguamos la seguía en un 40 por ciento; queda el 99 por ciento de la provincia para otras actividades. Si las compañías mineras consideran que esta es una ley antiminera, es erróneo.

-¿El instituto tiene los medios para hacerse cargo de todo lo que pide la ley?
-Es un desafío muy grande. No tenemos recursos enormes. Nuestra principal tarea será coordinar con universidades y organismos de todo el país. El Ianigla cuenta con más de 100 personas, pero la glaciología es sólo una de las numerosas áreas de trabajo. Sólo tenemos seis u ocho glaciólogos y 15 ó 20 personas en formación. Hay que formar más gente, porque los glaciólogos que tenemos hoy son investigadores, tienen sus obligaciones contraídas y vamos a necesitar gente dedicada ciento por ciento al inventario de glaciares.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/opinion/es-erroneo-decir-que-es-una-ley-antiminera

viernes, 13 de agosto de 2010

Mega-minería: La tierra devastada (II)

Redes territoriales, territorialización de redes, comunidades del NO (1). Con la expansión de la mega-minería y la entrega de recursos a capitales transnacionales, en el país y en la región han surgido nuevas formas de movilización y participación ciudadana para defender el medioambiente. El presente artículo analiza algunos aspectos de esta resistencia.
Por Mirta Alejandra Antonelli

"Imagínese que le avisen que debe dejar su casa, sus animalitos, sus muertos y lo lleven a un sitio desconocido sin consultarle nada. ¿Cómo se sentiría?"
Eduardo Sueldo, de la sureña región peruana de Apurímac.

"El polvo plúmbeo, las explosiones de dinamita y los gases tóxicos de la explotación de zinc, oro y plata- que lleva a cabo Volcan Compañía Minera- han arrinconado de tal modo a la población que el gobierno acaba de promulgar una ley para trasladar a los habitantes. El tajo tiene hoy 1,8 kilómetros de largo en esta ciudad que es capital de la región de Pasco. Alrededor de él se extiende el purgatorio (...) Para sorpresa de muchos habitantes, y tras dos años de perseverancia de un sector del Congreso legislativo, el Poder Ejecutivo promulgó el 13 de diciembre la ley 29.293 que declara de necesidad pública e interés nacional la reubicación de la gélida ciudad (...). A diferencia de las zonas urbanas de Cerro de Pasco y Morococha, las operaciones de Xstrata en la sureña Apurímac requieren desplazar a los campesinos de Fuerabamba, que viven de la agricultura y la ganadería y están acostumbrados a las grandes extensiones de tierra".
Milagros Salazar


"Las sociedades o grupos sociales actúan sobre el ambiente según las representaciones que se hacen de sus relaciones con él. Estas representaciones favorecen las extracciones devastadoras o, por el contrario, ejercen un efecto limitador sobre ellas. Por eso puede decirse que la historia natural es también historia social".
Martínez Allier

La macro privatización de los `90 entregó los recursos naturales al sector privado como único beneficiario, a la vez que el Estado se autoinhibió para ello, cediendo soberanía y territorio. Desde entonces, a todos los habitantes del territorio se nos ha instituido con la figura del superficiario del subsuelo.
Como se sabe, a diferencia de otros países de la región, la Argentina no posee un pasado minero, memorias ni imaginarios identitarios de larga duración respecto a esta actividad, y tanto menos, respecto de esta mega-minería que, lejos de borrar su protagonismo de economía de enclave colonial en la historia mundial y del continente, ha promovido ya un cuantioso y relevante registro de triple casuística: su capacidad de lobby para el diseño de políticas pro-extractivas liberalizadas en detrimento de derechos constitucionales, las violaciones a derechos humanos, en especial, los de tercera generación (derechos económicos, sociales y culturales), con enfática vulneración de la territorialidad de pueblos originarios y de poblaciones rurales, y la tendencia a la criminalización y judicialización de la protesta social.
Describir esta nueva minería es central para entender la oposición cada vez mayor de las poblaciones a los emprendimientos mineros, el por qué, según un mapa creciente de movimientos socio-ambientales en la región (CIDSE, 2009)2 resisten a la mega-minería, en evidentes condiciones de asimetría. La cartografía social de las resistencias está estrechamente vinculada a la progresiva y acelerada expansión de las fronteras agrícolas, mineras, energéticas, sobre territorios que pertenecen a comunidades originarias, poblaciones rurales, zonas patrimonializadas o declaradas como áreas de reservas y yacimientos arqueológicos, patrimonios paisajísticos y de turismo; y también en zonas próximas a localidades, comunas y ciudades.
Como sostiene Svampa (2008)3, no es aleatorio que en este escenario, caracterizado por la presencia desmesurada de grandes empresas transnacionales, se hayan potenciado las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, al tiempo que han surgido nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los bienes comunes.
En menos de un lustro, el movimiento socioambiental en Argentina, de modalidad asamblearia de autoconvocados ha crecido de manera relevante y se ha consolidado como una Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC); ha llevado adelante hasta marzo de 2010, doce encuentros nacionales en distintas localidades y, ya en 2007, se conformaría la red regional ASANOA, asamblea socioambiental del NOA, en la que confluyen autoconvocados de Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero. En la actualidad alrededor de 70 asambleas se reúnen en dicha unión, donde convergen problemáticas y conflictos emergentes ante el extractivismo y los impactos socio-sanitarios y ambientales de actividades industriales y urbanas. En sus encuentros, debates y acciones participan activamente colectivos que, al igual que las asambleas, se manejan de forma horizontal, autogestionada y apartidaria.
Las resistencias se articularon primero con la consigna que surgió en Esquel (Neuquén) "No a la mina", y en un verdadero narrema geopolítico territorial, ha producido la consigna y sentencia popular "contra el saqueo y la contaminación", de modo de atacar los dos núcleos que justifican la resistencia: la entrega de recursos a capitales transnacionales, y la contaminación que le es inherente a la modalidad mega-extractiva. Se trata de un radical rechazo al carácter irrestricto del extractivismo y a su implantación puramente mercantilista, la que se está efectuando sin consulta ciudadana, legalmente prevista, desde el No esquelense, en 2003. En tal sentido, sin consulta, y en medio de la opacidad de un Estado que concesiona yacimientos al vertiginoso ritmo de los intereses corporativos, el modelo minero ha adquirido la entidad de una ocupación transnacional de territorios.
Las asambleas de distintas zonas amenazadas por la mega-minería del país interactúan también con redes de Chile y Perú, integradas por redes de observatorios de transnacionales en América Latina, redes de activistas de derechos humanos de los países de procedencia de los capitales, como USA y Canadá, redes de científicos independientes, etc.
En el caso argentino, el rechazo fundado ha quedado plasmado, mediante la acción de la sociedad civil conducente a la prohibición de esta minería a cielo abierto, en siete provincias argentinas, así como las ordenanzas por las que varios municipios se han declarando "no tóxicos", estatuto central para impedir la minería uranífera.

