¡Ongamira Despierta! Es el grito de alerta de vecinos autoconvocados de Córdoba, Argentina, frente a la explotación minera metalífera a cielo abierto, contaminante y saqueante. El movimiento surgió ante la amenaza de explotación en el Valle de Ongamira, un lugar mágico y rico tanto a nivel turístico como arqueológico.
Cómo hace cuatro años, nos seguimos reuniendo en Asamblea para informarnos y debatir un panorama que, no sólo atañe al noroeste cordobés, sino que se repite con desolada continuidad en las nefastas experiencias vividas por nuestros hermanos de Catamarca, San Juan, Chubut, La Rioja, Tucumán y Santa Cruz entre otras provincias de la Argentina y en varios países de América Latina.
El contexto jurídico que regula la actividad minera, heredado de la decada del ’90, tiende únicamente a favorecer el desarrollo de ese sector de la industria en detrimento del patrimonio nacional.
En septiembre de 2008 el pueblo unido logró que se sancione por unanimidad la Ley Provincial 9526 que PROHIBE la MINERÍA METALÍFERA A CIELO ABIERTO en Córdoba. Esta Ley actualmente está amenazada ante un pedido de inconstitucionalidad. Por esto seguiremos Despiertos y Despertando.

¡Ongamira Despierta! dice sí a la vida y a la salud; sí a la preservación del agua y los recursos naturales; sí a la protección del patrimonio cultural y ¡NO A LA MINA!

En este blog encontrará el material necesario para informarse sobre la situación que esta sufriendo Córdoba y el resto de nuestro querido país frente a la amenaza minera.

DECLARATORIA DE ADHESION A LA DEFENSA DE LA LEY 9526

VIDEOS: Situación minera en Córdoba "MINAS A CORAZÓN ABIERTO"

¿Por qué siguen ofreciendo Ongamira si hay una Ley que la protege?

¿Por qué siguen ofreciendo Ongamira si hay una Ley que la protege?
Página oficial

Historia de una mina de uranio en Córdoba

jueves, 29 de julio de 2010

ONU declaró al agua y al saneamiento como un derecho humano, a propuesta de Bolivia

La Paz - Bolivia.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el miércoles el proyecto de Resolución presentado por Bolivia para que el agua y el saneamiento sean declarados como un derecho humano, informó el embajador ante ese organismo internacional, Pablo Solón.
"Dijo que 122 naciones votaron a favor de la iniciativa boliviana, contra 41 abstenciones y ninguna que se haya opuesto a la misma", dijo.
Agregó que entre las naciones que se abstuvieron de votar estaban Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá.
Solón anotó que, a partir del visto bueno de las naciones integrantes de la ONU para que el agua sea considerado un derecho humano, deben actuar en consecuencia para apoyar financieramente los programas que permitan dotar a la humanidad de este elemento, por ser vital para la vida.
El diplomático expresó su satisfacción por la decisión de la ONU, que hace varios años, en la década de los años 40, declaró como un derecho humano el acceso a la educación y al trabajo.
"No pudo ser menos que ese organismo internacional declare al agua en la misma categoría porque los seres humanos necesitan de ese elemento para sobrevivir y la tierra para producir".
Solón manifestó que la humanidad tiene derecho a acceder al agua potable limpia y segura y al saneamiento.
El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, ha ratificado en diversas oportunidades que el agua debe ser un derecho humano con libre acceso a todos los ciudadanos.
"El agua potable es un servicio y no debe ser objeto de acciones mercantilistas", dijo Morales, al resaltar que este servicio debe estar a cargo de los Estados.
De acuerdo con estudios realizados por la ONU, por lo menos 884 millones de personas carecen en el mundo totalmente de agua limpia y 2.500 millones sólo pueden acceder a este recurso vital a más de tres kilómetros de distancia de sus hogares.
Los estudios señalan, además, que 2.700 millones de personas carecen de servicios de saneamiento y otras 1.200 no cuentan con servicios de limpieza y de aseo, ni letrinas.
El proyecto de resolución presentado por Bolivia sobre el agua reafirmó la necesidad de proteger y promocionar todos los derechos humanos bajo la responsabilidad del Estado, aunque resalta la necesidad de que la comunidad internacional coopere para que la humanidad tenga acceso al agua y el saneamiento.
Sin embargo existen algunos países que tienen sus cuestionamientos para que derecho al agua sea considerado un derecho humano. Por ejemplo, en Inglaterra, la coalición liberal-conservadora de David Cameron ha manifestado que quiere quitar de la resolución la mención al saneamiento y que ésta hable del acceso al agua pero no su reconocimiento como un derecho humano.
Igualmente en Australia, los laboristas en el poder han privatizado el agua, mientras que en Canadá el primer ministro Stephen Harper alega que no puede votarla porque ello obligaría a su país a compartir sus reservas hídricas con Estados Unidos.
Bolivia ya ha consagrado en su nueva Constitución Política del Estado que el agua es un derecho humano. Así lo establece en sus artículos 16 y 20 donde resalta que el acceso al agua potable, el alcantarillado y el saneamiento "es un derecho universal del hombre que no puede estar sujeto al comercio".
Desde hace 10 años, Bolivia y sus movimientos sociales han entablado una lucha para evitar que empresas privadas tengan a su cargo el tratamiento y distribución del agua, al punto que ganaron la batalla.
Esa batalla para que el agua sea declarada un derecho humano ha sido llevado ante la ONU en busca del aval que reciba el aval de casi dos centenares de países consagren al agua como un derecho humano universal,
De acuerdo con los estudios realizados por la propia ONU, si es que las naciones no asumen medidas en defensa de la sobrevivencia del planeta, se corre el riesgo que hasta el año 2030 el mundo no cuente con el agua suficiente para sobrevivir debido al calentamiento global del planeta.
Solamente en Latinoamérica se teme que unas 77 millones de personas se vean ante la carencia del líquido elemento.
El presidente boliviano ha denunciado ante la Cumbre sobre el Cambio Climático celebrado en Copenhague, Dinamarca, en diciembre pasado, que si el mundo no toma sus previsiones en defensa de la tierra como fuente de vida, al igual que del agua, el mundo avanza a pasos agigantados hacia su destrucción.
El fracaso de la Cumbre de Copenhague, donde no se lograron acuerdos ni entre propias naciones desarrolladas, hizo que Morales convocará a los representantes de organismos internacionales, Gobiernos, movimientos sociales e indígenas a reunirse en abril pasado en la localidad de Tiquipaya, en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Tierra a adoptar decisiones.
En ese encuentro, al que asistieron más de tres millares de delegados de los cuatro continentes, fueron aprobadas un conjunto de recomendaciones entregadas por el propio mandatario boliviano al secretario ejecutivo de la ONU, Ban Ki-moon para que sean incluidas en los debates de la próxima cumbre sobre el cambio climático a celebrarse en Cancún. México, en diciembre.
Entre esas recomendaciones está la necesidad de que el mundo y sus líderes tomen cartas en el asunto en defensa de la vida, de la tierra y del agua como recursos esenciales para que la humanidad sobreviva.
Morales hizo patente su convencimiento de que los cambios climáticos que sufre el planeta los últimos tiempos se originan en las acciones de los países ricos que están inmersos en una carrera industrializadora irracional que solamente busca fines mercantilistas sin importarles la vida de la humanidad.
ABI

martes, 27 de julio de 2010

PRE-UAC Córdoba en Villa Giardino

8 DE AGOSTO EN VILLA GIARDINO:
ENCUENTRO PRE-UAC DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

JUNTANDO FUERZA Y PROPUESTAS PARA LLEVAR A LA UAC 13

Del 13 al 16 de agosto se realizará en Santiago del Estero el 13º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), un espacio de encuentro y articulación de asambleas y grupos que luchan contra el saqueo y la contaminación. La UAC se formó en julio de 2006, en Colonia Caroya, con la participación de asambleístas que enfrentaban la megaminería, los agrotóxicos sojeros y la instalación de papeleras en el río Uruguay.
Ante la necesidad de seguir pensando en unir fuerzas, en profundizar los debates y reforzar las acciones de resistencia para defender la pureza del agua, la tierra y el aire de nuestras comunidades, desde Ongamira Despierta y desde las asambleas de la zona de Punilla invitamos a una jornada de encuentro y de trabajo, el domingo 8 de agosto desde las 10 de la mañana.
Preparándonos para el fuerte encuentro que se viene gestando en Santiago del Estero, pedimos que cada colectivo traiga su problemática para compartir e informar en que instancia se encuentra, reunir materiales y folletería para llevar, coordinar esfuerzos con los que viajen, reforzar y renovar nuestros lazos.
Invitamos a todos los grupos y organizaciones que puedan acercarse.
Depende de todos que la UAC siga creciendo y articulando resistencias, en la búsqueda de una sociedad mas justa, que viva más en armonía con la naturaleza, protegiéndola para las generaciones presentes y futuras.

8 de agosto, 10hs. Cine Alejandro Giardino, en Villa Giardino. Almuerzo a la canasta.
ONGAMIRA DESPIERTA.

CONTACTOS.
giardinodespierta@gmail.com
capilladelmontedespierta@gmail.com
casagrandedespierta@hotmail.com
Cronograma de Actividades
9:00 hs. Presentaciones
9:30 Breve Introducción sobre la UAC

10:00 hs Trabajo en Grupos:

De 10 a 11: Ultimas novedades de cada problemática, acciones recientes, iniciativas en marcha
De 11 a 12:30: Propuestas de acciones regionales

13:00 Almuerzo a la canasta

De 14 a 15:30:
Continuación del trabajo en grupos: Propuestas para llevar a la UAC 13

15:30: Plenario:
Primera parte: Puesta en común de lo trabajado por cada grupo.
Segunda parte: Debate y síntesis de las propuestas con mayor consenso.

