Para comprender los motivos de comunidades y organizaciones para oponerse a la minería de metales, no podemos hacerlo sólo desde la lógica de la economía capitalista. La razón es simple: ningún problema debe entenderse sólo desde uno desde uno de sus ángulos. Por ello se intentará abordar la cuestión de la minería desde el campo de la ecología política, que a nuestro juicio integra elementos económicos, ambientales y políticos.
Razones económicas
Es frecuente encontrar en los medios de comunicación, expresiones de duda y desconfianza frente a la activa oposición que muchas comunidades campesinas e indígenas, y sus aliados en el movimiento social, han mantenido desde hace años ya, en contra de la explotación minera y petrolera, la construcción de grandes hidroeléctricas y los megaproyectos mega plantaciones, supercarreteras y otros.
Centrándonos en la minería de metales, podemos ver como en muchos casos -no en todos- se trata de un discurso fabricado por grupos vinculados a las empresas, que ven sus inversiones y ganancias "en peligro". Estos grupos de interés no quieren entender las razones de las comunidades y sus aliados para oponerse a la "generación de riqueza"; y solamente ven "eco-histéricos" con agendas ocultas o campesinos "manipulados" por aquellos.
Los defensores interesados de la minería (y en general de los megaproyectos) tienen un pensamiento tan cerrado, que solo pueden entender la oposición a estos proyectos, afirmando que los supuestos "eco-histéricos" se están "enriqueciendo" con ello. Tampoco pueden aceptar que las comunidades se movilizan por si mismas, sin manipulación, al ver violados sus derechos o al percibir con sus propios ojos los daños causados al medio natural.
Para comprender los motivos de comunidades y organizaciones para oponerse a la minería de metales, no podemos hacerlo sólo desde la lógica de la economía capitalista. La razón es simple: ningún problema debe entenderse sólo desde uno desde uno de sus ángulos. Por ello se intentará abordar la cuestión de la minería desde el campo de la ecología política, que a nuestro juicio integra elementos económicos, ambientales y políticos.
La mayoría de posturas favorables a la minería -por ejemplo el reciente informe del CIEN "Contribución de la industria minera al desarrollo de Guatemala"- solamente ven esta actividad desde el punto de vista de la riqueza que genera, y sostienen que la minería, por el mero hecho de su existir, tiene un "efecto derrame" sobre el resto de la población (digamos por la vía de empleos o inversiones privadas).
Este argumento es falso, ya que la riqueza generada a partir de la extracción, procesamiento y venta de oro y de otros metales estratégicos (como el uranio), es y será solo para la minera. El "efecto derrame" no existe, a menos que llamemos así a: a) las inversiones que toda empresa hace para desarrollar su actividad, como los pocos empleos para especialistas extranjeros. b) el derrame de dólares que solo alcanza a los accionistas, pero no a las comunidades afectadas, o c) el potencial derrame de cianuro en las fuentes de agua.
Estas afirmaciones no se basan en prejuicios o mentiras, sino en la observación de la realidad minera pasada (El Estor, San Ildefonso Ixtahuacán) y presente (Sipakapa, San Miguel Ixtahuacán), que demuestra claramente que la inversión privada nunca se ha convertido en un mejor nivel de vida para las poblaciones cercanas a la explotación, mientras las empresas perciben cada vez mayores ganancias: la onza de oro superó los 1,100 dólares este mes.
La posición que favorece la minería sólo desde argumentos económicos, también tiene una postura errada sobre los impactos ambientales. En el peor de los casos, los niegan y en el "mejor" caso los consideran "externalidades", que deben asumir las comunidades pero no la minera. Incluso se afirma que "toda actividad humana tiene impactos en el entorno" (lo cual es cierto, pero no puede compararse el impacto ambiental de una milpa familiar con el de una gran empresa minera o petrolera).
Incluso dentro de las posturas opuestas a la minería, es frecuente encontrar argumentos igualmente centrados en lo económico (en especial en el tema de las regalías). Por supuesto, esta cuestión es crucial. Desde ningún punto de vista puede considerarse como justo que la minera se quede con el 99% de las ganancias y el restante 1% se divida entre el gobierno central y el gobierno local, sin que una gota llegue a alcanzar a las comunidades más pobres.
Pero, aún aumentando las regalías (y aunque la mentira del "efecto derrame" fuese cierta), la minería de metales sigue teniendo graves impactos ambientales que no entran en ningún cálculo económico. Centrar el debate solamente en perspectiva de las "ganancias", la "riqueza" y el "oro" (aún posicionándose a favor de las comunidades) es limitar la discusión al mismo terreno en el que quieren ubicarlo los defensores de la minería.
Debe debatirse seriamente si es mejor prevenir los impactos ambientales y sanitarios, o dar una pequeña compensación monetaria a quienes los sufren. Estas son cuestiones que podrían abordarse en una nueva ley de minería. Una ley que, aún aumentando las regalías (digamos a un 50%), no se centre solo en el tema económico, y que no vele solamente por las empresas sino también, y sobre todo, por las comunidades y la naturaleza.