Resistencias a ser los superficiarios
De la dinámica de las resistencias consideraré dos dimensiones. La primera es la construcción colectiva de dos tipos de conocimientos -diferenciales pero no autónomos- el conocimiento cívico-ciudadano con carácter de denuncia social y/o pragmática, esto es, ante la justicia, respecto a la institucionalidad comprometida con el modelo minero; y la segunda; concierne el conocimiento ambiental y sus probatorias, basados en saberes expertos independientes, testificaciones y testimonios vividos, que ponen en cuestión o desmienten el discurso de los "expertos", tanto de los agentes identificados como profesionales de la tecno-ciencia -mercantilización del conocimiento- como de los mediadores simbólicos y gestionadores de conflictos, que generalmente en redes trans-locales, coadyuvan para la obtención de la licencia social para operar, es decir, el permiso de las comunidades para la instalación empresarial en zonas de explotación.
Esta dimensión abona una tesis política acerca del movimiento socio-ambiental, cuyo repertorio de acciones interpela la institucionalidad pro-extractiva que se viene consolidando, en nombre del principio de democracia sustantiva, esto es, el derecho a tener derechos en tanto principio ético-normativo y sentimiento ético de pertenencia a una comunidad internacional de derechos humanos y de justicia socio-ambiental, refrendada por normativas internacionales que nuestro país ha suscrito con rango constitucional. Las resistencias ejercen la acción colectiva, las prácticas directas e indirectas de la democracia, y se presentan éstas como desafiliación -no del Estado, al que interpelan- sino a su administración gubernamental. Por otra parte, las resistencias no se limitan a los impactos socio-ambientales de notable envergadura, sino que, con distintos mecanismos sociales de desmentida, hacen estallar el discurso del "modelo nacional de desarrollo" en el que se legitima el discurso estatal-empresarial. Por ello, discrepa y recusa la categorización, ciertamente devaluadora que se asigna a las resistencias, esto es, la de ser "destituyentes", según miradas gubernamentalistas.
Se trata de dos producciones de verdad: la "verdad justiciera", que configura la casuística de los ilegalismos, ilícitos, irregularidades, incumplimientos, etc., en los que incurren funcionarios públicos, intermediarios y empresarios, y la "verdad epistémica", que argumenta con fundamentos de distintas matrices epistemológicas, de la ética ambiental y también de la justicia ambiental. En este proceso se consolida la legitimidad epistémica de rastreadores en y del territorio. Además de los saberes implicados en el proceso extractivo, sus fases, sus consecuencias, y el valor del campo de experiencia y sus registros biográficos -comunales y territorializados- se ha consolidado un discurso argumentativo crítico plural.
Al contrastar el discurso ambiental de estas redes de resistencias, queda claro que las comunidades construyen, socializan y acumulan saberes relativos a lo eco-sistémico ambiental, político-económico y socio-cultural que fuertemente desmienten la construcción descalificadora que los agentes hegemónicos promueven contra las comunidades, los pobladores, los activistas y hasta los científicos críticos: los nuevos bárbaros y los desclasados epistemológicos.
Para abonar este punto, y en relación con la estrategia de "expertos" con la que se procura el aplanamiento del "problema minero" a una cuestión de experticia, valga decir que la construcción de saberes es múltiple, y lo "ambiental", el devenir "ambientalistas", se enlaza con la dimensión ciudadana de la cultura, donde prácticas colectivas construyen socialmente la verdad y propenden a la promoción social de la justicia. En todo caso, estos conocimientos que dan sentido a las prácticas contribuyen a la autoafirmación política, no delegativa.
Las resistencias sólo en una de sus dimensiones se manifiesta como performática, esto es, rituales de ocupación del espacio que recuperan como público, en tanto territorialización del conflicto: el escrache, los cortes, los desvíos de camiones con sustancias tóxicas, etc. Esta dimensión espectacular resulta el contenido de la forma, el poner en el espacio público como litigio, lo que se litiga en los ámbitos judiciales, lo que se demanda en espacios de mediación, como la defensoría del pueblo, las solicitudes que se dirigen como accountability o exigencia de respuestas, esto es, la obligación responsiva que tienen -pero no cumplen- distintos funcionarios y agencias públicas y privadas; y la producción de informes de violaciones a derechos humanos.