18:00hs: Cierre

sábado, 24 de julio de 2010

Cba: "La vida rinde examen"

LA VOZ DEL INTERIOR - sábado 24 de julio de 2010.

Cuando hablamos de legitimación científica y social, hablamos del proceso de generalización del conocimiento tecno-científico sobre cuestiones de alto impacto ambiental.
Omar Ruiz - Legislador provincial (Coalición Cívica)

La ley 9.526 que prohíbe en el territorio cordobés "la actividad minera metalífera a cielo abierto con tecnologías a base de cianuro y toda otra sustancia química contaminante, tóxica y/o peligrosa", fue impulsada por las asambleas de vecinos autoconvocados y otras organizaciones de la sociedad civil, preocupadas en proteger el ambiente y la salud de los cordobeses. La iniciativa fue luego presentada a la Legislatura por el Poder Ejecutivo.
Fue aprobada en un proceso participativo, en el que Gobierno y comunidad mostraron una contundente voluntad de resguardo del bien común.
Recientemente, desde sectores empresariales vinculados con la minería se solicitó al Tribunal Superior de Justicia la declaración de la inconstitucionalidad de esa norma.
Como lo expone en su presentación ante el Tribunal Superior el biólogo Raúl Montenegro, en su calidad de "tercero interesado", la ley 9.526 obedece al mandato constitucional: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".
La preocupación ambiental que diera origen a la mencionada ley y a otras muchas normas provinciales de igual sentido vigentes en el territorio nacional es compartida y fortalecida en su legitimación científica y social por la resolución B7-0240/2010 del Parlamento Europeo, que estableció -en mayo de este año- la prohibición del uso de tecnologías mineras a base de cianuro.
Cuando hablamos de legitimación científica y social, hablamos del proceso de generalización del conocimiento tecno-científico sobre cuestiones de alto impacto ambiental y de procesos de toma de conciencia social que día a día se extienden a nivel planetario.
Nivel de conciencia que niega que esta coincidencia en decisiones normativas -por parte de estados independientes en la defensa de la vida- suponga una "vulneración de autonomías locales", como tramposamente expresa la medida de rechazo por parte del Mercosur a la resolución del Parlamento Europeo.
Aportes. Rescatamos algunos considerandos de la resolución de la UE B7-0240/2010: "Considerando que el cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y que, en el Anexo VIII de la directiva marco sobre política de aguas está clasificado como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y en el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica (...) considerando que el uso de cianuro en minería crea poco empleo y sólo por un período de entre 8 y 16 años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes", señala.
La resolución puntualiza que es necesario extraer una tonelada de material para producir dos gramos de oro, lo que genera una enorme cantidad de residuos mineros en las zonas de extracción, mientras que entre 25 y 50 por ciento del oro se queda finalmente en la pila de residuos. Señala, además, que los proyectos mineros de gran escala que emplean cianuro utilizan varios millones de kilogramos de cianuro de sodio al año, y que un fallo en su transporte y almacenamiento puede tener consecuencias catastróficas.
Recuerda también las enérgicas protestas públicas contra los proyectos mineros en curso en Europa (...).
Y en lo resolutivo, marcamos el párrafo central: "Pedir a la Comisión que proponga la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de fines de 2011".
Las Naciones Unidas han declarado 2010 como el "Año Internacional de la Biodiversidad", y han invitado a todo el mundo a participar en la salvaguardia de la diversidad de la vida en la Tierra.
Argentina, como miembro de las Naciones Unidas y adherente al Convenio sobre la Diversidad Biológica y a la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, debería -desde todos los niveles de Gobierno- comprometerse activamente en el logro de esos fines.

viernes, 23 de julio de 2010

Las principales razones por las que la UNC ha rechazado fondos provenientes de la megaminería.

En Córdoba se verifica un escenario de presiones del sector empresarial minero y de geólogos de la C.N.E.A. ante el Tribunal Superior de Justicia, con el afán de declarar la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 9526 que establece la prohibición de la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas. Asimismo, la empresa Barrick Gold distribuye cartillas de "prevención vial" en Villa Carlos Paz y por distintos medios pro-mineros, estatales y empresariales circula una supuesta declaración sin firmas que aviesamente se auto-titula "Declaración de las Universidades Nacionales en defensa de la actividad minera". Por la trascendencia del tema, a continuación presentamos las principales razones que motivaron que el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (Resolución 1308, 15 de diciembre 2009), rechace de los fondos provenientes de la mega-minería, razones silenciadas por la casi totalidad de los medios de comunicación.

Comunicado de Prensa
Unión de Asambleas Ciudadanas

Las principales razones por las que la UNC ha rechazado fondos provenientes de la mega-minería.

La mega-minería dominantemente transnacional en nuestro país está mostrando todo su poder para condicionar la democracia nacional y de las provincias. En el caso de Córdoba, hoy se verifica un escenario de presiones del sector empresarial minero y de geólogos de la C.N.E.A. ante el Tribunal Superior de Justicia, con el afán de declarar la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 9526 que, aprobada en setiembre de 2008, establece la prohibición de la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, en todo el territorio provincial. Asimismo, se constata la presencia de la empresa Barrick Gold a través de cartillas de “prevención vial” en Villa Carlos Paz –próxima a la zona donde pretenden explotar uranio-; y la circulación de una supuesta declaración sin firmas que aviesamente se auto-titula “Declaración de las Universidades Nacionales en defensa de la actividad minera”, por distintos medios pro-mineros, estatales y empresariales.
Por la trascendencia del tema, a continuación presentamos las principales razones que motivaron por parte del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (Resolución 1308, 15 de diciembre 2009), el rechazo de los fondos provenientes de la mega-minería, razones silenciadas por la casi totalidad de los medios de comunicación.
Al inicio de ese texto –resultado de un extensísimo debate-, en lo relativo a “Visto”, se recuerda (…) “Que la Comisión de Vigilancia y Reglamento del HCS recibió a representantes de las asambleas, de las comunidades afectadas y a académicos e investigadores que también acercaron bibliografía específica y fundaron sus apreciaciones en estudios publicados respecto de los impactos negativos ambientales, sociales y económicos de los emprendimientos mineros en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 426/09 el H. Consejo Superior se hizo eco de la preocupación expresada por diferentes sectores y organismos acerca de las condiciones y consecuencias socioambientales de la explotación minera en distintos yacimientos en nuestro país, señalando expresamente en su Art. 2º su “convicción de que la agresión al ambiente debe ser enérgicamente condenada y los intereses del gran capital involucrado deben ceder frente al interés general de la sociedad argentina”;
Y así llegamos a lo que creemos fundamental que se de a difusión, y que toda la población sepa POR QUÉ nuestra Universidad pública se definió en contra de esta actividad. Son centrales los siguientes párrafos:

