Un modelo fatal en Córdoba

Guillermo Posada (PRENSA RED)

La provincia que ocupa el porcentaje más alto de siembra sojera del país demanda un fuerte debate sobre un modelo de desarrollo sustentable, mientras las cámaras mineras acosan en el Superior Tribunal de Justicia la ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto.
Córdoba integra el grupo de provincias que ha impuesto la prohibición a explotar la minería a cielo abierto. La Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba cuestionó la constitucionalidad de la ley provincial 9526 ante el Tribunal Superior de Justicia y levantó una ola de protestas de los grupos que promueven un desarrollo sustentable. Por eso cayó mal que la presidente Cristina Fernández presentara a nuestro país como ‘abierto’ a las inversiones de las trasnacionales mineras, durante el encuentro que tuvo en Canadá con el dueño de la Barrick Gold, en el marco del Encuentro de Presidentes del G20.
El colectivo Ongamira Despierta viene luchando hace años contra la exploración minera contaminante. Ongamira es una región cercana a Capilla del Monte, en el norte del valle de Punilla, con gran riqueza antropológica y un paisaje de ensueño donde hace tres años llovieron las denuncias respecto a perforaciones para extraer minerales.
La comunidad se movilizó, junto a grupos de diferentes zonas de la provincia, logró conformar un grupo de presión que obligó a la Legislatura provincial a aprobar por unanimidad la norma que impide la explotación contaminante.
Este, junto a otros debates, envuelve a los cordobeses que rechazan los designios de la división internacional del trabajo. “No estamos obligados a ser eternamente proveedores de materias primas. Córdoba tiene toda una historia diferente a lo que impuso el neoliberalismo de las últimas dos décadas”, apunta Oscar “Cacho” Mengarelli, secretario General de CTA Córdoba. Además, el medio ambiente cordobés se encuentra al límite de su tolerancia.
Sólo quedan en pie 600 mil de los 12 millones de hectáreas de Bosque Nativo con que contaba la provincia a principios de siglo. La expansión de la frontera agrícola llevó a la extenuación las napas acuíferas, afectadas por el desmonte y la utilización descontrolada de agroquímicos que afectan seriamente la salud de la población, amen de que los suelos no retienen y las sequías afectan de igual modo que el cambio de régimen de lluvias.
“El Estado no cumple con su rol controlador, quieren entregarnos a las manos de las trasnacionales que venden sus paquetes tecnológicos. Córdoba está regada por los agroquímicos de Monsanto: el endosulfan, el glifosato, los agroquímicos envenenan el agua. No olvidemos que en la provincia el servicio de agua potable está privatizado, a diferencia de otras provincias del país. Acá usan el agua potable sin control para los campos y, al mismo tiempo, instalan medidores en los barrios y aumentan las tarifas, como si la gente tuviera la culpa de la falta de agua; la propaganda oficial promueve que denunciemos al vecino que lava el coche, quieren convertirnos en alcahuetes, pero no hacen nada con el saqueo hídrico que estamos sufriendo. Por eso, las iniciativas de las mineras, si bien están prohibidas, nos ponen en estado de alerta”, avisa Mengarelli.

Ese líquido elemento
Los problemas hídricos en Córdoba aumentan año a año. Durante todo el verano pasado el nivel de los diques serranos alcanzó bajantes mínimas que obligó a los municipios a racionalizar el servicio de las cooperativas en plena temporada de vacaciones. Esto sirvió como excusa al gobierno provincial para justificar los cortes de energía que sufrió la provincia durante más de 20 días, aunque las causas hay que buscarlas en el vaciamiento de la empresa provincial de energía (EPEC) durante los últimos 30 años.
Diversas organizaciones como la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCodav), que integra la Constituyente Social, han denunciado que la provincia exporta millones de litros de agua junto a los granos sojeros que Córdoba canaliza por los puertos de Rosario.
Por su parte, el Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA) presentó el año pasado un recurso de amparo ante la Justicia para que “se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación del glifosato y del endosulfán, elementos químicos que componen los herbicidas y pesticidas que se utilizan para cultivo en todo el territorio de la República Argentina para cualquier tipo de sembradío, particularmente la soja, maíz, trigo, girasol, etc.”.
Esta presentación se sumó a la denuncia de la CCodav ya que, a través del canal a cielo abierto Los Molinos, rodeado de sembradíos de soja transgénica, una lluvia de agrotóxicos arrojadas desde avionetas, mosquitos y mochilas, ingresa a los hogares de 450 mil habitantes de la zona sur de la capital provincial, mediante un canal abierto, cuya extensión es de 64 kilómetros, y abastece a populosos barrios de la ciudad de Córdoba desde el dique Los Molinos.
Los denunciantes responsabilizaron a la empresa concesionaria Aguas Cordobesas, propiedad del Grupo Suez-Roggio, a los gobiernos municipal y provincial, a los dueños de campos y fumigadores. En ese sentido, pidieron que sean procesados en los términos del capítulo V del Código Penal que castiga a quienes cometen “delitos en contra de la salud pública, el envenenamiento y adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas”.
Precisamente, el artículo 200 expresa que: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión”.
“La voracidad empresarial hizo que se utilizara un canal de riego que nunca se entubó porque es una obra costosa para las empresas, que priorizan la rentabilidad”, indicó Gustavo Spedale, referente de la (CcoDAV). Por su parte, el Ministerio de Agricultura provincial se ufanó de reportar la cosecha del 2009 como más importante de la historia, aumentada en tres millones de toneladas respecto al año anterior. Así, la producción llegó a superar los 14 millones de toneladas de granos de soja.