Tesis de la Interculturalidad en acción: el territorio en el centro de la escena
La segunda tesis es socio-cultural, y se formula en torno a la interculturalidad en acción en las praxis de producción colectiva de significados y sentidos, que disputa con el monolingüismo de la ratio de dominación y control de la naturaleza que rige la lógica del modelo extractivista; interpela e impugna la "modernidad" como fundamento garante y su reactualizado imaginario del "progreso", ahora retornado como espectro en sinergia con la lógica de lucro y la demanda irrestricta del mercado internacional de las hoy denominadas commodities.
Los sentidos territorializados que se construyen en el repertorio de las prácticas de las resistencias, por el contrario y en antagonismo con el paradigma extractivista, se corresponden con un proceso que hemos acordado llamar giro eco-comunitario, el que en sus manifestaciones concretas se muestra como interculturalidad en acción5. He elaborado la expresión giro eco-comunitario, como una extensión de la conceptualización del giro biocéntrico propuesto por Gudynas (Gudynas, 2009) a propósito de la Nueva Constitución de Ecuador, en la que por primera vez se reconocen derechos propios de la Naturaleza o Pachamama.
El autor pone el foco en la identificación con un sistema de valores que excluye la dominación y el control de la naturaleza; evidencia una nueva articulación con los saberes tradicionales, y provee de un marco conceptual desde la perspectiva de la ecología política y la ética ambiental, y también un marco valorativo -los impactos del concepto de valor intrínseco- para producir el contexto (y el desafío) en el cual generar las políticas y la gestión ambiental basadas en la buena vida (sumak kawsay) o buen vivir y en nuevas estrategias de desarrollo. El giro biocéntrico plantea, "(...) una alternativa a la modernidad abriendo las puertas a nuevas formas de valoración ambiental y articulación con los saberes indígenas." (Gudynas, 2009, 34)
Como parte de ese pensamiento, el giro eco-comunitario es aquí una designación motivada. En efecto, nombra el proceso de identificación por el cual en la red de redes territorializadas y ampliadas, se va configurando colectivamente, pero sobre todo se actúa, se hace praxis, un horizonte de valores en el cual lo eco-sistémico es claramente irreductible a lo mercantilizable como tópica de la ratio instrumental, y procede por convivencia equivalencial de valores -culturales, filosóficos, éticos, políticos, eco-epistémicos, etc.- y que por lo mismo, no responde a un único fundamento. Este haz de valores plurales está en el centro de la común visión de las comunidades del No, redes de actores que comparten intersubjetivamente otro mundo posible, tanto en la dimensión fenomenológica (percepciones y aprehensiones sociales), cuanto en la valoración ética y la validez epistémica para, no sólo denunciar al extractivismo, sino responder propositivamente ampliando el campo socio-argumentativo para el debate público desde otro paradigma, otras razones y pasiones, otro enlace sensible con la naturaleza.
En este contexto, la categoría abarca las redes, praxis y sentidos producidos colectivamente, ampliación que surge a la vez de indagar sobre los componentes precisamente de una constelación emergente del vivir en la corteza: el alcance del nosotros (o sujeto de la afectación); la percepción de la lesividad y la magnitud del daño, variables que determinan, a la vez, la significación del presente y sobre todo, las prospectivas del futuro.
El caso ecuatoriano permite iluminar y señalar la abroquelada carga de ideologemas con que en nuestro contexto nacional se descalifica a las resistencias socio-ambientales, ya como fundamentalismos y retrógradas posturas premodernas, ya como "ecologismo de la clase media ilustrada" (Martínez Alier)7. La figura del daño está -como el nosotros- en proceso abierto de ser socio-políticamente reconfigurada e interculturalmente transmitida, y su alcance, sus fundamentos y bienes tutelados, inscritos en los bienes comunes -aún si no pueden ser asimilados de modo pleno al buen vivir- habilitan dos fenómenos del orden del discurso el que no sólo es el medio de las luchas, sino también -tal vez, sobre todo- el objeto por el cual se lucha. Por un lado, superan y exceden con la universalidad irreductible de los derechos, y el principio de convivencialidad intergeneracional, las disputas basadas en las divisorias de intereses particulares y sectoriales que invocan profesionales, sindicatos, etc., vinculados a la mega-minería - que resultan funcionales a la lógica extractivista que rige el modelo-. Así conceptualizado, el daño está lanzado no sólo hacia el presente sino hacia el futuro; y la responsabilidad se acentúa por el carácter futurible de sus víctimas. Por otro, los significados en construcción pueden ser articulados con los fundamentos de los principios precautorio y preventivo del derecho ambiental. La cuestión es, pues, como lo plantea Martínez Alier (2008), quiénes ostentan el poder de simplificar la complejidad imponiendo un determinado y único lenguaje de valoración, con lo que se procura eclipsar y arrojar fuera del sentido, a otros lenguajes de valoración, tales los derechos territoriales, la justicia ambiental y social, la subsistencia humana, la sacralidad, el compromiso con el futuro.
En este proceso, se revalorizan los acervos culturales de los pueblos originarios, sus saberes ancestrales, también campesinos, y sus relaciones con el territorio, en la medida en que sus modos de acceso, uso y producción con la naturaleza y sus patrimonios ostentan un fuerte contraste con los escenarios de pérdida de biodiversidad, impactos socio-ambientales, etc., inscritos en la herencia de la modernidad -control y dominio de la naturaleza- y en los modelos extractivistas del capitalismo y la tecno-ciencia (Escobar 2005 y 2009)8.
Que se trata aquí a propósito del daño y sus significados en construcción, de un contenido programático, a manera de consigna de creación colectiva, se comprueba verificando el control quasi omnímodo del discurso, las narrativas y la semántica que han emprendido las empresas, el Estado y los mediadores simbólicos que coadyuvan a sus intereses, engarzadas en imaginarios de crecimiento y desarrollo, retóricas de integración regional, etc. Pero es en este asimétrico escenario que están planteadas las apuestas y las luchas colectivas.
El desafío es aportar al campo de la reflexión nacional y regional sobre la dimensión socio-cultural y política de lo ambiental en democracia, para la legitimación de paradigmas de pluralidad valorativa con eficacia pragmática.

Notas
1. Una primera versión más extensa y con cuantiosas referencias ha sido presentada como conferencia de apertura a las IV Jornadas Intercátedras de Pensamiento Latinoamericano, Movimientos Sociales y Cultura en América Latina. Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.
2. CIDSE 2009. América Latina: Riqueza privada, pobreza pública, Quito, co-edición CIDSE- ALAI
3. Svampa, M. (2008) Cambio de época, Siglo XXI, Buenos Aires.
4. "La Municipalidad de Andalgalá pidió en 2007 a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que hiciera un análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Agua Rica. La intención era apurar la aprobación de Agua Rica, que estaba demorada. Pero los consultores de la UNT cuestionaron el informe de la empresa. El estudio se llamó "Análisis del Informe de Impacto Ambiental Mina Agua Rica" y fue presentado en julio de 2008. Abundan los cuestionamientos técnicos, pide numerosos modificaciones, insta a la realización de nuevos estudios y recomienda que, de mantenerse como está, el proyecto sea desestimado. A pesar de todo, la provincia dio luz verde al emprendimiento". Darío Aranda, "Un estudio con dudas", Página/12, Lunes 29 de marzo de 2010.
5.Tomamos en préstamo el sentido de interculturalidad que Daniel Mato propone, a propósito de los estudios reunidos en torno a experiencias de universidades interculturales en la región: "(...) en estas instituciones no se busca aprender de un saber mono-cultural, sino de los saberes acumulados, modos de producción de conocimiento y formas de aprendizaje, propios de diversas culturas, poniéndolos en relación". (Mato, 2009:15) El destacado es nuestro. Mato, Daniel (2009). Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina Panorama regional, procesos interculturales de construcción institucional, logros, dificultades, innovaciones y desafíos., En Mato, D. (coord.), Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos. (pp. 13-78). Caracas: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe.
6. Gudynas, E. (2009) La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador, Revista de Estudios Sociales, 32, 34-47.Bogotá.
7. Martínez Alier, Joan 1998. "Deuda ecológica, y derechos económicos, sociales y culturales", APRODH, dissponible en http://www.deudaecologica.org/Que-es-Deuda-Ecologica/Deuda-ecologica-y-derechos-economicos-sociales-y-culturales.htmlEntrevista a J. Martínez Alier 2008. Marc SaintUpéry, en Le Monde Diplomatique, Bolivia, diciembre.
8. Escobar, Arturo. 2009 "Una Minga para el postdesarrollo" América Latina en Movimiento, ALAI, 26-30.jun. y 2005. "El post-desarrollo como concepto y práctica social", en Mato, D. (coord.) Políticas de Economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización (pp.17-31) Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela.