”CONSIDERANDO:
Que se ha verificado empíricamente, y lo sostiene la amplia mayoría de los informes recogidos por este cuerpo, que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades;
(…) La grave e irreversible destrucción de los ecosistemas, contaminación de las fuentes de agua, la magnitud y peligrosidad de los insumos y efluentes, una profunda afectación de la flora, la fauna, el hábitat y el paisaje local, con la consecuente pérdida de biodiversidad y la degradación general de las condiciones socioambientales mínimas requeridas para las restantes actividades económicas, para la salud humana -tanto desde el punto de vista genético como de la generación de diversas patologías- y la reproducción de la vida en general;
Que este tipo de actividades produce por lo general un avasallamiento de las pautas culturales de la población local, lo que sumado a los daños ambientales empíricamente verificados, degradan la calidad de vida en las regiones afectadas;
Que la Constitución Nacional en su art. 41 primera parte establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.”; que al amparo de tal disposición se dicta la ley 25.675 (27/11/02), en la que se define en su Artículo 27 el daño ambiental;
Que el Estado Nacional al haber asumido el compromiso, como integrante de la comunidad internacional, de trabajar en pro de la protección del medio ambiente sano en cuanto indispensable para el desarrollo integral del ser humano y al haber reconocido en numerosos instrumentos internacionales y regionales (…)
Que la problemática socioambiental, no sólo involucra dimensiones económicas y técnicas, sino que implica fundamentalmente aspectos vinculados a los derechos humanos y el bienestar de las comunidades. En tal sentido el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales -Protocolo de San Salvador-, instrumento que suscribió nuestro país dándole en ese acto jerarquía constitucional, genera la responsabilidad ineludible de nuestro Estado Nacional de promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, para garantizar a toda persona su derecho a vivir en un medio ambiente sano (Art. 11, Protocolo de San Salvador);
Que la actividad de la minería metálica no tiene un alto impacto económico en relación a la generación de riqueza ni es alta su contribución al PBI;
Que la actividad minera se ha visto beneficiada, a lo largo de la década del noventa, por legislaciones (Ley 24.498; Ley 24.402; Ley 25.261; Ley 24.196) que permiten la libre transferencia de sus utilidades al exterior, la estabilidad fiscal por 30 años, la deducción en un 100% del pago del Impuesto a las Ganancias por inversiones en prospección, exploración, estudios de suelos, ensayos y otras actividades, la exención del pago del Impuesto a las Ganancias respecto de los derechos mineros y aportes de minas como capital social, el financiamiento y devolución del IVA para bienes de capital e inversiones en obras de infraestructura física, la exención al pago de la Ley de Sellos, la exención del pago de derechos por importación u otros tributos, por la introducción de bienes de capital, equipos, repuestos y accesorios, la exención al pago del Impuesto sobre los activos, los cheques, y los combustibles líquidos. Ello hace que el negocio de la minería reporte un escenario más que favorable para la inversión transnacional, tanto es así que la Secretaría de Minería de la Nación estima que el crecimiento acumulado de proyectos para el período 2003-2006 se sitúa por encima del 800%. Todas estas inversiones dirigidas hacia la extracción de oro y cobre y la mayoría son emprendimientos a cielo abierto con el impacto socioambiental ya mencionado.
Que esta situación requiere de una pronta modificación de la legislación que de prioridad al interés general de la sociedad argentina y no a los intereses del gran capital involucrado en los mega emprendimientos mineros, como así también requiere del estudio de instrumentos legales para responsabilizar a estas empresas respecto de los daños socioambientales pasados o futuros como consecuencia de su intervención;
Que las empresas mineras funcionan en Argentina con un contacto económico mínimo con su entorno, dado que los métodos actuales hacen que la extracción de oro del subsuelo no se inserte dentro de una cadena productiva amplia e integrada económicamente; corroborado esto por la propia Minera Alumbrera Ltd. al decir que: “El proyecto no promueve la participación activa de todos los sectores socio-económicos, especialmente los más desfavorecidos de la población ya que requiere de poca mano de obra, muy especializada”;
Que tampoco resultan ajenas a esta problemática, las prácticas del clientelismo de empresa practicado por Minera Alumbrera bajo el revestimiento ideológico de la denominada “minería socialmente responsable”, “responsabilidad social empresaria”, o “minería sustentable”, para acallar las voces críticas y provocar la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la libertad de opinión de las comunidades y judicializando la protesta social, tal como fuera denunciado por el Defensor del Pueblo de la Nación (Actuación Nº 2538/05) instando al Estado a ser “extremadamente cuidadoso para que el cumplimiento de las funciones que le son obligatorias y justifican su razón de ser, tales como la promoción de la educación, la salud y la preservación del ambiente, no se conviertan en un instrumento de ‘asistencialismo minero’…”;
Que por el corpus normativo de los años noventa –ingeniería técnica y jurídica plasmada en el código minero- el Estado se ha autoinhibido para disponer de su subsuelo; promoviendo el ingreso de la gran minería mundial en la Argentina bajo el paradigma neoliberal de explotación de los recursos naturales. En otras palabras, las mejores condiciones posibles para las empresas involucradas y la menor injerencia posible del Estado y de la sociedad civil, que permite la apropiación de inversores extranjeros de algunos de los últimos recursos no renovables del país;
Que el gobierno nacional mantuvo los beneficios económico - impositivos de la década del 90 y que la legislación minera no ha tenido cambios en la actualidad, con el agravante del veto a leyes protectoras de la integridad del ambiente como la ley de glaciares, lo que resulta regresivo respecto de la protección del ambiente;
Que las causas y las fuentes de los problemas socioambientales se debieran atender en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir (derecho preventivo) y que la ausencia de información o certeza científica no debe ser motivo para la inacción frente a un peligro de daño grave o irreversible en el ambiente, en la salud o en la seguridad pública (derecho precautorio); y que el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales debieran realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras (sustentabilidad);
Que Minera Alumbrera ha desarrollado, desarrolla y financia, con instituciones educativas de nivel primario, secundario e incluso universidades, actividades formativas y académicas que son utilizadas como instancias de legitimación de la empresa y de sus emprendimientos extractivos y que a través de estrategias de validación amparadas en la supuesta neutralidad del saber científico como variable asimétrica y vertical, se busca inhibir y/o controlar los conflictos y anular la legitimidad de derechos ciudadanos, desautorizando, desacreditando, y/o invisibilizando las resistencias al modelo de desarrollo que propugna;
Que la UNC mantiene un alto compromiso institucional en defensa del bien público y que debe estar al servicio de los derechos de los ciudadanos y nunca sujetos a intereses corporativos, y por lo tanto nuestro pronunciamiento público en este tema, la decisión que tomamos y las acciones concretas que de esta resolución se deriven, no están en ningún caso condicionadas por necesidades financieras;
Que es misión de nuestra Universidad consagrada en el artículo segundo de los Estatutos de la UNC: “d) promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los mismos; y e) proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución”-
(Destacados nuestros)
Como podemos ver, se trata de uno de los análisis más profundos, comprometidos y socialmente integrales que se haya hecho en nuestro país sobre una actividad económica, y reiteramos: ha tenido mínimo reflejo en los medios de comunicación.
Además, en marzo de este año 2010, el cuerpo de consiliarios de la UNC manifestó, a través de una declaración, su solidaridad con los habitantes perjudicados por esa actividad económica, su total apoyo a sus reclamos reivindicatorios, en procura de la protección de su derecho a la vida; y también repudió la represión policial y criminalización de la protesta social ocurrida en la comunidad de Andalgalá, Catamarca.
En este sentido cabe recordar que numerosas manifestaciones, cortes de ruta, hechos de represión, detenciones, intimidaciones y otras situaciones relativas a conflictos mineros se viven regularmente en varias provincias del país. Este no es sólo un tema “ambiental”. Creemos que este documento y esta sólida actitud de nuestra Universidad deben tener amplia difusión, por el pleno ejercicio del derecho constitucional a la información pública.

UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS - UAC
22 de julio de 2010

Para más información:
prensa@asambleasciudadans.org.ar

El texto completo de la resolución de la UNC está disponible en
http://www.unc.edu.ar/institucional/noticias/2009/diciembre/la-unc-rechazo-los-fondos-de-la-minera-alumbrera
Nota reciente: Rechazo en Europa a la minería con cianuro
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-149146-2010-07-09.html

miércoles, 21 de julio de 2010

Puestos de trabajo: la minería resta

Según un informe de la Secretaría de Minería de la Nación, la actividad minera genera unos 500 mil puestos de trabajo, dice, principalmente en las zonas mas alejadas de los grandes centros urbanos del país, en tareas de exploración, producción y servicios. La información no indica los empleos perdidos o a perder por las consecuencias económicas y sociales de la actividad . Otro anuncio que no brinda detalles y solo busca sostener una campaña favorable frente a los cuestionamientos a una de las actividades más contaminante y destructora de emplao del planeta. Datos mundiales y particularmente de Latinoamérica, señalan que la minería ocupa apenas el 0,1 % de la masa laboral.
Fuente: Telam

21/07/2010. "Esto implica un crecimiento de 500% con respecto a 2003" señala un comunicado del organismo, en el que se agrega que "la actividad también registra uno de los mayores índices de trabajo formal con salarios que en promedio se ubican entre los más altos en los sectores industriales del país".
El incremento del empleo en minería se debe al fuerte crecimiento de este sector productivo que agrupa a los minerales industriales, rocas de aplicación, minerales metalíferos, fabricación de ladrillos, cales y cementos, piedras preciosas y aguas termales para uso turístico, terapéutico y medicinal.
Desde 2003 el número de proyectos mineros creció por encima del 900% y las inversiones superaron el 1.100%.

martes, 20 de julio de 2010

Proyecto de Ley para prohibir la minería contaminante

El diputado Fernando "Pino" Solanas, jefe del Interbloque Proyecto Sur, presentó un proyecto de ley para la prohibición de la explotación de la minería a cielo abierto y de la utilización de sustancias tóxicas en la actividad.
Fuente: Noticias del Congreso Nacional (NCN)

19/07/2010. En paralelo a la búsqueda de una ley de protección de glaciares, el titular del Interbloque Proyecto Sur presentó un proyecto destinado a impedir la minería a cielo abierto, "una de las formas más devastadoras de extracción de materias primas minerales, que conlleva enormes impactos a nivel ambiental, social y cultural", según versa el expediente.
Asimismo, el proyecto de Solanas busca prohibir la utilización de sustancias tóxicas, es el caso del cianuro, utilizado para extraer los metales del sustrato rocoso mediante la operación conocida como "lixiviación". Tal como explica la iniciativa de "Pino", los residuos de esta operación son almacenados en reservorios que, muchas veces, "terminan contaminado los cursos de agua, el aire, los suelos, los sistemas productivos y la salud humana, produciendo cánceres, enfermedades respiratorias y en la piel, como algunos de los signos que han proliferado en las zonas afectadas". Entre sus argumentos, Solanas explica que el parlamento europeo prohibió el uso del cianuro en la minería, medida que busca imitar a nivel nacional.
Otro de los puntos destacados en los que hace foco la propuesta -acompañada por legisladores del GEN, Coalición Cívica, Peronismo Federal, Socialismo, UCR y Frente Cívico Cordobés- es la protección del recurso acuífero, afectado por los grandes proyectos mineros.
Al respecto, el expediente cita estadísticas de la Secretaría de Minería en relación al proyecto Veladero en la provincia de San Juan, cuyo consumo nominal de agua es de 3.250.000 litros por día. Algo similar, argumenta el proyecto del titular de Proyecto Sur, sucede con Agua Rica, otro mega-yacimiento cuestionado -a pocos kilómetros de la ciudad de Andalgalá en la provincia de Catamarca- que "de ponerse marcha consumiría 250 litros por segundo" y con Gualcamayo, de la provincia de San Juan, que "consume actualmente 106 litros por segundo". En tanto, estiman que en el proyecto binacional de Pascua Lama, impulsado por la Barrick Gold, "la magnitud del consumo acuífero será muy superior por sus características".
Por esta razón, se busca prohibir la utilización de ríos, arroyos y cualquier vertiente o depósito natural de agua, superficial o subterráneo, derretimientos de glaciares, de áreas periglaciares, como fuentes para la explotación minera.
De esta forma, de convertirse en ley, se obligará a los titulares de concesiones y/o derechos mineros a adecuar sus procesos en el término de 3 meses a partir de la publicación de la misma, bajo apercibimiento de cierre o caducidad de la concesión minera. De lo contrario, las empresas que no cumplan lo establecido, deberán abonar una multa diaria equivalente a mil sueldos mínimos de la Administración Pública Nacional.
El proyecto ha sido girado a las comisiones de Recursos Naturales, Minería y Legislación General de la Cámara baja. De llegar a discutirse, promete ser resistido por los legisladores cordilleranos que consideran a este tipo de iniciativas como "ataques" a los recursos económicos producidos por las grandes mineras en el cordón andino.

sábado, 17 de julio de 2010

EL POR QUÉ DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE GLACIARES

¿Protege o encubre una actividad extractiva perversa?