Por último, también resulta urgente que el gobierno proporcione alternativas de producción y sobrevivencia a las comunidades para que no caigan en la trampa de los falsos "empleos". O en todo caso, si considera que ése no es su papel o que no tiene suficientes ingresos para ello, debería dejar espacio y dar facilidades a las comunidades para que ellas mismas construyan sus propias alternativas económicas frente a la minería.
Razones ambientales
Cuando se habla de los impactos ambientales de la minería, no nos referimos simplemente a que se esté "arruinando el paisaje" (Siglo XXI 16/07/09), sino a cuestiones mucho más serias, que tienen a su vez implicaciones en la economía, la salud y la alimentación de las comunidades cercanas a las minas. Tal es el caso de Valle de Siria en Honduras, donde se han denunciado muchos efectos nocivos en la salud de las poblaciones cercanas.
En Guatemala, los voceros de la mina Marlin continúan negando que la actividad de la misma tenga algún tipo de impactos ambientales, pese a que ya están comprobados sus efectos en la salud de los habitantes de las comunidades cercanas y en trabajadores de la mina (erupciones en la piel por contaminación de la sangre con cobre y arsénico), así como el hecho de que se han secado ya 40 pozos de agua comunitarios (Diario de Centroamérica, 11/03/09).
Por otro lado, está la deforestación asociada a este tipo de industria (que resulta innegable), ya que la minera requiere, en primer lugar de talar los árboles de la zona, y en segundo lugar de literalmente "moler" la montaña, para separar la tierra de los metales, utilizando para ello maquinaria pesada (extracción a cielo abierto) y químicos venenosos (lixiviación con cianuro de sodio), lo que implica la destrucción y contaminación tóxica del suelo.
Con esto nos referimos a que los suelos donde se ha practicado la explotación minera de metales a cielo abierto, tal como hoy se practica, no podrán ser utilizados para cultivos o para reforestación, teniendo impactos a largo plazo en la alimentación de las comunidades. Consideremos además que para obtener el oro necesario para fabricar un solo anillo de 18 kilates, se necesita generar hasta 20 toneladas de desechos sólidos.
Otro impacto ambiental muy serio es sin duda en el agua. Recordemos que el impulso a la minería se da sobre todo en las cuencas altas, donde, por razones geológicas, están los mayores yacimientos de oro y otros metales con valor estratégico. Pero es también en las cuencas altas donde están la mayoría de nacimientos de agua, por lo que la deforestación, la sobre explotación de las fuentes de agua y la destrucción del suelo interrumpen el proceso de recarga hídrica.
Como se indicó, el agua explotada por la mina Marlin es envenenada con cianuro y otros químicos durante el proceso de lixiviación; luego es embalsada en un agujero llamado pomposamente "represa de colas", que no impide la filtración de los químicos a las aguas subterráneas. En Honduras y otros países se han documentado accidentes por derrames y roturas de estas "represas". En Guatemala ya ha habido varios derrames de camiones con cianuro, que además ha sido introducido al país sin pagar impuestos. (Prensa Libre, 30/06/09).
La cuestión del agua no sólo es preocupante desde el punto de vista de sus impactos ambientales, en la salud de los seres vivos y en la alimentación. También es a todas luces injusto que las mineras puedan explotar de forma totalmente gratuita hasta 250,000 litros de agua por hora, la misma cantidad que una familia campesina podría consumir en unos 22 años (en teoría, si es que tuviera acceso a agua potable y entubada).
Cuando se debate el tema de la minería de metales, existe la necesidad de prestar al tema ambiental por lo menos la misma atención que se da al tema económico. Después de todo, recordemos que la postura a favor de la minería por lo general niega dichos impactos ambientales.
Entre los grupos opuestos a esta industria extractiva, abundan las críticas centradas solamente en lo ecológico (ignorando o tomando en cuenta superficialmente el tema económico). Esta posición, si bien puede sostenerse desde el punto de vista de la ética de la vida, con frecuencia tiende hacia una visión idealizada de la naturaleza y de las comunidades campesinas, ignorando las condiciones de pobreza y explotación en que cotidianamente sobreviven.
De forma similar, las críticas centradas solamente en el tema económico, pierden de vista no solo los vínculos directos entre ambiente y economía, sino también que los impactos ambientales en si mismos, son razones de peso suficientes para oponerse a la minería de metales. Es preciso que las críticas no se centren sólo en el tema de las regalías, pues incluso si estas aumentaran, esto no eliminaría los impactos ambientales.
Razones políticas
Al tomar posición a favor o en contra de la minería de metales, generalmente se hace desde la economía o la ecología. Otro punto de vista aún no explorado a fondo, es político. Con ello no nos referimos a la ideología del gobierno de turno, pues desde los abiertamente neoliberales PAN, GANA), hasta los que navegaron bajo otras banderas (DCG, FRG, UNE) han dado su apoyo abierto o velado a la minería y han usado –con distintos matices- el discurso de la misma como “motor del desarrollo”.