martes, 10 de agosto de 2010

GLACIARES, PERIGLACIARES Y EXPERTOS

INFORME ESPECIAL
Por Javier Rodríguez Pardo
Glaciólogos del Conicet contratados por Barrick Gold, ejecutivos del gobierno al servicio de las mineras, funcionarios accionistas, el veto Barrick a la ley de glaciares, los acuerdos de Toronto de la presidente, las universidades al servicio de las transnacionales extractivas, el IANIGLA asalariado por mineras para sentenciar glaciares que “únicamente se degradan por el cambio climático”- involucrados además para asesorar leyes de protección de glaciares, provincias que sostienen a las corporaciones mineras, gobernantes que las proveen de insumos, diputados y senadores que dibujan comisiones del congreso coligados con los trust mineros, componen un cuadro de inmoralidad, corrupción y despojo del patrimonio nacional que necesariamente hay que denunciar. Los fondos del estado -IANIGLA- nunca inventariaron glaciares, el instituto oficial de nivología adeuda imparcialidad y dedicación. Los glaciólogos no se ponen de acuerdo. ¿Qué es un glaciar? ¿Qué se entiende por área periglacial? ¿Cuál es el bien jurídico que se intenta proteger?
Hace veintitantos años fuimos testigos de un fuerte debate entre geólogos. Por suerte para nosotros, quienes impulsamos la lucha contra el basurero nuclear de Gastre (Repositorio de Desechos Radiactivos de Alta Actividad), la intervención del Consejo Superior Profesional de Geología echó por tierra la trama urdida por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que había elevado a la presidencia de la nación (Raúl Alfonsín, 1986) el proyecto de prefactibilidad del faraónico sepulcro radiactivo. Los estudios presentados eran inconclusos y falaces y al mismo tiempo resultaban desentrañables para legos en cuestiones geológicas: la primera gran mentira consistió en la inexistencia de hidrogeólogos investigando los alrededores de la masa granítica, estudios multidisciplinarios que publicitaba la CNEA con seriedad científica; la segunda farsa mencionaba estabilidad geológica en el sitio elegido, en un pasado entre cien mil y un millón de años, pero en opinión del Consejo Superior Profesional de Geología, hubo movimientos telúricos en el cuaternario, en Sierra del Medio, lo que impedía asegurar la disposición final de radionucleidos como el plutonio, activo por más de 250.000 años. La tercera gran hipocresía ofrecida por los “expertos geólogos nucleares” consistió en afirmar que la roca granítica estudiada para “guardar” secularmente dichos isótopos letales, era la apropiada, cuando en realidad los cilindros testigo del granito exhibido, correspondían a una región de Suecia, donde también buscaban enterrar escoria radiactiva que, hasta el día de hoy, no tienen gestión definitiva en el planeta. Aquel debate entre las partes lo transcribimos literalmente en “La roca elegida”, capítulo 10 del libro “En La Patagonia No”. (1)
¿Por qué traigo a consideración esta historia?
Porque la cuestión glaciar y periglaciar de la Cordillera de los Andes, enfrenta a geólogos, algunos surgidos de las mismas universidades, y reaviva nuestra memoria.
La discusión entonces abarcó otros conceptos porque para unos geólogos era una cuenca cerrada -la de Gastre- y para otros una cuenca abierta. Había una sola verdad coincidente, “los estudios de la circulación del agua subterránea en la zona, no se habían realizado debidamente”; el agua podía ir, o no, al río Chubut, transportando ulteriores radioisótopos como el plutonio. Quienes negaban tal hipótesis cuestionaban a los que aseguraban lo contrario: “¿Cómo podés certificar algo que no se sabe?”
-“Por la misma razón que ustedes lo niegan, nosotros afirmamos la posibilidad, porque los estudios no fueron hechos”. Ante la discusión de los geólogos discerníamos consternados acerca de medidas tan relevantes tratadas con impudicia, cuando el proyecto de prefactibilidad se hallaba a la firma del presidente de la nación, y con estudios inconclusos. Nosotros éramos los cándidos, “profanos en el asunto”- como bien había afirmado el físico nuclear Dan Benison, árbitro ocasional de la puja, abrumado por un debate viciado.