Antecedentes
Hemos conseguido una ley de protección de glaciares, impensada hasta ayer. La ley de la entonces diputada Marta Maffei, que había sido vetada por la presidente de la nación, Cristina Kirchner, reingresó al recinto de los debates parlamentarios de la mano del diputado Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, en tanto bloques opositores al oficialismo, formados con el ingreso de nuevos legisladores en diciembre de 2009, le quitaron mayoría en la cámara baja al partido gobernante.
En este marco hubo dos proyectos de ley: el encomendado por la presidente Fernández de Kichner al senador Daniel Filmus y el “clonado” por el diputado Miguel Bonasso, sostenidos ambos por el texto de la diputada mandato cumplido Marta Maffei. Los dos eran semejantes y coincidían en esgrimir presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, aunque uno de ellos deslizaba conceptos sutiles que los enfrentaba. En el del senador, el ambiente periglacial era únicamente el glaciar de escombros y reducía considerablemente el área crítica a proteger que defendía el texto de los diputados.
De pronto, de manera sorpresiva, un par de días antes de la discusión en el recinto del Congreso, las partes se reúnen y el proyecto del poder ejecutivo es incorporado al que había sido vetado por la presidente de la nación, aún mejorado en cuanto a objeto, definiciones, actividades prohibidas, evaluación de impacto ambiental, autoridades competentes, funciones y disposición transitoria.
Resultaba insólito para muchos de nosotros que, reunidos con los diputados, analizábamos la novedosa maniobra del gobierno. ¿Nueva estrategia para evitar la discusión minera?
En principio, vemos los resultados como un triunfo del pueblo y de las comunidades organizadas en asambleas a lo largo y ancho del país. No hubo legislador que, defendiendo el proyecto de ley en el fragor del debate en el recinto parlamentario, no hiciera referencia a las asambleas y a la unión de estas, a los foros, concentraciones y movilizaciones que permitieron instalar la discusión sobre las invasiones mineras, los métodos extractivos contaminantes y el despojo lacerante de cuanto recurso natural hay en nuestros territorios, en realidad bienes comunes. Vemos entonces la ulterior vigencia de esta ley como un triunfo resonante del campo popular. La cuestión de la mega minería hidroquímica a cielo abierto se instaló en todo el país.


La ley y sus actores
Podemos dar por sancionada la ley en tanto el congresista Daniel Filmus confirmó que será apoyada por el senado nacional, y allí el oficialismo cuenta con mayoría parlamentaria. Al mismo tiempo el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, anunciaba la decisión de la presidente de la nación de no vetar la nueva ley sea cual fuere la remitida por el Congreso.
Ahora bien, ¿cómo debemos interpretar esto, qué conclusión sacamos de esta cronología política a poco del almuerzo que la presidente de la nación sostuvo con el mentor de la corporación minera Barrick Gold en Toronto?
¡Los acuerdos de Toronto! ¿Cómo explicar la abroquelada sociedad que este conjunto de partes interesadas mantiene con el gobernador sanjuanino José Luis Gioja? ¿Cómo se interpreta el discurso de la presidente en China, ofreciendo generosamente la minería, territorios y yacimientos?
Nuestra respuesta es la de siempre. Quien ésto escribe ha dicho en reiteradas ocasiones que es preferible no contar con ley alguna, a disponer de aquella que legitimará operar en la Cordillera de los Andes –ecosistema frágil y fábrica de nuestras aguas- a industrias como la extractiva a cielo abierto con compuestos tóxicos.
Algunos pensamos que la mejor ley de protección de glaciares, cualquiera sea, no resuelve el impacto nocivo de la minería, la destrucción del ecosistema donde opera a través de sus distintas etapas de prospección, exploración o explotación. Alcanza con no pecar de ignorancia y repasar cada una de las etapas de esta minería, el método extractivo, los volúmenes de agua que requiere, el funcionamientos de equipos pesados, orugas gigantescas sobre cuerpos congelados, sondajes y muestreo de suelos, sondajes de aguas subterráneas, de prospección minera, pozos para desagüe minero, para geoenergía, exploración de recursos sobre las áreas que se pretende proteger. Son todas circunstancias previas a la propia explotación minera donde el impacto será aún mayor.


Para esta minería no hay controles.
No hay posibilidad de vigilancias eficaces.


Este tipo de minería, en el ecosistema que se intenta proteger, no es sostenible en el tiempo y legislar sobre el particular, tal el caso presente, puede permitir legalizar la intervención de glaciares, del ambiente periglacial y cuerpos de hielo.


El agua.
Sabemos que mientras escribimos estas líneas se están derritiendo glaciares para lixiviar minerales del lado chileno, según confesión de senadores y autoridades de ese país, donde el cobre –de baja ley mineral, agotándose- recibe más atenciones que el agua, escasa y ausente en muchísimos sitios de la puna mineral. Sin agua, no hay minerales e, inexorablemente, al promediar este siglo estas regiones no tendrán ni una cosa ni la otra. Pretender el traslado del líquido potable, de pozos salteños de Argentina hacia La Escondida de Antofagasta, en Chile, con dos acueductos de 3.000 litros de agua por segundo, cada uno, ratifica lo que advertimos aquí: “Nosotros –dijo el congresista trasandino- no podemos sancionar la ley que ustedes pretenden...Tenemos que derretir masa glaciar para obtener el cobre...”
Razonar sobre esto es inevitable. ¿Acaso los gobiernos extractivistas de Argentina, cámaras mineras, empresas transnacionales, renuncian a operar del lado argentino, aceptando el rigor de esta inminente ley?
Creemos que los posibles litigios rondarán interpretaciones legales según les convenga. Y seguramente abundarán en las secretarías de minería provinciales, que son la autoridad de aplicación de la actividad minera, evaluaciones permisivas de los informes de impacto ambiental, admitiendo la intervención en las áreas prohibidas, pero autorizando a tal o cual empresa con la sentencia de que su actividad “no afecta la condición natural del glaciar”, ni el deambular por él “implica su destrucción”, tampoco moverlo del lugar, porque para utilizar el agua que lo contiene no se requiere “trasladarlo ni interferir en su avance”: rezarán los informes de las mineras.
Imaginamos entonces un diálogo posible entre un funcionario decente (con esta ley en la mano) y un gerente minero:
-Señor, Ud. está destruyendo “ese cuerpo protegido”
-De ninguna manera. Tomamos nieve suficiente sin afectar “su condición natural”. No se me prohíbe intervenirlo; en realidad “no destruyo la condición natural del cuerpo protegido”.
-Pero hizo sondajes.
-Sí, claro, en lugares donde no altero su condición natural...Tampoco lo trasladamos de lugar...No interferimos en su avance”.
En fin, cosas que habrá que probar, porque estas discusiones legales se repetirán en provincias acostumbradas a conformar evaluaciones de impacto ambiental abusivas e injustas.
En otras palabras, mientras la autoridad de aplicación se halle en manos de los gobiernos provinciales, los Gioja, Beder Herrera o Castillo rubricarán los informes de impacto ambiental presentados por las empresas, aprobando sus labores mineras. ¿Acaso no multó la provincia de San Juan a Barrick Gold por derrame de combustibles en áreas a proteger, en plena reserva de biosfera de San Guillermo, condenando a la canadiense con 250.000 pesos, que nunca pagó?. Recordemos que es como el día y la noche, el informe de impacto ambiental aprobado para iniciar la actividad y la finalización de la explotación minera.
De modo que nos esperan otros objetivos urgentes. Reemplazar las leyes mineras vigentes, el código de minería y atacar decididamente el tratado binacional minero de implementación conjunta chileno-argentino. Es la única manera de respaldar la ley de protección de glaciares y área periglacial.
Vamos por más.
Eran las tres de la madrugada y en plena sesión del congreso nacional, algunos diputados provinciales gritaron desaforadamente: “Los glaciares son míos, están en mi territorio”. Otros recurrieron a dicotomías centralistas, intentando rememorar a federales y unitarios. No faltó la perturbación de un diputado sanjuanino que fundamentaba la escasez del agua explicando que había que hacer minería, ignorando que se requiere no menos de mil litros de este elemento impregnado de ácido sulfúrico o de cianuro para lixiviar las rocas metalíferas y deslizando con habilidad dolosa que se usa más agua para la agricultura que para la mega minería a cielo abierto.
Abundaron barbarismos de todo tipo y los proferidos por el diputado Gioja, hermano del gobernador feudal, eran más relevantes: “El agua se limpia y se recicla en nuestra minería”, dijo el proveedor de las mineras, y lo proclamó sin inmutarse. Hubiéramos deseado en ese momento que de algún sector de la contienda se le dijera que la propia transnacional informó (IIA) que consumirá 360 litros por segundo, noche y día, los 365 días del año durante 15 ó 20 años de explotación de los yacimientos.“Esa cantidad ¿la reciclan, la limpian? ¿Dónde se deposita?”
Concluir que es preferible no contar con ley alguna significa entender que por sí sola esta norma legal se halla desamparada y bien puede ser utilizada con el argumento de que se hace minería conforme a la legislación vigente, refrendada por la provincia generalmente asociada a los intereses mineros.
Vale la pena recordar nuestra respuesta a los parlamentarios de Ottawa que habían tejido un proyecto de ley (C-300) convencidos de que controlarían a sus mineras en el extranjero:
-Usted las va a legitimar. Esta minería no se puede controlar –se le dijo.
-¿Qué propone, entonces? me pregunta John Mac Kay.
-Que se retiren. Queremos que se vayan.
Esta es francamente la posición de todas las comunidades afectadas por la invasión transnacional y corporativa del despojo.
La respuesta que le dimos al legislador canadiense es la misma que proponemos aquí frente a la inminencia de la ley de protección de glaciares y área periglacial.