El gobierno actual no llega al extremo neoliberal de negar los impactos ambientales de la explotación minera. Sin embargo, al sostener que éstos pueden minimizarse, oculta el hecho de que no se deben a “errores” o “excesos” de las empresas, sino son parte del proceso normal de la extracción minera.
Parece que al gobierno sólo le importan las necesidades de las empresas pero no de las comunidades impactadas o amenazadas por las actividades extractivas. Solo así se explica que la transnacional Goldcorp (dueña de Montana Exploradora y de la mina Marlin) pueda proseguir con sus actividades, pagando el mismo 1% de regalías, pese los señalamientos de comunidades, organizaciones y del mismo Ministerio de Ambiente sobre los negativos impactos ambientales y económicos.
Los apóstoles del “libre mercado”, la “creación de empleos” y el “efecto derrame”, seguro sintieron mucha “seguridad para la inversión” cuando personal de la mina Marlin impidió el acceso al Alcalde de Sipakapa, quién pretendía tomar muestras del agua de la represa de colas (Prensa Libre 17/03/08), o cuando el Ministerio de Ambiente fue obligado a dar marcha atrás en sus acciones por el ingreso de cianuro libre de impuestos y controles ambientales (Prensa Libre, 30/06/09).
Como era de esperarse, frente a las consultas comunitarias en contra de la extracción minera y petrolera, mega hidroeléctricas y otras actividades similares, el gobierno actual adoptó la misma posición que el anterior. Al igual que la GANA, la UNE no ha reconocido la validez ni ha acatado los resultados de las 24 consultas comunitarias realizadas durante su gestión, y replica el discurso de la “oposición al desarrollo”, los “indígenas manipulados” y la “ingobernabilidad”.
Pero las consultas comunitarias no pueden ni deben verse solo bajo ese lente. Más bien debemos preguntarnos: si realmente vivimos en una democracia (débil e insuficiente, pero democracia al fin) ¿por qué no se han respetado los resultados de las 51 consultas comunitarias realizadas desde el año 2005? ¿Será que más de medio millón de votos (600,800) en contra de la minería y los megaproyectos no tienen ningún valor ni peso político? ¿Acaso la democracia y las votaciones solo importan en temporada electoral pero no cuentan en el día a día?
El tema de las consultas comunitarias también se relaciona con el controvertido Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales. Este convenio, firmado por el gobierno del neoliberal PAN, en 1996 (solo para aprobar un año después la actual Ley de Minería) obliga, entre otras cosas, al gobierno y a las empresas, a informar y consultar a las comunidades antes de conceder las concesiones y de iniciar los proyectos, lo cual nunca se ha cumplido.
Dado que el Convenio 169 establece procesos de información y consulta previa a las comunidades, y que las consultas comunitarias se han celebrado muchas veces después de la concesión de los proyectos, algunos analistas han argumentado que las consultas no solo serían ilegales sino además violarían ellas mismas el mencionado convenio (Siglo XXI 25/09/09), argumento que no solo resulta claramente interesado, sino incluso absurdo.
Primero, las consultas comunitarias celebradas son una forma de protesta pacífica, contra la violación de derechos humanos contenidos o no en el mencionado convenio. En ese sentido, varios relatores de la ONU han señalado claramente la extracción minera como causa de graves violaciones a los derechos y libertades específicos de los pueblos indígenas, y de los campesinos en general (por ejemplo, el derecho a la alimentación y a la tierra).
Segundo, las consultas definidas en el Convenio 169 no se parecen a los desayunos con video publicitario incluido practicados por las empresas. Por el contrario, las consultas a las comunidades deben llevarse a cabo, “de acuerdo a sus propias costumbres y tradiciones, de forma participativa y libre” (artículo 6). Las consultas realizadas por las comunidades son una muestra evidente y viva de dichas “costumbres y tradiciones”; es decir, son la forma en que se han tomado decisiones comunitarias importantes desde hace siglos.
Tercero, es cierto que las consultas comunitarias han invocado el Convenio 169 (con excepción de Río Hondo, mayoritariamente mestizo), pero también se basan en artículos vigentes de la Constitución Política, el Código Municipal y la Ley de Descentralización. Más allá del tema legal, existe la obligación moral de respetar los resultados de estos procesos comunitarios de diálogo, consenso y toma de decisiones.
Por último, con o sin Convenio 169, con o sin reglamento o ley específica para su aplicación, las consultas comunitarias deben entenderse y acatarse como formas válidas, democráticas y pacíficas de resistencia, y como un claro mensaje al gobierno, las empresas y la sociedad: “NO QUEREMOS MEGAPROYECTOS EN NUESTROS TERRITORIOS” ¿Es acaso un mensaje tan difícil de entender? http://www.ecoportal.net/
Camilo Salvadó - Investigador de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales -AVANCSO-, Guatemala. Las partes del artículo fueron editoriales del Noticierto Maya K'at de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica -FGER- del 16 y 22 dic. 2009 y 19 ene. 2010 www.fger.org
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