Y profundizando su apuesta a favor de esta industria extractivista, se refirió a la ley 9526 que prohíbe en todo el territorio provincial la actividad mega minera a cielo abierto con utilización de sustancias químicas, propiciando que sea declarada inconstitucional.
Esta conferencia, como las dos anteriormente realizadas, muestra a las claras cómo el poder -en este caso a través de ex docentes con títulos, libros y muchos pergaminos- está usando a la universidad pública como canal de propaganda. Estos gerentes del poder económico y político para nada representan los intereses de quienes habitamos esta provincia, no les importa el porvenir de nuestras generaciones, y menos aun la defensa de nuestro territorio que es una presa deliciosa para los grandes negocios. La mesa esta servida y la comida no es justamente para el pueblo, sino para los que vienen a esquilmarlo.
La Universidad, como institución pública, es un lugar abierto a diferentes corrientes de pensamientos, pero no puede perder de vista que debe estar al servicio del pueblo. ¿Hasta cuándo deberemos reverenciar a profesionales con grandes títulos y galardones que solo son funcionales al sistema? ¿Cuándo la Universidad asumirá un rol activo, participativo, al servicio de toda la comunidad, ocupada en formar profesionales comprometidos con el otro, desarrollando una ética solidaria?
Provoca un profunda vergüenza ver a nuestra Facultad de Derecho funcional a mezquinos intereses empresarios. Es hora de que se escuchen todas las voces y que asumamos el rol que nos corresponde: defender nuestros bienes comunes para todos. No se trata de fundamentalismo, sino ser responsables. Estamos de paso por este mundo y tenemos la obligación de preservarlo. Somos parte de él, que nos alimenta y nos permite la vida, como para que la dejemos en manos de uno locos codiciosos.
Preservar la vida es un derecho y una obligación de todos, y una forma de hacerlo seria tomar conciencia de lo que significa la ley 9526 para muestra provincia y para otras que la han tomado como ejemplo para prohibir dicha actividad en sus territorios. Procurar que no sea derogada también es asumir una defensa de los derechos humanos, de los que tanto se predica, porque hoy están siendo avasallados de manera sistemática en las zonas donde se realizan las actividades antes mencionadas. Ya nadie ignora que allí se reprime a los habitantes que defienden sus territorios, se censuran las voces de protesta, se compran voluntades. Las poblaciones terminan sometidas y esclavizadas, al verse obligadas a trabajar para esas empresas ya que las fuentes de producción escasas, van desapareciendo poco a poco, en tanto las industrias ocupan y usurpan los territorios ancestrales.
Estela Knez (UAC Córdoba)
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