¿De qué sirve entonces la ley que nos ocupa?
Creemos que es una herramienta vital a utilizar por los movimientos sociales y en debates públicos. La ley nos permitirá ejercer un observatorio permanente que atienda a su cumplimiento y nos obliga a exigir el acatamiento del artículo séptimo de evaluación de impacto ambiental que expresa: “deberá respetarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 de la Ley general del Ambiente.” Impulsar esta norma es fundamental.
Esta ley nacional, esta regla que esperamos entre en vigencia cuanto antes, nos permitirá exigir en todas las provincias y municipios el rechazo de cualquier legislación que sobre el particular (glaciares y periglaciares) sancionen las provincias con intención de evadir el texto y espíritu de la presente, continuando de ese modo con la habitual promiscuidad extractiva.
En definitiva, la ley de protección de glaciares y ambiente periglacial no prohíbe las actividades mineras en la cordillera, precordillera y estribaciones, pero es uno de los triunfos más resonantes logrados por nuestros colectivos sociales, el poder de la asambleas, la unión y el esfuerzo conjunto de comunidades que están siendo judicializadas y reprimidas. Vamos por mas. Es imprescindible lograr la abolición de la actual legislación minera y se está en ese camino; por eso merecen un reconocimiento especial los legisladores que en el Congreso Nacional están promoviendo leyes que revoquen las instauradas en la década de los 90.
Ratifiquemos una vez más el aplauso que brindamos en el recinto a aquellos congresistas (sin dar nombres para evitar injustas omisiones) que en la madrugada del 15 de julio sostenían públicamente que este debate a nivel nacional se debe a la unión de múltiples asambleas que en todo el territorio del país oponen una resistencia desigual sin renunciamientos.
Reconozcamos con ponderación a los compañeros de las distintas asambleas del interior y de la capital del país que se concentraron desde horas tempranas aguantando el frío reinante, a quienes incompresiblemente se les negó la entrada al recinto de sesiones. Muchos se trasladaron de lugares lejanos, del litoral y del noroeste, del sur rionegrino y del Andalgalá catamarqueño. Más de doscientos compañeros ejercieron una presión que no fue desconocida. Iban rotando en la puerta del congreso nacional y a las cinco de la madrugada aún discutíamos en las calles el levantamiento de la sesión cuando un par de diputados del PRO y del Frente para la Victoria impedían el quórum en plena discusión del artículo sexto del proyecto de ley de protección de glaciares y área periglacial.
La Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC, sesionará del 13 al 16 de agosto en Santiago del Estero. El día 12 habrá un foro en el paraninfo de la Universidad santiagueña; será el lugar adecuado para continuar el debate y búsqueda de nuevas estrategias porque cada vez son más los pueblos que resisten y se rebelan enfrentando a lacayos serviles de corporaciones que diezman territorios, devastan contaminando y saquean. Los ámbitos institucionales también merecen un gran esfuerzo de todos nosotros. Discutamos cómo hacerlo. No dejemos un solo espacio, no les demos respiro.


Javier Rodríguez Pardo, Buenos Aires, 16 de julio de 2010.
MACH-RENACE- UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS.
Contacto: 011 1567485340
machpatagonia@gmail.com
www.renace.net

viernes, 16 de julio de 2010

CINE, MINERÍA Y FERIA DE PLATOS en Capilla del Monte

¡ONGAMIRA DESPIERTA! quiere agradecer a toda la gente que concurrió en el día de ayer a ver la película de Pino Solanas : "Tierra sublevada, oro impuro" en el cine de la localidad de Capilla del Monte. De esta forma demostraron que, a pesar del frio, la concentización es muy importante y esta película nos despierta a la terrible realidad minera de nuestra querida Argentina y nos da fuerzas para seguir.

También agradecemos a los comercios ( despensa "Los Dos Amigos", supermercado "La Estrella", panadería "San Antonio", alfajores "Achalay", alfajores "El Rosario", "Punto de Luz"y "Talampaya") y a las personas que donaron comida para la feria de platos y a los que consumieron, permitiendonos así seguir con nuestras tareas de concientización y de nivel legal. Un gran agradecimiento a la Gerencia de Cultura de Capilla del Monte que siempre nos abre las puertas del Cine E. Muiño.
POR FAVOR LA GENTE QUE LLENÓ LA FICHA DE COLABORADOR ENVÍELA A capilladelmontedespierta@gmail.com

Les recordamos que la película se volverá a proyectar el próximo jueves 29 de julio a las 19 30hs.
La entrada es de $5 y se volverá a realizar una feria de platos.

También incluiremos al final un DEBATE sobre el tema. 

LOS ESPERAMOS


¿Hasta cuándo se podrán extraer minerales?

La segunda ley de la termodinámica dice que cuando la concentración de un recurso tiende a cero, la energía requerida para extraerlo tiende al infinito. De acuerdo a estimaciones, se habría agotado ya el 92% de las reservas de mercurio, el 79% de plata, el 75% de oro, el 75% de arsénico... En cuanto a los minerales más utilizados, la tasa de agotamiento del hierro sería del 28% y la del aluminio del 15%, en cambio la del cobre superaría el 50%.
Por: Clemente Álvarez publicado en pelusaradical.blogspot.com

15/07/2010. Se sabe que la Tierra es una esfera de 12.756 kilómetros de diámetro, que tiene una masa de 5,98 x 1024 kg, y que su envoltura exterior está formada por la corteza terrestre, una capa de tan sólo 40 km de espesor en las zonas continentales en cuya parte superior se encuentra el gran almacén de minerales de los seres humanos. Sin embargo, se desconocen muchas cosas de lo que hay en esta parte del subsuelo.
¿Hasta cuándo se podrán extraer minerales para fabricar latas, coches u ordenadores? Responder a esta pregunta resulta realmente complicado. La ingeniera química Alicia Valero se propuso estudiar el capital mineral de la Tierra para su tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza, pero al tratar de avanzar se encontró con una dura roca que tardó cinco años en superar. Las investigaciones relacionadas con su trabajo han conseguido varios premios, el último en la 5ª Conferencia sobre Desarrollo Sostenible en Energía, Agua y Medio Ambiente, celebrada en Dubrovnik (Croacia).
"La extracción de minerales está en manos de unas pocas multinacionales que controlan el mercado y la información", comenta esta joven investigadora de 32 años, que para estimar la composición media mineralógica de la corteza continental superior(1) tuvo que viajar al Reino Unido, al British Geological Survey (BGS), el centro geológico de referencia en Europa, y consultar a especialistas de España, Australia, Francia, Polonia... La información más valiosa se la dio un geoquímico ruso ya veterano, Grigor'ev, que se comunicaba con ella por correo postal y en ruso (tuvo que recurrir a una traductora de la universidad).
"Parece increíble, pero casi no hay literatura científica y existe una gran opacidad sobre lo que se está extrayendo, no se sabe ni lo que se saca, ni lo que queda en las minas existentes"
Según sus cálculos, los diez minerales más abundantes serían cuarzo, albita, oligoclasa, ortoclasa, andesina, paragonita, biotita, hidromuscovita, augita y hornblenda, a los que sigue una larga lista con unos 300 nombres, muchos de ellos imprescindibles para la fabricación de productos. El que estos se agoten depende a la vez de su cantidad, de su composición y de su concentración, pues puede no ser viable sacarlo del subsuelo. "La segunda ley de la termodinámica dice que cuando la concentración de un recurso tiende a cero, la energía requerida para extraerlo tiende al infinito", comenta la investigadora. Como incide, esto también se cumple con el mineral que ha sido ya transformado en un producto, como las latas de conservas que se tiran a la basura. Si las latas acaban en vertederos, los metales con los que se han fabricado se irán dispersando poco a poco y resultará demasiado complicado recuperarlos, pero si se tira en el contenedor de reciclaje su concentración será suficiente para volver a utilizarlos y no tener que extraer nuevos minerales.
Para cuantificar la escasez de un determinado mineral a menudo se utilizan los costes de extracción o su precio en el mercado. La investigadora de Zaragoza mide la degradación del capital mineral por indicadores físicos, en concreto, por medio de las leyes de la termodinámica y la exergoecología. De forma simplificada, se trata de unificar la cantidad, la composición y la concentración del mineral en una misma propiedad: "la exergía"; una metodología propuesta en 1998 por su propio padre, Antonio Valero, director del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE). Tras cinco años de investigaciones, la ingeniera química lo tiene muy claro: "No nos enfrentamos a una crisis energética, sino de minerales".
De acuerdo a sus estimaciones, se habría agotado ya el 92% de las reservas de mercurio, el 79% de plata, el 75% de oro, el 75% de arsénico... En cuanto a los minerales más utilizados, la tasa de agotamiento del hierro sería del 28% y la del aluminio del 15%, en cambio la del cobre superaría el 50%. "El oro está ahí, no se pierde y está muy bien controlado, pero otros minerales se están dispersando en forma de basura en vertederos o de contaminación, como ocurrió con el plomo que se utilizaba antes en la gasolina", especifica Valero.
Con el aluminio, el hierro y el cobre, la ingeniera química aplicó también el modelo de Hubbert para, al igual que se ha estimado con el petróleo u otros minerales energéticos, calcular cuándo se alcanzaría el pico de producción, a partir del cual comenzaría a descender.
El resultado que encontró es que, si bien este pico ya habría sido alcanzado por el petróleo en 2008 y llegaría para el gas natural en 2023 y para el carbón en 2060, en el caso del cobre esto ocurriría en 2024, en el del aluminio en 2057 y en el del hierro en 2068.
Esto es considerando únicamente las reservas de estos minerales hoy en día conocidas. Puede ocurrir que de pronto se haga un importante descubrimiento como el reciente de Afganistán con el litio. Sin embargo, según este trabajo, incluso si se duplicasen las reservas mundiales conocidas, el punto más alto de la curva de campana a partir de la cual comenzaría a bajar la producción se desplazaría para la mayoría sólo unas décadas: 2038 para el petróleo, 2049 para el gas natural, 2056 para el cobre, 2085 para el aluminio, 2111 para el hierro y 2112 para el carbón. La diferencia, según la ingeniera química, es que para generar energía existen otras alternativas, pero algunos minerales no se pueden reemplazar. "La solución pasa por el reciclaje, la reducción del uso masivo de los productos minerales, su sustitución por materiales de origen orgánico y las energías renovables", comenta Valero, que recalca que en el futuro puede haber problemas con materiales indispensables para nuevas tecnologías, como el litio de las baterías de los coches eléctronicos con los que se espera acabar con la dependencia del petróleo. "Todos los productos deben ser diseñados para que al final de su vida se puedan recuperar fácilmente sus distintos componentes metálicos", incide.
Con todo, existe bastante controversia sobre este tipo de predicciones. Para Manuel Regueiro, jefe de Relaciones Externas y experto en recursos minerales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), todavía se desconoce mucho de lo que puede haber bajo la corteza terrestre y el avance de la tecnología puede cambiar estas estimaciones. Este escepticismo también se debe en parte a que no se han cumplido las predicciones realizadas en los años 70, como las del informe Meadows al Club de Roma. Sin embargo, para Valero, el que aquellos estudios no hayan sido exactos por falta de información más detallada, no invalida su mensaje: "Estamos hablando de diferencias de años que son nada para la edad de la Tierra".
Tener en cuenta lo que puede ocurrir con los minerales resulta muy importante para la validez de otras predicciones. Justamenta esto se refiere el estudio premiado en Dubrovnik, con una de las partes de la tesis de Valero, que considera que las previsiones realizadas por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) no contemplan de forma realista el mayor gasto en energía que será necesario en el futuro para extraer minerales cada vez más escasos.

