¡Ongamira Despierta! Es el grito de alerta de vecinos autoconvocados de Córdoba, Argentina, frente a la explotación minera metalífera a cielo abierto, contaminante y saqueante. El movimiento surgió ante la amenaza de explotación en el Valle de Ongamira, un lugar mágico y rico tanto a nivel turístico como arqueológico.
Cómo hace cuatro años, nos seguimos reuniendo en Asamblea para informarnos y debatir un panorama que, no sólo atañe al noroeste cordobés, sino que se repite con desolada continuidad en las nefastas experiencias vividas por nuestros hermanos de Catamarca, San Juan, Chubut, La Rioja, Tucumán y Santa Cruz entre otras provincias de la Argentina y en varios países de América Latina.
El contexto jurídico que regula la actividad minera, heredado de la decada del ’90, tiende únicamente a favorecer el desarrollo de ese sector de la industria en detrimento del patrimonio nacional.
En septiembre de 2008 el pueblo unido logró que se sancione por unanimidad la Ley Provincial 9526 que PROHIBE la MINERÍA METALÍFERA A CIELO ABIERTO en Córdoba. Esta Ley actualmente está amenazada ante un pedido de inconstitucionalidad. Por esto seguiremos Despiertos y Despertando.

¡Ongamira Despierta! dice sí a la vida y a la salud; sí a la preservación del agua y los recursos naturales; sí a la protección del patrimonio cultural y ¡NO A LA MINA!

En este blog encontrará el material necesario para informarse sobre la situación que esta sufriendo Córdoba y el resto de nuestro querido país frente a la amenaza minera.

DECLARATORIA DE ADHESION A LA DEFENSA DE LA LEY 9526

VIDEOS: Situación minera en Córdoba "MINAS A CORAZÓN ABIERTO"

¿Por qué siguen ofreciendo Ongamira si hay una Ley que la protege?

¿Por qué siguen ofreciendo Ongamira si hay una Ley que la protege?
Página oficial

Historia de una mina de uranio en Córdoba

miércoles, 3 de noviembre de 2010

LAS MINERAS EN SAN JUAN CONTRA LA LEY DE GLACIARES

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa

3 de septiembre de 2010
 
La medida asumida por un juez federal, tildando de inconstitucionalidad a varios artículos de la ley de protección de glaciares y ambiente periglacial, era imaginable en provincias como la de San Juan, manejada por un hacendado sátrapa de la cosa pública, una "estancia" de casi 90.000 kilómetros cuadrados convertida en feudo autocrático, organizada para impedir la libertad de expresión, la libertad de prensa, las audiencias públicas, las consultas populares en emprendimientos relevantes, que son ambiental y socialmente insostenibles. Una provincia donde se obliga a retirar de los estantes los libros que cuestionan la minería o que objetan cualquier medida de gobierno.
Que un juez dicte sentencia no significa que haga justicia, de modo que titular en los medios de información que “la justicia argentina suspende artículos de la ley de protección de glaciares” es magnificar una acción predecible en términos de que ocurre en un estado que ejemplifica el uso dictatorial de la democracia, aunque sea doloroso advertir que una democracia despótica resulte en la actualidad paradigma de obscenidad política.
Minutos después de la votación en el senado, José Luis Gioja, gobernador de San Juan, no tuvo reparos en anunciar que desconocería la ley de protección de glaciares aprobada por el Congreso Nacional. Con la firma del juez federal Miguel Ángel Gálvez, cumplió lo prometido.
Hasta cierto punto podrá preocupar lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, si esta opera del modo en que consideró los residuos radiactivos provenientes de Australia como “combustible nuclear gastado”. Es que las decisiones de los Supremos rondan a veces la imbecilidad intelectual o la inmoralidad del cohecho.
Gioja presentó la medida cautelar a través aquellas fuerzas locales que maneja con pulgar neroniano: la CGT cuyana, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) y la Cámara de la Construcción de la República Argentina, un sindicato, este último, virtual poder de choque patotero. (¡Si lo sabrán los militantes movilizados en asambleas!).
Dicho esto, que un letrado urda semejante dictamen, “no frena” la ley de protección de glaciares, como se ha dicho reiteradamente, lo intenta sin duda, a costa de generar el repudio de gran parte de la población y de orquestar mayores movilizaciones de protesta. De hecho, ya se habían apurado a sancionar una ley provincial afín con la ferocidad extractiva, intentando cuestionarle a la ley nacional el dominio en las alturas glaciales y periglaciales.
Por lo visto, los gobernantes mineros perpetraron una declaración de hostilidades al resto del país; entre otros formatos, reflotan antinomias de federales y unitarios en tiempos de la globalización neoliberal, con sórdida ridiculez beligerante en el campo legislativo. A los gritos de que los glaciares les pertenecen, quieren impedir que el agua continúe su viaje interprovincial hacia el Atlántico. “Los glaciares son nuestros”, gritaban el gobernante sanjuanino, el riojano y el salteño en el trasnoche del senado nacional, y en los 4.441 kilómetros longitudinales de cordillera cedida a las mineras, donde los glaciares componen el botín de las transnacionales, enfrentando al activismo ciudadano.
La medida cautelar del juez Gálvez no cuenta con espacio maniobrable. Sin embargo, ante este arquetipo presente, son inevitables las preguntas ¿movimientos sociales o jueces serviles? ¿De quien es el futuro?


Javier Rodríguez Pardo
MACH, RENACE, UAC

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