Definiciones y controversias
Expertos en glaciología no se ponen de acuerdo. El motivo es la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. Unos responden al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), una Unidad Ejecutora del CONICET, en la que participan además la Universidad Nacional de Cuyo y los gobiernos de las provincias de Mendoza y San Juan; otros glaciólogos cuestionan a éstos y los hay de ambos bandos, quienes no rubrican los términos del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación.
¿A quien creerle? ¿Quién dice la verdad o quien tiene la razón? ¿Cuál es más experto, el más entendido?
Algunas referencias sólidas para comprender las posiciones las obtenemos del foro-debate sobre la ley de glaciares, abril de 2009, en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. (2)
¿Qué es un glaciar? ¿Qué se entiende por área periglacial? ¿Cuál es el bien jurídico que se intenta proteger?
Para Ricardo Villalba, director del IANIGLA, “Es muy difícil encontrar una definición precisa de glaciar porque los glaciares tienen aspectos muy diversos. En la comunidad científica lo que se acepta es la definición de Louis Lliboutry, que fue un glaciólogo famoso que también trabajó en los Andes y escribió lo que se toma como la definición clásica de glaciar. Desde IANIGLA consideramos los distintos tipos de glaciares, como el glaciar de escombro, que pertenece al ambiente periglacial. Son cuerpos que externamente no lo muestran, pero que pueden tener hasta el 70% de hielo en su interior y contribuyen también al caudal de los ríos. Los glaciares de escombro son una expresión del ambiente periglacial (la cursiva en negrita es nuestra) y son fundamentales en los ambientes áridos, por lo que también merecen ser protegidos. Además, un glaciar descubierto -la forma clásica en que se los conoce- puede terminar en un glaciar cubierto por roca”.
El glaciólogo sanjuanino Juan Pablo Milana, cuestionaba estas definiciones, y en aquel foro sentenció que los glaciares no deberían ser el bien jurídico protegido: “Para nosotros el espíritu de esta ley tendría que ser el de la protección del agua, del recurso hídrico en estado sólido. Nuestra postura -dice Milana- es que hay que proteger el hielo, tanto los glaciares descubiertos como el glaciar de roca, todo lo que tenga hielo que se conserve de un año a otro tiene que ser protegido”… “No estoy de acuerdo con el uso que se le da al término periglacial en la ley Marta Maffei (que fuera vetada por la presidente de la nación) -confiesa Milana- porque si queremos defender el área marginal del glaciar hay que decir que incluimos tantos metros para cada lado. Bajo este término la ley no va a salir nunca, porque a los gobiernos de las provincias no les va a gustar mucho. Pero si nosotros decimos que vamos a defender las reservas hídricas en forma de hielo es mucho más probable que la ley se apruebe”.
En el foro de referencia también intervino el hidrogeólogo cordobés Carlos Seara, quien adhiere a la ley vetada “porque lejos de presentar cuestiones oscuras, creo que tiene una claridad meridiana. Ha sabido diferenciar lo que es un ambiente glaciar de un ambiente periglacial. Dos cosas diferentes, dos paisajes de erosión diferentes. En uno está el hielo que cubre. En el otro tenemos suelos que se congelan. Y es un hecho que no vamos a saber el porcentaje en el que está presente el hielo. Cuando en las modificaciones se habla de hasta un 50% de la masa de hielo se está diciendo una total barbaridad… Es significativo que en los anteproyectos que han presentado, la palabra periglacial no existe más” (Seara se refiere al primer anteproyecto del senador Daniel Filmus que intentaba eliminar de cuajo el término periglacial por imposición de transnacionales mineras, gobernadores provinciales y ejecutivo nacional). “Esto es preocupante -continúa Seara- porque el ambiente periglacial está defendiendo directamente al ambiente glaciar. Si hoy los glaciares están retrocediendo ¿qué pasará cuando les quitemos esa defensa periglacial, con infraestructura, con actividades económicas como la minería? Las comunidades se nutren del agua que proviene de la Cordillera y si esto avanza el problema lo vamos a ver inmediatamente transferido a las economías regionales de la zona. Es un problema real que ha surgido como consecuencia de las presiones de gobiernos provinciales que ven que en esas zonas no van a poder intervenir las multinacionales mineras con quienes ellos están casados. Los problemas que se argumentan para vetar la ley son en realidad presiones, porque el espacio que ocupa el sistema periglacial dentro de nuestra Cordillera está en el orden de la sexta parte de todo el territorio de montaña, que es una constante a nivel mundial. En esa superficie ¿cuántos yacimientos tendremos?”, concluyó Carlos Seara.
Con respecto al proyecto de ley actual (Maffei-Filmus-Bonasso), Seara es categórico, dice que “el sistema que nos preocupa tiene como tal dos dominios (el de las altas altitudes y el de las altas latitudes), el proyecto de Miguel Bonasso apunta fundamentalmente a la primera parte, el agregado de Filmus le viene a sumar lo que pasa en las altas latitudes, donde la cordillera es baja (provincias de Chubut y Santa Cruz) donde encontramos ambiente periglacial a baja altura (Río Turbio, por ejemplo). El sistema periglacial -insiste el geólogo- también admite dos tipos: tipo polar continental o tipo polar oceánico (el primero podemos hallarlo en la cordillera sud de Mendoza y el segundo en Tierra del Fuego, Isla de los Estados, etc.). Cada uno de ellos puede desarrollar o no permafrost o una serie de formas que caracterizan al ambiente aunque no se encuentre el suelo congelado (por ejemplo los bastones de hielo que se desarrollan en los suelos próximos a Bariloche). El sistema como tal tiene su expresión en la temperatura reinante, la velocidad del viento, la existencia o no de permafrost, en el congelamiento y descongelamiento anual del suelo, la humedad y cantidad de precipitación, la existencia o no de vegetación, etc. No hay un único sistema periglacial, a veces puede existir sin necesidad de estar protegiendo un sistema glaciar de mayor rigurosidad, tal sería el caso del periglacial de la taiga siberiana.
En los casos que yo conozco de Argentina -me explica Seara en una carta reciente, agosto 2010- se nos presentan asociados el sistema glaciar y el periglacial.”
Vemos que en el análisis de Carlos Seara asoma una mayor protección porque también es la preocupación de las asambleas en las que el geólogo cordobés participa.