Notas:
Alicia Valero: http://www.exergoecology.com/Members/aliciavd/PhD_Alicia_Valero.pdf/view?searchterm=Alicia%20Valero
British Geological Survey: http://www.bgs.ac.uk/
CIRCE http://circe.cps.unizar.es/
Análisis
El nuevo tesoro de Afganistán: http://www.elpais.com/articulo/internacional/nuevo/tesoro/Afganistan/elpepuint/20100614elpepuint_9/Tes
La batería de litio del coche eléctronico: http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/04/la-bateria-de-litio-del-coche-electrico.html

CBA: La ley de bosques permite el desmonte para minería

El proyecto de la Legislatura da ventajas a esta actividad por sobre otras.
por Lucas Viano

El proyecto de ley para proteger los bosques nativos que se discute en la Legislatura provincial podría ir directo a tribunales si se aprueba un artículo que da a la minería plena libertad de desmonte.
Esta conclusión surge de un análisis realizado por Alicia Morales Lamberti, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en derecho minero y ambiental. Las conclusiones fueron enviadas a la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Cotbn).
El artículo 39 dice: "... está permitida la actividad minera en todas las categorías de conservación, previo estudio de impacto ambiental debidamente aprobado por la autoridad de aplicación". Para la especialista, esto significa que se permite el desmonte en cualquier categoría, incluso en la zona roja donde no se puede desmontar ni siquiera para sembrar forraje.
Según Morales Lamberti, esta excepción no está contemplada en la ley nacional de presupuestos mínimos (26.331), por lo que se plantea un escenario de inconstitucionalidad. "La excepción no puede contradecir otras normas, más si son de mayor jerarquía", explicó.
Agrega que, además, dibuja un escenario de inequidad, al fijar un trato diferenciado para la industria minera (que puede desmontar en cualquier parte del territorio) frente a otras actividades. Otros sectores productivos podrían plantear la inconstitucionalidad por este trato diferenciado.
Morales Lamberti explicó que en cualquiera de los casos los argumentos de inconstitucionalidad se desprenden de la propia ley y, al no requerirse ninguna prueba, la resolución sería inmediata.
El artículo autoriza la excepción "previo estudio de impacto ambiental aprobado". La especialista precisó que este procedimiento es más flexible que el que se pide para otros casos de desmonte, a los que se les solicita una evaluación de impacto ambiental (más completo que un estudio) y son sometidos a una audiencia pública.
Esta excepción no corre para la minería metalífera y nuclear, las cuales están expresamente prohibidas por la ley provincial 9.526, aprobada en 2008 pero que ahora el Tribunal Superior de Justicia analiza si es inconstitucional.
Tras varios meses de debate abierto, los legisladores de la Comisión de Asuntos Ecológicos presentaron el 23 de junio un proyecto de ley para proteger los bosques nativos.
Como exige la norma nacional, el texto zonifica al territorio cordobés en tres categorías según el grado de conservación de sus montes y las actividades productivas permitidas en cada una. El proyecto sería sancionado en agosto.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-ley-de-bosques-permite-el-desmonte-para-mineria

miércoles, 14 de julio de 2010

MARTA MAFFEI: Análisis sobre LEY DE GLACIARES

LA LEY DE PROTECCION DE GLACIARES DE AUTORIA DE LA COMPAÑERA MARTA MAFFEI, HOY REPRESENTADA POR EL DIPUTADO BONASSO, DEBE SER TRATADA Y APROBADA NUEVAMENTE POR LA CAMARA DE DIPUTADOS


La ley de glaciares fue sancionada en octubre y vetada el 11 de noviembre de 2.008.
Casi dos años después, mientras los cuerpos de hielo de todo el planeta retroceden por el calentamiento global y los de Argentina son sometidos, además, a la depredación de la industria minera que vuela las montañas que los sustentan, el Congreso Nacional mantiene una actitud cómplice con este despojo, haciéndose eco de discusiones sin sentido.
Antes que el stablishment internacional decidiera que la Argentina era un país minero, los ecosistemas glaciares habitaban la soledad de la cordillera, parques nacionales y otras tierras inhóspitas, brindando sus aguas, alimentando ríos, arroyos, dando vida a las zonas más áridas de nuestro país. Hoy esas montañas están siendo ocupadas por empresas transnacionales.
Pasaron más de tres años, desde que la compañera Marta Maffei propusiera un marco normativo estableciendo los presupuestos mínimos para proteger esas formaciones milenarias que dan vida a inmensas regiones naturalmente áridas, evitando la depredación a que los someten las actividades humanas que los destruyen con o sin calentamiento global.
El proyecto transitó las Comisiones de asesores de Recursos Naturales y Ambiente, tanto en diputados como en senadores. Allí, fue analizado por ingenieros, abogados, biólogos y geólogos. Lo trataron luego los legisladores en las Comisiones, finalmente aprobado unánimemente por ambas Cámaras, fue publicado como la Ley 26.418
Para sorpresa e indignación de quienes participaron y trabajaron en el proyecto pero también de las comunidades afectadas por el uso irracional del recurso, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la Ley desconociendo los consensos construidos y amparando claramente los interese espurios de la minería contaminante que es la principal predadora de los glaciares y del ambiente periglaciar así como de la irracional explotación de todas las fuentes de agua cordilleranas.
El veto presidencial, aberrante, endeble y mentiroso, no ha tenido funcionarios que se animaran a defenderlo, poniendo en evidencia, las presiones del poder económico y las complicidades tramadas con los gobiernos nacional y provinciales. No hay más discusiones posibles acerca del contenido de la ley Maffei, hoy representado por el Diputado Bonasso, el único problema es que el mismo entorpece los negocios mineros.
Hoy, la Ley 26.418 ha sido aprobada nuevamente por las Comisiones en Diputados y está en condiciones de ser tratada en el Recinto.
Defender la ley no es una postura de confrontación con el Ejecutivo, ni un capricho de un espacio político. Si insistimos con ese proyecto es porque se trata de la herramienta adecuada para proteger nuestros glaciares como reservas de agua pura y proveedores de recarga para las cuencas hídricas.
El veto presidencial, puso al Senador Filmus, defensor enérgico de la ley vetada, en la ridícula “necesidad” de justificar a la presidenta elaborando un proyecto alternativo, “digerible” para el lobby minero. Un proyecto que apostrofa “superador”, recargado de un tecnicismo verborrágico que recorta el espacio protegido y otorga subrepticiamente largos plazos a los emprendimientos en marcha.
La Ley 26.418 ordenaba el control de las prácticas mineras en marcha mediante una auditoría ambiental dentro de los 180 días posteriores a su sanción, y el cese, traslado y reparación del emprendimiento en caso de verificarse daños.
Sin embargo el proyecto “superador” de Filmus establece que ese control comienza a partir de los 180 días de finalizado el inventario de la jurisdicción provincial!!! Es decir, para controlar un emprendimiento bien delimitado y conocido por las autoridades competentes, hay que esperar la finalización del inventario provincial. Por qué esperar tanto tiempo? No hay ninguna razón, salvo dejar que esto siga así largamente.
Esto lo saben quienes apoyan el proyecto Filmus y precisamente por eso lo defienden: les da tiempo, tiempo para robarnos el agua, el tiempo de la vida de nuestros sembrados, el tiempo de la vida de nuestras zonas áridas. El tiempo que necesitan para autorizar nuevos emprendimientos y seguir con los existentes.
Un tiempo que para ellos es oro y para nosotros, despojo, saqueo y destrucción.
Por eso es importante instar la urgente aprobación en Diputados del proyecto Bonasso y si esto sucede, iniciar una fuerte campaña para obtener el mismo resultado en el Senado.

domingo, 11 de julio de 2010

Declaración de Ongamira Despierta - INDEPENDENCIA

1816 – 9 de julio - 2010
Declaración de Ongamira Despierta



En estos días en que recordamos la independencia declarada en el Congreso de Tucumán hace 194 años, queremos que se recuerde también a los miles de argentinos que lucharon y luchamos por una independencia verdadera, actualizada, redefinida según los tiempos que nos tocan vivir.