Todo ganancias
Esta cosecha, que tiene su traducción en el aumento del valor de la hectárea en la provincia, no fue un factor determinante para que el gobierno modificara la alícuota del impuesto Inmobiliario Rural, dados los altos niveles de rentabilidad que presenta el negocio agropecuario. De hecho, son muchos los especialistas que acusan a la Provincia de volver cada vez más regresivo el sistema tributario cordobés.
Los sucesivos gobiernos de Ramón Mestre, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, que expresan la alternancia entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, han coincidido en no modificar el tributo, mientras los paquetes tecnológicos hacían cada año más rentables las cosechas, la devaluación mejoró el coeficiente de costos y los precios internacionales se iban por la nubes.
En ese contexto, para el legendario economista cordobés Salvador Treber “el impuesto Inmobiliario Rural ha sido descartado como recurso válido. En 1999 de cada 100 pesos de ingresos brutos se recaudaba 60 por aquel tributo, hoy por cada 100 se recaudan 12. La justificación es exclusivamente política. Desde el año ’93 no se actualizan las valuaciones fiscales y el sector rural se caracteriza por ser un deudor moroso histórico: desde el 2000 al 2005 se recaudó por Inmobiliario Rural alrededor de 350 millones pero la mora es de 527.
Eso quiere decir que el 40% cumplió y el resto no atendió siquiera con esos insignificantes montos. Están acostumbrados a sacarle la lengua a la provincia. El gobierno no hace nada respecto a esa mora porque son votos”.
Progresivamente, este esquema fue acorralando a los pequeños productores agrícolas y favoreciendo a los pooles sojeros que se convirtieron en el modelo de producción agrícola, en conjunción con las expectativas de las trasnacionales como Monsanto que tienen nuestro país como ícono del desarrollo de nuevas tecnologías agrarias. En Córdoba, se estiman en 20 mil los productores desplazados.
La falta de información sobre los productos de Monsanto no es nueva. Vale recordar que la misma empresa ocultó durante 50 años que el DDT era un producto cancerígeno. Ahora está prohibido. Entre otras perlas curriculares, la empresa norteamericana fue una de las proveedoras del famoso Agente Naranja, agroquímico que el ejército norteamericano utilizó para desfoliar millones de hectáreas de selvas en Vietnam con el objetivo de combatir a las guerrillas que resistían la invasión, y que murieron o sufrieron graves consecuencias tras intoxicarse con el químico. Por el hecho la empresa debió pagar 80 millones de dólares en indemnizaciones a cientos de veteranos del ejército americano que sufren las consecuencias de haber estado en contacto con dicho producto, denominado naranja” por el color de los bidones donde se lo fraccionaba.
La periodista e investigadora francesa Marie Monique Robin aseguró durante su reciente visita a Argentina, adonde llegó para difundir el documental El Mundo según Monsanto, que “el Roundup destruye todo, cualquier cultivo menos la soja transgénica, y genera gravísimos problemas de salud para las personas”.

Cosecha amarga
La expansión sojera afectó otras producciones agrícolas que encontraban su lugar en Córdoba. Tal es el caso de la producción apícola que ha caído a niveles históricos y amenaza con desaparecer. Por lo pronto, la provincia descendió del segundo al cuarto lugar en el orden nacional de la producción y exportación de miel, cediendo su puesto a Entre Ríos, que anteriormente se ubicaba cuarta. Así lo computó un estudio presentado en la IV Reunión Institucional de la Región Centro, realizada en octubre de 2008.
“Córdoba es probablemente la provincia donde más se ha impuesto el proceso de extensión de la frontera agrícola y el aumento de aumento de la producción de soja. Sin dudas, en ese marco, la producción apícola se ha visto afectada fuertemente”, señaló a la Revista El Sur, de Río Cuarto, Daniel Carignano, secretario de Ganadería de la Provincia.
El resultado ha sido contundente en términos económicos para el sector. Adrián Jáuregui, apicultor y dueño de Apícola Jáuregui, comercio ubicado en la capital provincial, dijo que la venta de insumos en el sector bajó un 40% en los últimos dos años.
Tanto el Estado nacional como el provincial intentaron reacciones espasmódicas para justificar que algo hacen ante la debacle del sector pero las medidas adoptadas, en términos de subsidios o devoluciones de retenciones, que la exportación de miel paga en el orden del 10%, no pudieron hasta el momento detener la tormenta de pooles de siembra, que concentran el 80% de la producción de soja según los datos extraoficiales que circulan en el país.

*Guillermo Posada integra el Equipo de Comunicación de la CTA-Córdoba.

Fuente: http://www.argenpress.info/2010/08/un-modelo-fatal-en-cordoba.html