En el foro de abril 2009 en la Cámara de Diputados, me tocó exponer y comunicar, tal mi oficio, que cualquier definición debería contemplar el concepto de intangibilidad en ambas áreas y en todo cuerpo de hielo porque intervenir un ecosistema tan frágil significa acabar con las fuentes de agua, con la fábrica del agua, sin entrar en diletantismos mayores, porque en estas exposiciones y debates, aprendimos que la visión académica del caso, suele ignorar el método extractivo con que opera la minería a cielo abierto, desconoce la necesidad que tienen las mineras de derretir glaciares para obtener agua. Los titulados glaciólogos ignoran que miles de sondajes degradan glaciares cubiertos y descubiertos buscando agua porque los mineros la requieren a razón de más de mil litros por segundo, las veinticuatro horas del día durante 15 ó 20 años de explotación, en tan solo una de las tantas plantas de lixiviación. Y este dato, oculto en anaqueles de la oficina minera de Estados Unidos, permanece “olvidado” por los acólitos de la minería y los espurios expertos en el consumo de aguas. Por lo menos, los versados en glaciología, preocupados verdaderamente por la sostenibilidad de los ecosistemas andinos, debieran estar al corriente de que en Chile se derriten glaciares para obtener el cobre y que del lado argentino, en Veladero, se omitieron más de 40 glaciares de roca para poder operar sobre ellos. El senador chileno Antonio Horvath Kiss, infería la imposibilidad de hacer una ley de protección de glaciares en el país trasandino; “Codelco, la minera estatal del cobre chileno -dijo el congresista- tiene más de 100 hectáreas de glaciares que interviene para obtener agua, por eso el gobierno no apoya legislación alguna”.
El geógrafo canadiense de la Universidad de Waterloo, Alexander Brenning, alcanzó fama científica investigando glaciares de roca en Chile, “cuya estructura interna –dijo- se halla constituida por una mezcla de hielo roca y sedimentos finos- entre los que se cuentan dos que ya fueron destruidos a manos de Minera Los Pelambres, del holding Antofagasta Minerals, (límite con Pachón, provincia de San Juan, Argentina y donde se aplicará por segunda vez el tratado binacional). Allí fueron afectando reservorios permanentes de agua fosilizada entre 1,89 y 2,84 millones de metros cúbicos entre los años 2000 y 2006, y otro anterior destruido entre 1990 y 2005 de más de 21 millones de metros cúbicos de agua en la cordillera central, debido a trabajos de la División Andina de Codelco y la mina Los Bronces, de Angloamerican.” Brenning considera que la política nacional de glaciares en Chile por ejemplo puede ser un paso adelante, pero no soluciona los problemas, porque el documento legal que proponen gobernantes y parlamentarios “tiene definiciones imprecisas, de interpretación ambigua”: "El problema es que se parte de definiciones glaciares que no son actuales. Es importante no sólo con fines científicos, sino también para definir dónde se aplica la política y dónde no, porque según lo que se define acá, se puede entender por glaciar hasta un cubito de hielo en el freezer" (y de pronto, tal cubito, resulta intrascendente intervenirlo y destruirlo).
Todos los especialistas en la cuestión glaciar anuncian déficit en cuanto a las definiciones de estos cuerpos congelados. No coinciden ni conciertan. Diríamos que de la discusión pasan a los agravios, atribuyéndose conocimientos en desmedro del colega desacertado. Algunos van más lejos, revelan por ejemplo, que “Darío Trombotto es consultor de la suiza Xstrata Cooper en los yacimientos Pachón, de San Juan, que Lydia Espizúa fue consultora de Barrick para Pascua Lama, y que Juan Carlos Leiva, nivoglaciólogo investigador independiente del Conicet hizo lo propio”, por tanto se hallarían inhibidos para asesorar a legisladores, cuando no se debe ser juez y parte: “los glaciólogos del IANIGLA trabajan para la minería” (3)
En este marco, mineras y gobierno presionaron para borrar el término periglacial. Ante la protesta social consintieron que por periglacial se entiende al glaciar de escombros. La discusión siguió con definiciones más amplias de área periglacial que –como se ve en esta nota- no son aceptadas por otros expertos: “hay cuerpos de hielo que se forman y se derriten todos los años” que no encuadran en el concepto periglacial, o sea, hielos perennes deben ser protegidos -afirman- en cambio los temporales, perecederos, efímeros, pueden intervenirse con labores mineras o industriales, al menos no habría reparos.
En un reportaje reciente, Darío Trombotto, sindicado por el periodista que lo entrevistó -como el mayor experto argentino en área periglacial, investigador del Conicet en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Mendoza- sostiene que “los ambientes periglaciales no tienen que ver con los glaciares, sino con un sistema frío de congelamiento permanente, lo que llamamos permafrost, que no está asociado a zonas glaciares.” Trombotto no está de acuerdo con la definición de área periglacial de la ley que se debatió y aprobó la Cámara de Diputados (la presentada por el diputado Miguel Bonasso y aceptada finalmente por el senador Daniel Filmus, sobre la base de la ley impulsada por Marta Maffei). Debemos decir que tanto en la ley Maffei (vetada por la presidente) como en la de Filmus, intervinieron especialistas del IANIGLA, porque la ex diputada recurrió a ese instituto nacional para la elaboración técnica del proyecto. Las definiciones de glaciares y área periglacial son del IANIGLA. En definitiva, en el proyecto de Filmus, primero se elimina el término periglacial y como la idea no prospera debido a la oposición de las asambleas y comunidades afectadas por las explotaciones mineras, se lo incluye finalmente pero sosteniendo que “se entiende por periglaciar a los glaciares de escombro.”
Darío Trombotto insiste en no estar de acuerdo con el concepto periglaciar de la ley aprobada en general en diputados, y obliga al periodista a preguntarle sobre las bondades de sancionarla: “La ley es buena –advierte sin embargo el especialista, metiendo más dudas- pero tiene errores por no consultar a las personas que sabemos del tema. Lo importante es que ahora mucha gente habla de los glaciares, a pesar de que tiene muchas imprecisiones. Por lo menos, los argentinos saben que hay glaciares además del Perito Moreno.”
La confrontación sigue: la definición anterior que dio Ricardo Villalba, director del IANIGLA sostiene que “Los glaciares de escombro son una expresión del ambiente periglacial”. Si hubiera prosperado la ley del senador Filmus, se reduciría el área a proteger porque “se entiende por periglaciar a los glaciares de escombros”, cuando éstos son solamente una expresión del ambiente periglaciar, según este especialista.
Se imaginará de pronto el lector que asoma a estas líneas ¿cómo debería quedar redactada la ley de protección de glaciares y área periglaciar con el objeto de evitar en el futuro interpretaciones leguleyas de mineras litigantes?