Hoy, ser independientes de verdad pasa por participar de una apasionada y decidida defensa de los territorios en que vivimos. Defensa, sí, porque el agua, la tierra, los bosques, las fuentes mismas de la vida están siendo atacadas. Y esos ataques son resultado de seguir inmersos en un modelo dependiente, sujeto a las reglas de un mercado que ha demostrado sobradamente ser destructivo.



La medida de nuestra independencia está en lo más simple, en lo más básico. ¿Por qué producimos tanta soja de la cual consumimos menos del 5%, mientras los alimentos que sí consumimos escasean y están cada vez más caros? ¿Por qué, si el agua dulce es tan valiosa y vital, permitimos que se la siga contaminando? ¿Por qué, si el oro y otros metales son estratégicos y dan tanto poder, permitimos que se lo sigan llevando precisamente las corporaciones que lideran las más salvajes invasiones? ¿Por qué, si los bosques son los pulmones del mundo, permitimos que sigan desapareciendo por obra de quienes tienen mucho y no les importa el hambre de los que no tienen nada?



En estos días en que la palabra “independencia” se repetirá y resonará, queremos compartir un abrazo fraterno y comprometido con todos los pueblos que están luchando por una independencia verdadera, luchando contra las corporaciones más poderosas y contra los entregadores más cobardes y ambiciosos, luchando unidos a miles de personas en todo el mundo que resisten y sueñan un destino distinto al que nos propone el dios dinero.



Y es un abrazo especialmente orgulloso desde Córdoba, que todavía está despierta.



Gracias a la lucha está vigente la ley provincial 9526, aprobada en 2008, que nos protege de la megaminería a cielo abierto, ley amenazada hoy por los embates del lobby minero. Recordemos que la Reserva Hídrica de Pampa de Achala está seriamente en peligro ante las expectativas de extracción de uranio. Y toda la cuenca del lago San Roque, que abastece de agua a casi dos millones de personas, sufre la contaminación de la explotación minera uranífera en Los Gigantes, detenida en 1991 y nunca remediada. Y éstos son solamente dos ejemplos de una problemática mucho más amplia.



Córdoba todavía está despierta, poblada de luchas en todos los ámbitos. Desde Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta, remarcamos nuestra postura contra la megaminería y el cuidado del agua, por los bosques, contra los megabasurales, contra la especulación inmobiliaria. Y en nuestro abrazo nos hermanamos con todas las luchas; culturales, sindicales, educativas, barriales, de género; de solidaridad con un futuro que construyamos entre todos, superando las divisiones que nos imponen desde arriba, libres de pensamiento y de acción, independientes.



ONGAMIRA DESPIERTA
TRASLASIERRA DESPIERTA

miércoles, 7 de julio de 2010

Glaciares: piden investigar la relación de Cristina con una empresa minera

Diputados quieren que la Justicia averigüe el probable vínculo de la Presidenta y otros funcionarios con la minera Barrick. Dentro de una semana se debate nuevamente la ley de Glaciares en la Cámara baja.


Legisladores nacionales pretenden que la Justicia indague en la relación que funcionarios oficialistas y hasta la propia Presidenta de la Nación tienen con la empresa minera Barrick, cuestionada por la oposición por ser la beneficiaria a medida del veto a la ley de Glaciares, aprobada en 2008.
Las diputadas Elisa Carrió y Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, junto con Miguel Bonasso, de Diálogo por Buenos Aires, ampliaron su denuncia donde describen la profusa vinculación entre Cristina Fernández de Kirchner, la familia Gioja y otros funcionarios con la cuestionada minera.
Según la diputada Fernanda Reyes, “queremos indagar cuál es la relación del veto a la ley con la relación de la Presidenta y diferentes funcionarios con la Barrick Gold”, indicó a Clarin.com
Además, la legisladora nacional quiere conocer también el vínculo entre el senador oficialista César Gioja y la firma Barrick; el legislador sanjuanino fue proveedor de la minera a través de su empresa Bentonita Santa Gema.
También los diputados requieren se investigue al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, quien cuenta con una participación accionaria del 15% en la empresa proveedora minera Millston, la que comparte dirección postal en la ciudad de Buenos Aires con Barrick Exploraciones.
Los legisladores solicitan además conocer el acuerdo tributario firmado entre Chile y Argentina, al que no han tenido acceso a pesar de varios pedidos de informes requeridos Y saber lo que está estipulado allí, donde se han logrado beneficios impositivos para la minera Barrick para explotar Pascua-Lama, un emprendimiento binacional entre Chile y Argentina, ubicado en la provincia de San Juan.
La ley de Glaciares tendrá tratamiento en Diputados la semana próxima, cuando esa Cámara insistirá en el proyecto original, llamado hoy “ley Bonasso” pero que es de autoría de la ex legisladora Marta Maffei.
A la Cámara baja llega un proyecto de Daniel Filmus aprobado en el Senado, el que desde la oposición intentarán modificar y devolver a la otra Cámara, a fin de insistir con la letra vetada por la Presidenta dos años atrás.


Es probable que el próximo miércoles 14 de julio se debata en la Cámara de Diputados la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (tiene pedido de preferencia para su tratamiento). Si no se trata en esa fecha, recién podrá ser debatida a partir de agosto, luego del receso de invierno.
Una fecha compleja, ya que el mismo día el Senado debate la ley de matrimonio del mismo sexo, un tema que seguramente tendrá centralidad en los medios de comunicación. Recomendamos estar alertas a las distintas convocatorias a favor de la ley vetada que irán apareciendo en estos días previos, para participar y difundirlas.
Si bien el proyecto original de Maffei, “clonado” por Bonasso, logró despacho de mayoría en la reunión conjunta de las comisiones de Minería y RR.NN, no significa que vaya a cosechar igual resultado en el recinto. Es muy posible que el proyecto de Filmus recoja el voto del oficialismo y sus aliados, pero no es seguro que toda la oposición apoye el de Bonasso. Por ejemplo, hay sectores del PRO y el peronismo disidente cercanos al sector minero que difícilmente acompañen la votación. O la voten en general y luego busquen modificarle los artículos sustanciales.
Si el proyecto de Filmus logra la mayoría en el recinto sin modificaciones, estaría en condiciones de convertirse en ley.

martes, 6 de julio de 2010

Punilla organiza la resistencia para frenar la minería "a cielo abierto"

Villa Carlos Paz.- Tras conocerse que grupos empresarios pretenden derogar la ley que prohíbe la minería en la Provincia de Córdoba y "reabrir" los yacimientos "a cielo abierto" que existen en las sierras, las principales asambleas ambientalistas de la región comienzan a movilizarse y a organizar la resistencia al fuerte "lobby" minero. Como primera medida, se decidió dictar una serie de talleres en las comunas del sur de Punilla y en Villa Carlos Paz, con la expresa finalidad de informar a la población sobre las consecuencias y el "impacto ambiental" que esta iniciativa tendrá en la zona.
Las primeras acciones de "concientización" se establecieron en el marco de un encuentro que se concretó el último domingo en el asentamiento "Pueblo Grande" de Cuesta Blanca, donde se dieron cita los integrantes de la asamblea "Punilla Despierta" (en combinación con Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta) y se expusieron los detalles de una "peligrosa" maniobra política y judicial, planificada, encarada y financiada por el empresariado minero cordobés.
Una importante cantidad de asistentes se dio cita en el centro cultural emplazado sobre la Ruta 14, molestos e indignados por los "incesantes" esfuerzos para reactivar una industria que causó un daño de magnitudes "catastróficas" e inédito en el país. Y es que, resueltos a preservar el medio ambiente, la salud y el carácter turístico del sector, comienzan a hacerse sentir las "primeras voces" respecto al pedido de inconstitucionalidad de la actual Ley de Minería de Córdoba, sancionada hace menos de dos años por la Legislatura cordobesa y mediante la cual se prohíben, en Córdoba, "las actividades mineras riesgosas, como la extracción de uranio".
En concreto, este pedido, que fue elevado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), disparó la polémica, sobre todo porque el TSJ (si bien no expidió sobre el pedido) aceptó tratar el caso en los próximos meses.
Pero lejos de quedar allí, la aparición -en varias escuelas de la ciudad y de localidades vecinas- de un folleto de educación vial con auspicio de la firma "Barrick Gold" (que adquirió fama por ser altamente contaminante) aumentó las sospechas, afirmando las versiones que dan cuenta del desembarco en la Argentina de CAMECO, calificada como la "mayor productora mundial de uranio". Y es que Argentina posee grandes reservas de este mineral en relación con otras naciones del mundo, incluyendo un área que causa interés al sector privado y que abarca un total de 1,3 millones de kilómetros cuadrados (comprendido entre las provincias de Salta, Córdoba, Mendoza y Chubut). De esta forma, la nación ingresó dentro de los nueve países (Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, Inglaterra, China, Brasil e Irak) con capacidad tecnológica para enriquecer uranio y conformar el elemento combustible de reactores de potencia e investigación.
Una investigación encarada por este medio semanas atrás, reveló además que CAMECO estimó una inversión superior a los diez millones de dólares para encarar los trabajos en territorio argentino, incluyendo tareas de prospección geológica, geofísica y sísmica en el marco de un plan a cuatro años; donde la empresa apuesta a quedarse con otros yacimientos existentes como "Los Gigantes" (que se compraría para ser utilizado como basurero nuclear) y bajo la "excusa" de que se trata de una zona "donde el impacto ambiental ya se produjo y donde nuevos elementos no causarían una contaminación sustancialmente mayor".
Movilizados por estas informaciones, el último domingo se procedió a la planificación de una serie de acciones, tendientes a difundir la realidad que golpea al yacimiento uranífero "Schlagintweit" (ubicado en el macizo Los Gigantes), donde (durante la década del ochenta) se provocó la mayor contaminación uranífera en cauces de agua dulce de Sudamérica: la caída de un total de 300 millones de líquidos ácidos que contenían trazas de uranio, radio, radón y demás sustancias tóxicas, que cayeron sobre la cuenca del lago San Roque.
Según pudo conocer El Diario, una de las primeras tareas tendrá que ver con una serie de talleres para difundir la contaminación existente en el río San Antonio (producto de los trabajos realizados hace dos décadas en las sierras) que pusieron en peligro la vida de todos los habitantes de Punilla. Asimismo, se aprovechará la ocasión para ofrecer disertaciones a cargo de profesionales, la proyección de videos y un taller participativo general, donde los asistentes podrán evacuar sus inquietudes respecto a una problemática "que demanda acciones y respuestas urgentes".

Fuente: http://www.eldiariodecarlospaz.com/2010/julio/06_07_10/ju1006a.html

domingo, 4 de julio de 2010

IMPORTANTE ACLARACIÓN: mail "Adios Sierras Cordobesas"

COMUNICADO 3 DE JULIO DE 2010

Los Vecinos Autoconvocados de la Asamblea ¡Ongamira Despierta! de Córdoba queremos hacer una importante aclaración sobre el mail que anda circulando (ahora con fecha actualizada) con asunto "Adios sierras cordobesas, se aprobó mineria a cielo abierto" alertando sobre una inminente explotación de uranio en la zona de Altas Cumbres.
Este mail anda circulando por internet desde el 2007, por lo tanto no está actualizado. Esta es la situación:

A la fecha, HOY 3 DE JULIO DE 2010, tenemos una LEY PROVINCIAL que PROHIBE LA MEGAMINERÍA A CIELO ABIERTO y la explotación de URANIO y TORIO en toda la provincia de CÓRDOBA, sancionada en 2008.

Es honda nuestra preocupación en este momento ya que la Cámara Minera de la Provincia y la Asociación de profesionales de la CNEA pidió al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba declare inconstitucional la Ley 9526.
Todavía este Tribunal no se expidió.

Lógicamente tenemos que estar bien Despiertos y activos, difundiendo y corroborando la veracidad de las noticias que recibimos porque sino el clima se enrarece y no se ajusta a la realidad.

¡Defendamos nuestro derecho al agua, a la tierra y al aire puros!
DEFENDAMOS NUESTRA LEY 9526
Porque nadie va a poder sobrevivir en un planeta contaminado

LA MEGAMINERÍA ES UN PROBLEMA NACIONAL
Juntos y unidos velemos por los verdaderos derechos humanos que son mancillados por los intereses de megaemprendimientos y gobernantes complices.

POR FAVOR DIFUNDIR
con la misma fuerza que el mail anterior

Muchas gracias
Asamblea de Vecinos Autoconvocados
¡ONGAMIRA DESPIERTA!

viernes, 2 de julio de 2010

Folletos Barrick en Córdoba

Estos son los folletos utilizados en la Campaña "Convivencial Vial". Debemos contrarrestar esta acción, alertando a todos nuestros contactos e informar a los que participaron de ésta campaña (Algunas figuras de renombre, ej Jorge Omar del Rio y Rubén Daray dentro del ambiente automovilístico, artistas plásticos, docentes, niños y hasta un Coro).

Resaltamos la leyenda que pone la empresa en el adhesivo " Solidaridad y Respeto por la Vida" y en el folleto Pare "Practicando la tolerancia y el respeto por la vida, somos más humanos y vivimos mas seguros".

ATENCION
Utilizan un sobre en dónde colocan el material, ésto sirve para que quienes no saben del orígen, sumen sus folletos de Educucación Vial quedando involucrados en la Campaña.

Se está entregando en Escuelas y en Peajes.

Este ejemplar pretendío ser entregado en una Escuela de La Comuna de San Antonio de Arredondo, Valle de Punilla, Provincia de Córdoba.

Gracias a la Despierta Mirada de su Directora se pudo frenar.

ONGAMIRA DESPIERTA

Comunicado de las Organizaciones Ambientalistas del Valle de Punilla

El día 26 de junio se reunieron las instituciones ADARSA, ONGAMIRA DESPIERTA, PUNILLA SUR DESPIERTA, Representantes de ATE, Parques Nacionales, Consejeros de Ambiente y los vecinos preocupados por la cada día más profunda brecha que separa a nuestros gobernantes y representantes políticos de nuestras demandas vinculadas con la defensa del Ambiente.
Preocupados, vemos como nuestros reclamos no son respondidos, los compromisos asumidos, olvidados, y las acciones, dilatadas hasta la extemporaneidad.
Preocupados, vemos como nuestro esfuerzo debe cubrir las omisiones, las claudicaciones y la indiferencia de buena parte de la dirigencia política que en lugar de valorar, ignoran los aportes originados en las ONGs; en lugar de sumar el conocimiento que desde la experiencia, la vivencia y el saber científico y académico, muchos ciudadanos están dispuestos a aportar en esta construcción colectiva que es nuestra historia común, lo restan.
Vemos con preocupación que la Ley de Glaciares no se termina de aprobar, la de Minería está en terapia intensiva en el TSJ, la de Bosques sigue sometida a presiones inadmisibles de la ambición desmedida, los recursos hídricos desarticulados en su gestión, las urbanizaciones erráticas y el problema de los residuos urbanos sin abordar con la racionalidad que merece el tema y con la concurrencia de todos.
Vemos con preocupación que las leyes que dan la cobertura necesaria para prevenir posibles desvíos, para que se garantice la calidad de vida de hoy, del futuro, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, y para todos los descendientes que se constituyan en la continuidad de la especie, son ignoradas, trampeadas, y hasta se delega y privatiza desde el Estado su Poder de Policía.
Ante esto, las Organizaciones Sociales debemos entender que el tema ambiental nos atraviesa a todas. Que el problema de la gestión del agua no se entiende separado del problema del suelo, de los bosques, de las urbanizaciones, de la contaminación ni de la energía.
Una misma energía nos moviliza, una misma fuente y una misma fe en un futuro más humanista. Por eso debemos articularnos en redes más eficientes aprovechando la oportunidad que nos brinda el desarrollo de las comunicaciones.
El desafío hoy es sumarnos en este camino colectivo para que nuestra voz llegue más clara y más fuerte a quienes nos representan y así recordarles cual es su mandato.
Convencerlos de que hoy es el momento histórico en que les toca actuar, como a todos, para darle a nuestra vida un sentido trascendente. Para conjurar los fatalismos que sólo visualizan el futuro como un abismo. Para recuperar del hombre lo mejor de su humanidad.
Solo así serán merecedores del privilegio de actuar en nuestro nombre.

ADARSA, ONGAMIRA DESPIERTA, PUNILLA SUR DESPIERTA, Representantes de ATE y
Parques Nacionales.

Asambleas ambientalistas se movilizan contra la minería contaminante
Miércoles 30 de Junio de 2010 17:29

El sábado 26 se realizó en la sede de la Ong ADARSA, una reunión con todas las Asambleas del valle de Punilla para tratar básicamente el tema minería contaminante. El detonante fue el pedido de inconstitucionalidad de la actual ley de minería de Córdoba (una ley que prohibe la minería a cielo abierto) por parte de la CNEA y la Cámara de Empresarios Mineros. Según estas instituciones, ambas tendrían la aparente intención de volver a explotar uranio en nuestras serranías.

Otro tema que fue motivo de debate fue la aparición en nuestra región de folletos de educación vial con auspicio de la Barrick Gold (famosa minera contaminante) en el marco de un programa educativo.
En la reunión realizada el sábado pasado, las Asambleas consensuaron una serie de acciones conjuntas para informar a la población sobre la actual contaminación de la Mina Los Gigantes, las consecuencias de la minería a cielo abierto y la catástrofe que instalan estos emprendimientos en los lugares en que se instalan; además de realizar acciones a nivel institucional público para que no deroguen la ley vigente ni se instalen los mencionados emprendimientos.
El próximo domingo 4 de julio a las 18 horas habrá un nuevo encuentro en el Asentamiento Cultural Pueblo Grande, sobre ruta 14, cien metros antes de la entrada a Cuesta Blanca.

Fuente: http://www.fmazul.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5235:asambleas-ambientalistas-se-movilizan-contra-la-mineria-contaminante&catid=1&Itemid=2

jueves, 1 de julio de 2010

La FFyH se pronunció en contra de la minería a cielo abierto en Córdoba

A través de una resolución aprobada por el Consejo Directivo, en la sesión del 22 de junio de 2010, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC se declaró públicamente en defensa de la Ley Provincial Nº 9526, que establece la prohibición de “la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales” en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.
La resolución destaca que esto se realiza “en el marco de la defensa de las instituciones democráticas, de la tutela de derechos consagrados y del bien común de la ciudadanía toda, por encima de intereses privados y sectoriales que procuran beneficios restringidos que se edifican sobre gravosos daños socio-ambientales irreversibles costos estatales y cesión de recursos naturales a la corporación transnacional”.
Antecedentes
El pasado 18 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba aceptó formalmente tratar el pedido de “inconstitucionalidad” de la Ley 9526, entablado por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN). La Cámara Minera también había solicitado, hasta que se expida el máximo tribunal, la suspensión de la ley, pero fue denegado.
Cabe destacar que esta Ley fue aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial a fines de septiembre 2008, luego de un profundo trabajo técnico y legal que contó con la participación de muchos actores involucrados en la temática.
Por ese motivo, la Facultad de Filosofía y Humanidades adoptó esta decisión “en el marco de la defensa de derechos humanos internacionalmente consagrados y del patrimonio de las generaciones presentes y venideras”.
Esta medida aprobada por la FFyH se suma a la declaración en contra de la aceptación de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), emitida en julio que 2009, y a la resolución posteriormente sancionada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, en diciembre de 2009.