Cientificistas y tecnócratas
No sorprende que casi todos los glaciólogos se desautoricen mutuamente. Uno proclama que sabe más que el otro utilizando pensamientos como estos:”Hay investigadores que toman el poder y dominan ciertas ramas del saber”; “hay colegas que no entienden mi tema”; “no consultan a las personas que sabemos”;” soy un glaciólogo de los que realmente van y miden glaciares”. Y de paso relegan opiniones del resto de la población que vive expectante su futuro, o bien porque “esos ambientalistas no tienen título habilitante en geología”. En realidad, los dardos los dirigen a los comunicadores que precisamente se limitan a informar sobre interrogantes que los propios “doctos” se hallan incapacitados de resolver.
Desde los movimientos sociales, nadie profiere disquisiciones que hieran a los académicos del sector, si bien indigna soportar a estos ilustrados que jamás levantaron dedo alguno que tienda a evitar la destrucción de glaciares a manos de la mega minería hidroquímica metalífera a cielo abierto, que prospecta cada pulgada de las montañas andinas diseminando contaminantes. Ninguno de los glaciólogos cuestionó los embates que reciben los ecosistemas glaciares cordilleranos, producto de la promiscuidad extractiva dominante. Aparecieron de pronto cuando los “ambientalistas” chilenos y argentinos tuvieron necesidad de consultarlos, hasta el apremio. ¿Dónde estaban para impulsar una ley de protección de glaciares? ¿No advertían la destrucción ambiental sobre Pascua Lama y Veladero, con los glaciares cubiertos y descubiertos, intervenidos por la empresa minera Barrick Gold, más tarde desenmascarada por las comunidades cuando incluso pensaba trasladarlos para arrebatar el oro que esconden los cuerpos helados? ¿Dónde estaban los glaciólogos entre los años 1995/2010, período del desastre ecológico en las alturas de la Reserva de Biosfera de San Guillermo, en la provincia de San Juan?
En el año 2004, quien esto escribe, entrevista al glaciólogo sanjuanino Pablo Milana que ese año había presentado documentación probatoria del impacto funesto que ocasionaba Barrick Gold en los glaciares de Veladero (4), a pedido de una ONG de esa provincia cuyana y de abogados independientes, que presentaron acciones legales contra la minera canadiense, sentencias aún sin zanjar en los tribunales sanjuaninos. Nuestros reportajes y notas publicadas en la revista sanjuanina “ La Séptima ” y por internet, le permitieron al glaciólogo exclamar: “Me estás haciendo famoso”, expresión que precedió a mi respuesta: “Creo que inventé un monstruo”, en presencia de dos abogados-escribanos testigos del encuentro y responsable de las presentaciones judiciales contra Barrick, sorprendidos por la exposición del geólogo en Chile, con los regantes del Valle del Huasco. (5)
Los huascoaltinos denunciaron que Barrick, en el informe de impacto ambiental presentado ante las autoridades, había ignorado la presencia de glaciares, precisamente donde la minera había reconocido yacimientos de oro debajo de los helamientos. A los campesinos se les ocurrió preguntar “señores en este informe de impacto ambiental que acaba de presentar la minera no figuran los glaciares”. ¿Cómo es posible que empresas que ventilan un supuesto desarrollo sostenible hayan omitido deliberadamente la presencia de glaciares? La respuesta de Barrick Gold fue imperativa: “vamos a preparar un plan de manejo de glaciares”. ¿Y cuál era el plan? Trasladar los glaciares de lugar ¿Cómo? Con palas mecánicas- ¿Y adónde piensan llevarlos? A un cuarto glaciar llamado Guanaco.”
La popularidad que le hicimos alcanzar a Pablo Milana lo lleva a Chile y el experto en glaciares es contratado por intermediarios de Barrick Gold, que lo habilitan a transitar por las cumbres de Pascua Lama acompañado de dos glaciólogos franceses. Barrick debía armar un plan de manejo del área en cuestión, que satisfaga también a las comunidades chilenas del valle. En el encuentro con los regantes chilenos, al retornar de la cima de Pascua Lama, los glaciólogos afirman lo que Barrick deseaba: “Toro I, Toro II y Esperanza, no son glaciares, se trata de cuerpos de hielo de 10 a 20 años de antigüedad, a lo sumo”.
En otras palabras, Barrick Gold no había intervenido glaciares.
No vamos a contar aquí el escándalo que esto produjo, pero Barrick Gold termina aceptando que son glaciares y eleva un anexo al informe de impacto ambiental que los había omitido, comprometiéndose a no tocar “lo que medianamente ya había destruido”, en opinión de los glaciólogos. (6)
Años después, comienza a discutirse en Argentina una ley de protección de glaciares y área periglaciar, vetada de inmediato por la presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Por razones completamente distintas a las del ejecutivo nacional, el glaciólogo Pablo Milana se opone a todos los proyectos, a la ley frustrada original de la ex diputada Maffei, a la de Filmus y al actual proyecto con media sanción en diputados. Dice que “Somos los geólogos quienes deberíamos involucrarnos en el texto de esta ley, pero de un modo profesional. Las incumbencias para otras profesiones son claras: no se puede firmar un balance sin ser contador matriculado, hacer una presentación aunque sea mínima a un juzgado sin un abogado, o construir una casa, sin ser ingeniero. Los glaciares son cuerpos de hielo, y el hielo, lo sabemos todos, es un mineral natural (cristaliza en el sistema hexagonal). Creo que por lo tanto es nuestra incumbencia tratar los asuntos que tengan que ver con los recursos naturales minerales.
¿Saben todos que la Ley de Glaciares vetada fue presentada por un Ingeniero Forestal? Aquí, debería el Consejo Superior Profesional de Geología, emitir una opinión al respecto, ya que parece que "cualquier" advenedizo opina y se autotitula experto, en temas que son naturalmente una incumbencia de los geólogos, o aquellos profesionales formados para estudiar los recursos minerales del planeta.
He visto que en este foro "geológico" es distribuida la prensa amarilla que generan los pseudo ambientalistas (oportunistas que no saben nada del medio ambiente, pero escriben muy lindo), en un email titulado "Significado de la Ley de Glaciares". Dado que me han preguntado cuales son los aciertos y desaciertos del nuevo proyecto consensuado, les acerco mi opinión; la de un *geólogo*, con especialización en glaciología (y de los que realmente VAN y MIDEN glaciares), para que saquen vuestras propias conclusiones
Cabe aclarar que no defiendo intereses mineros ni nada por el estilo, y que habiendo conocido el proyecto original de la diputada Maffei, me opuse rotundamente, enviando dos cartas (una de ella contestada por IANIGLA), al senado. En ningún caso se me permitió hablar en la Comisión de Medio Ambiente para exponer los puntos oscuros de la ley citada. Esta aclaración es para mostrar que esta comunicación no es oportunista, sino que vengo luchando contra esta mala norma desde hace casi dos años. Destaco que estoy a favor de una ley de glaciares correcta y participativa, y de la norma propuesta que considero incorrecta y cuasi-mafiosa. Mis críticas al nuevo proyecto de ley son las siguientes…” (7).
He publicado algunas opiniones de este geólogo y lo hemos invitado a conferencias y foros, como el aludido anteriormente, coincidiendo en algunos puntos y con el propósito de ofrecer intercambios con otros técnicos, que aportan lo suyo, intentando converger en un texto de ley ideal. La mayoría de las veces unos y otros evitan confrontar, pecando de soberbia academicista. El desconocimiento de muchísimos especialistas en glaciares, acerca de la minería hidroquímica a cielo abierto, es absoluto; en su arrogancia solo cuenta que “esta minería se puede hacer” y que los “glaciares deben protegerse”, eludiendo razonar sobre la incompatibilidad de ambas propuestas. (8)
“Mirá, allá arriba (refiriéndose a Veladero y Pascua Lama), está todo destruido, negociemos con Barrick y controlemos lo que queda”, aseguraba Milana a poco de retornar de Chile, después de haber operado para Barrick Gold. Son expresiones poco felices, le dije en su momento, porque nuestras asambleas no tratan ni negocian con el usurpador y sus mercenarios locales. Debatir, es una cosa, negociar, otra.
A pedido de las autoridades sanjuanina (léase gobernador José Luis Gioja), la empresa minera Barrick hizo un convenio con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para monitorear los glaciares que están en el camino a la planta de Veladero y Pascua Lama (en la frontera con Chile), emprendimientos de cobre y oro. Los informes permitieron que la autoridad de aplicación acepte barrer el glaciar Conconta (también llamado de Vallejos) y considerar el hecho como una obra de bien público. Donde estaba el glaciar pasa el camino a la mina Veladero, con ancho suficiente para equipos de gran porte. “Ameritaría hacer un estudio especial –reconoció el especialista Gabriel Cabrera- si el camino tiene incidencia. Lo que sí evaluamos, y eso hay que decirlo claramente, que el camino solo toca la nieve que rodea al glaciar, no el hielo del mismo.” (Sic). Suponemos que este glaciólogo ignora que frente a la planta de Veladero existía una inmensa vega donde abrevaban las vicuñas. Allí plantó Barrick el dique de colas, porque así operan las mineras.
Que las transnacionales cooptan investigadores no cabe duda. El caso patético es el de este convenio, donde el ingeniero Gabriel Cabrera, investigador del Conicet (así aparece) y miembro del IANIGLA fue contratado por la transnacional canadiense Barrick Gold para que evaluara los glaciares de Veladero y Pascua Lama. Su informe -con el aplauso de sus jefes del Norte- fue presentado en la Secretaría de Minería de la Nación. El “experto” llegó a la conclusión (que no es novedad para nadie, ya que los glaciares retroceden por cuestiones de cambio climático e influencia humana), que “aún sin minería los glaciares van camino a desaparecer. Pero no es por la actividad minera -recalcó- sino por el cambio de clima mundial.” Esto es como decirle a la minera que puede utilizar los glaciares, intervenirlos, porque en años más estos glaciares seguramente ya no estarán.
Barrick Gold le pidió al ingeniero Cabrera un estudio técnico llamado” balance de masa de glaciares,” en aquellos que están sobre los yacimientos de oro. La respuesta no se hizo esperar: “Si no hubiera actividad minera los glaciares tendrían el mismo destino que con ella -rubricó Cabrera- En términos geológicos esos glaciares hace décadas o siglos que están en esas condiciones. Si estuviera la mina arriba, sí. Pero hay un camino y si bien es de tierra, por el gran tonelaje que circula parece que está asfaltado, pasa un camión y no levanta tierra -justificó el glaciólogo- y en el caso de los de Pascua Lama están cerca del proyecto pero no se tocan, están en las laderas vecinas.” Ante la pregunta de si puede tener algún efecto en los glaciares estudiados la actividad minera en el lugar, Cabrera respondió: “Y si, puede ser. Efectos por el polvo, quizá. Pero no están involucrados en el área minera, están más lejos”.

Para los pueblos afectados el camino es la movilización
Con este informe, Barrick Gold lograba la autorización virtual para intervenir en todo el territorio glaciar donde opera su minera.
Los hechos que describimos son concurrentes, los del repositorio de desechosradiactivos de Gastre y los de la ley de protección de glaciares. Ciertamente, ambos expresan posiciones enfrentadas de geólogos y en estas condiciones se pretende legislar para proteger las nacientes de los cursos de agua del país. Y esas posiciones técnicas ofrecen negocios espurios. Caemos en expertos y éstos en otros igualmente venales. Algunos por idiotas, otros por corruptos, profanos e indoctos, somos todos instrumentos del despojo vandálico.
Es aquí cuando debemos admitir que las disyuntivas podrán resolverse si intercambiamos en términos de veracidad. Habrá diferentes verdades según cada entendido, pero todos estamos obligados a ser veraces y, por lo menos, a hacer primar el sentido común, que precisamente fue el que aplicaron los regantes conocedores de sus montañas. Esos pobladores no necesitaron diplomas de especialistas.
Los autoproclamados versados en glaciología aparecen de pronto exigiendo idoneidad académica y tildan al resto peyorativamente de “opinólogos”. ¿Qué hacían estos señores hace veinte, quince tal vez o, en el mejor de los casos, hace diez años cuando cateos y prospecciones, que hemos mapeado desde entonces, destrozaban glaciares y áreas periglaciares con cientos de sondajes explorando minerales y agua, dejando kilométricos territorios como quesos gruyere. ¿Dónde estaban estos señores que ahora se definen como probos ambientalistas, defensores de los bienes comunes y de los glaciares intervenidos? ¿Practicaban andinismo o contaban los glaciares? Al menos Chile lleva registrados 1.745 y se estima que le falta contabilizar un veinticinco por ciento. De este lado de la cordillera, nada; eso sí, tenemos expertos.
Es de cínicos ignorar a los movimientos sociales que instalaron el tema glaciar en el capitolio de las leyes argentinas, mientras “peritos” graduados ejercen investigaciones rentadas del CONICET y al día de hoy no coinciden en enunciados que apuntalen una ley de protección de las nacientes del agua, algunos al servicio de las corporaciones mineras. Son los ciudadanos agrupados en asambleas quienes ejercen el más común de los sentidos sin credenciales habilitantes, proponiendo inventariar los glaciares argentinos, de tal forma que ya se prevén análisis de imágenes satelitales y técnicos de campo para que en 180 días –exigencia de la ley que se pretende- se tengan catalogados glaciares y periglaciares en las “áreas prioritarias”.
Se ha instalado la trama glaciar en todo el país, a pesar de los expertos tardíos.
Dijimos que la ley, cualquiera sea, contará con las organizaciones populares en constante vigilia. Las que se quiere inhabilitar por ausencia de pergaminos y porque para los pueblos todo cuerpo de hielo es agua y no conciben su destrucción para obtener oro. El pueblo aprendió a no defender áreas sino a proteger ecosistemas.
Estas asambleas comunales temen que cualquiera sea la ley sancionada legitime una actividad extractiva imposible de ser controlada. Saben también que una buena protección legal de glaciares requiere de otras leyes mineras que detengan a las corporaciones, porque la legislación actual, entrega el patrimonio, destruye territorios, desplaza poblaciones originarias, hace insostenible el futuro y sepulta a las economías regionales y el “buen vivir” elegido por las comunidades. Cientificistas y tecnócratas son la cohorte del poder transnacional mediante universidades sobornadas, proveedoras de la licencia social que los pueblos les vienen negando a las mineras, con académicos signatarios de informes ambientales adulterados, fraudulentos.

(1) En la Patagonia No , pág. 121/156, J. R. Pardo, ediciones Lemú, Amigos del Libro).
(2) www.biodiversidadla.org de Marcelo Maggio, 8/4/2009)
(3) Declaraciones de P. Milana en Misión Imposible, LV1 Provincia de San Juan.
(4) Vienen por el oro, vienen por todo: “Los glaciares de Barrick Gold”.
(5) Referencias: Pastoral Salvaguarda de la Creación del Huasco, Regantes de la Junta de Vigilancia del Valle del Huasco, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y otros testimonios.
(6) Vienen por el oro, vienen por todo, J. R. Pardo, editorial Ciccus.
(7) Siguen oposiciones del geólogo al proyecto de ley consensuado.
(8) Se exime al geólogo Dr. Carlos Seara, militante asambleísta contra la megaminería.


Javier Rodríguez Pardo,
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Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH)-Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)-Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
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